Fecha: 10 de octubre de 2023, a las 18:00h.

Recorrido: Atocha – Plaza de Cibeles. Madrid. Cómo llegar.

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¿POR QUÉ MARCHAMOS?

Los presupuestos en salud mental continúan siendo insuficientes, con equipos incompletos y una red fragmentada. Esta situación ha dificultado el desarrollo de la atención comunitaria y ha favorecido más el uso de medidas de control y coerción en lugar de medidas terapéuticas. Es el caso del uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción.

A pesar del carácter vinculante de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), exigible en España desde mayo de 2008, que protege el respeto a la dignidad, la autonomía individual y la libertad de tomar las propias decisiones respecto a la propia salud, los derechos de las personas con problemas de salud mental se siguen vulnerando de forma sistemática y estructural, en lo referente a las institucionalizaciones, tratamientos e ingresos involuntarios y contenciones mecánicas. Las medicaciones forzosas, la sobremedicación, la reclusión y el aislamiento, así como la falta de información, la ausencia de alternativas terapéuticas y de acceso a recursos, o las dificultades a la hora de registrar las voluntades anticipadas, son algunos de los derechos que se ven vulnerados en nuestro país.

Diversos organismos y entidades nacionales e internacionales denuncian desde hace años la situación de desprotección que sufren las personas con problemas de salud mental y defienden la necesidad de que exista un replanteamiento en la forma en que se atiende a estas personas para que dejen de vulnerarse sus derechos humanos.

Numerosas personas con experiencia propia han dado testimonio de las vulneraciones de derechos humanos sistemáticas e injustificadas a las que son sometidas durante los ingresos en áreas de Psiquiatría: aislamiento, sujeciones, restricciones a la movilidad y a recibir visitas o comunicarse vía telefónica con sus familiares, aplicación de castigos o sanciones, medicalización excesiva, etc.

En el ámbito de la salud mental, todas las personas tenemos derecho a recibir una atención que se base en el consentimiento libre e informado, la autonomía y la participación en nuestro tratamiento. A pesar de que estos derechos están exhaustivamente definidos y reconocidos en las leyes internacionales, y de que son vinculantes, en la práctica, las personas con problemas de salud mental encuentran numerosas barreras para ejercerlos y sufren vulneraciones de derechos relacionadas con la falta de respeto a su autonomía y capacidad de decisión.

La razón, por tanto, de escoger esta temática en 2023 tiene que ver con el elevadísimo número de violaciones de derechos que se producen en nuestro país y la necesidad de garantizar su cumplimiento para preservar, sin mayor demora, los derechos de las personas con problemas de salud mental. Es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas, de trabajar para su eliminación y erradicación de las deficiencias que las hacen posibles.

Por todo esto y más, desde la Federación Salud Mental Madrid hacemos un llamamiento a todas las personas a salir a la calle el próximo 10 de octubre, cuantas más mejor, para visibilizar estas necesidades y que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar la salud mental como un derecho humano universal. Además, es fundamental recordar a los agentes implicados en el ámbito de la salud mental (sanidad, ámbito social, educativo, empleo, de justicia, etc.) que deben contar con la interlocución y asesoramiento de las asociaciones de personas con problemas de salud mental, sus familiares y personas allegadas.
Federación Salud Mental Madrid – UMASAM

Federación Madrileña que agrupa a 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias. Formamos parte de la Confederación Salud Mental España y el CERMI– Comunidad de Madrid. Trabajamos para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, garantizando una atención de calidad, centrada en las personas y sus derechos, inclusiva y normalizadora.