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28 ene 2019

Propuestas para garantizar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con problemas de salud mental

La Federació Salut Mental Catalunya ha presentado en Barcelona un informe con las conclusiones de un seminario, cuyo objetivo ha sido reflexionar sobre los cambios que deben darse para garantizar el derecho de estas personas a tomar decisiones en relación a su vida.

Capacidad jurídica Salut Mental CatalunyaLas conclusiones del seminario “El a la en : apoyos y acompañamiento”, coorganizado por la Federació Salut Mental Catalunya y el Palau Macaya de la Caixa, se han presentado en Barcelona en el marco de la convocatoria anual de proyectos para la transformación social de la Obra Social en este espacio.

El objetivo del seminario, realizado en colaboración con Support Fundació Tutelar Girona y la consultora social Spora, ha sido la creación de propuestas de cambios y apoyos necesarios para garantizar el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con problemas de salud mental, de acuerdo con la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derecho a la toma de decisiones

El ciclo ha pretendido ser un espacio de reflexión conjunta en el que han participado un total de 46 personas, y para el que la organización ha buscado la mirada de todos los actores implicados: fiscalía, colegio de abogados, instituto de medicina legal y forense, Departament de Justícia, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, asociaciones de primera persona y familiares, servicios sociales, etc. Esta tarea ha quedado recogida en un documento de conclusiones que identifica la complejidad de los cambios necesarios, los aspectos a transformar y los pasos que hay que dar para alcanzar un modelo que garantice los apoyos a las personas, respetando el derecho a la toma de decisiones en relación a su vida.

salut mental catalunya capacidad jurídica 2La activista Tina Minkowitz, colaboradora de la Organización de las Naciones Unidas que participó en la redacción de la Convención de Nueva York, ha sido la encargada de abrir el acto de clausura del ciclo con una conferencia sobre el derecho a la capacidad jurídica como derecho humano. Un segundo ponente internacional, el abogado y asesor especialista en inclusión social Alberto Vásquez, coordinador de Investigación de la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre los de las Personas con Discapacidad, ha hablado sobre el modelo de apoyos para ejercer la capacidad jurídica.

La presentación del informe de conclusiones, por parte de Mónica Carrilero, técnica del área de Incidencia Política de la Federació SMC, y Aleix Caussa, director de Spora, ha cerrado el programa. El documento pone de manifiesto, entre otros aspectos relevantes, la diferencia entre el paradigma que propone la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades y lo que plantean el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Judicial, marco de referencia legal a España

Restitución de la capacidad

El informe también evidencia las trabas a las que se enfrentan las personas con problemas de salud mental que han sido incapacitadas judicialmente para recuperar su derecho a la capacidad jurídica, ya que, según la federación catalana, “el proceso de recapacitación plantea muchos más obstáculos y es mucho más complejo que el de incapacitación”.

Por otra parte, la entidad afirma que “el proceso de modificación de la capacidad jurídica no es un sistema neutral ni equitativo, ya que está orientado a identificar las problemáticas de salud y sociales, en lugar de destacar las capacidades de la persona. Además, las figuras profesionales que intervienen no siempre tienen una formación específica en salud mental ni disponen del tiempo ni de los recursos suficientes para valorar las necesidades de la persona y ofrecer alternativas que le garanticen los apoyos necesarios para conservar una capacidad jurídica plena”.

salut mental catalunya capacidad jurídicaPor lo que se refiere a la figura jurídica de la incapacitación, el informe constata que está concebida para proteger a la persona ante situaciones peligrosas para su integridad y su patrimonio, para cubrir responsabilidades civiles y para conseguir recursos, sin contemplar alternativas comunitarias menos restrictivas y basadas en los soportes. Sin embargo, la afirma que “implica para la persona una pérdida de derechos fundamentales y una restricción de oportunidades y recursos dentro de la comunidad que van acompañadas de prejuicios y estigma, al tiempo que conlleva sufrimiento y conflictividad en el entorno familiar”.

Como propuestas de cambio para avanzar en la aplicación de los principios de la Convención, el informe recoge la formación; la creación del grupo de apoyo para la decisión conjunta y de la figura de apoyo en la calle, así como la potenciación de la figura de gestión de casos; la revisión periódica programada de las sentencias de modificación de capacidades; la elaboración de un mapa de recursos de apoyo; y el reconocimiento de los Grupos de Ayuda Mutua como espacios de apoyo a la toma de decisiones.

En este enlace se puede descargar el informe completo (en catalán).

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