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26 nov 2015

FEAFES Andalucía organiza una jornada sobre la situación de las personas con enfermedad mental ante el sistema penitenciario

La federación andaluza reivindica que las personas con enfermedad mental que están en prisión no deben estar privadas del derecho a la salud, y que el sistema jurídico penal debería encaminarse a un modelo basado en la rehabilitación y reinserción.

acto inaugural feafes andalucíaLa Federación Andaluza de Familiares y (FEAFES Andalucía) celebró el pasado 23 de noviembre en el Parlamento de Andalucía una jornada que contó con la de distintos expertos con el objetivo de generar un debate sobre las actuales medidas de seguridad y su función rehabilitadora para las personas con problemas de salud mental.

Este evento, organizado por FEAFES Andalucía en Sevilla gracias al convenio suscrito con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y FAISEM, y con el patrocinio de Janssen, contó en su mesa inaugural con el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán Sánchez; la secretaria general de , Purificación Gálvez, y el subdirector general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo.

El objetivo de esta jornada fue analizar la situación de las personas con problemas de salud mental ante el sistema penal y penitenciario, tratando entre otros temas, los problemas de su adecuada detección; el hecho de que con los “juicios rápidos” el procedimiento se desarrolle sin poder apreciar adecuadamente las circunstancias de cada caso; además de debatir las posibles vías alternativas para el cumplimiento de las consecuencias de los hechos delictivos cometidos.

La federación, miembro de , considera que cada vez que se produce un acto presuntamente delictivo por una persona con un problema de salud mental, el tratamiento debería ser específico, señalando que incluso el propio Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha echado en falta la existencia de un estatuto procesal del “inculpado inimputable”. En este sentido, FEAFES Andalucía reivindicó como necesario analizar la necesidad de la creación de un turno de oficio específico para personas con discapacidad.

Según Concha Cuevas, presidenta de FEAFES Andalucía, “en estas situaciones es importante que el procedimiento en Derecho Penal sea por el cauce ordinario y no por Diligencias Urgentes”, evitando así “los juicios rápidos que por su celeridad y volumen de trabajo en la guardia donde se instruyen, no permiten llegar a analizar con detenimiento este tipo de causas”.

Para la asesora jurídica de FEAFES Andalucía, Concepción Toro“lamentablemente, los juicios rápidos constituyen una de las trampas del sistema, pues prácticamente todas las causas en las que se ven inmersas personas con enfermedad mental (ámbito familiar, orden público…) tienen este cauce previsto”. En su intervención añadió que “los abogados debemos insistir en que estamos ante una causa compleja y que es merecedora de tramitarse por el cauce ordinario”, evitando así “una sentencia de condena inminente y el alejamiento de las personas que probablemente son el único apoyo que tienen, sus familiares y amigos”.

La entidad andaluza recuerda que estas personas ingresan en prisión con una enfermedad y requieren una adecuada atención sanitaria y social especializada en esta patología. Esta situación ha sido denunciada por numerosas asociaciones y por el Defensor del Pueblo, pero según FEAFES Andalucía “las posibilidades que tenemos para solventar esto son exiguas, sin olvidar que el ámbito penitenciario es cerrado y muy poco sensible”. El resultado en su opinión “es lamentable y merecedor de autocrítica: no es propio de una sociedad democrática dar respuesta a estas situaciones con un instrumento de última ratio, el derecho penal”.

FEAFES Andalucía reivindica que el sistema jurídico penal y la administración penitenciaria deberían encaminarse a un modelo basado en el principio constitucional de rehabilitación y reinserción de la persona que padece algún tipo de problema de salud mental y garantizar que, mientras se encuentren sometidos al sistema penitenciario, reciban las prestaciones del sistema de salud en igualdad de condiciones que la población general, porque están privados del derecho a la libertad pero no deben ser privados del derecho a la salud.

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