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10 nov 2017

“El principal método para no atar a la gente es no querer hacerlo”

Reportaje sobre las contenciones mecánicas en salud mental publicado en el segundo número de la revista Encuentro de 2017.

Retraint, foto de ephotography Erin, Vancouver. FlickrEn noviembre de 2016, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) relativa a la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial. Para esta PNL, un tipo de iniciativa que sirve principalmente para instar al gobierno a que realice una acción concreta, Ciudadanos partió de que “el uso de estas sujeciones es, además de contrario a la dignidad de las personas, potencialmente lesivo”. La propuesta ha sido debatida y aprobada en mayo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, donde también está pendiente de debate otra PNL presentada en abril por Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea sobre la coerción los servicios de .

La es un procedimiento utilizado en el ámbito hospitalario y en muchas unidades de salud mental se realiza de manera rutinaria. Se trata de un dispositivo físico y/o mecánico para restringir los movimientos de una parte del cuerpo, o de su totalidad, con el fin de prevenir aquellas actividades físicas que pueden poner en riesgo o peligro de lesión a la persona atendida o a otras de su entorno.

Según el Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango, “la contención mecánica debe aplicarse exclusivamente cuando ha fracasado toda intervención previa y, la misma, es el mal menor para evitar que una persona se haga daño o se lo haga a terceros”. Sin embargo, reconoce que “lamentablemente no hay ningún protocolo, ni siquiera de mínimos, para todo el Estado a este respecto”.

Esta situación provoca la arbitrariedad y, sobre todo, el descontrol con el que se aplican este tipo de técnicas. Para Carlos Aguilera, enfermero especialista en salud mental, “uno de los grandes lastres en la atención prestada a la salud mental de las personas es todo lo que concierne al uso y empleo de la contención mecánica. Es el verdadero freno al modelo de recuperación en salud mental”.

“Debería existir un número mínimo de contenciones y muchas se pueden evitar con personal bien formado”

“En la actualidad no solo no existe legislación a nivel estatal sobre el uso de las contenciones mecánicas sino que además no se cuenta con un dictamen único. Esto provoca que haya una laxa normativa en función del protocolo, guía o procedimiento que se consulte dentro de cada servicio, de cada hospital, de cada provincia o de cada comunidad autónoma”, explica Aguilera.

Durante el debate de la Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos, se señaló que en la actualidad “existen protocolos que exigen continuas revisiones sobre su efectividad” y se subrayó el papel que “deben desarrollar las comunidades autónomas desde las competencias que tienen atribuidas en materia de sanidad”.

Sin embargo, Carlos Aguilera explica que “la ausencia de registros y control, debido a la no existencia de un protocolo de actuación único, deja en evidencia el abuso y libertinaje con el que se utilizan este tipo de mecanismos”.

Portada Revista Encuentro¿Existen alternativas?

En torno a esta cuestión parece que las voces de profesionales y personas que integran movimientos sociales relacionados con la salud mental y activistas por los derechos humanos, se unen en torno a un rotundo sí.

Celso Arango considera que “debería existir un número mínimo de contenciones y muchas se pueden evitar con personal bien formado en técnicas de desactivación verbal y, sobre todo, con personal empático y con el tiempo necesario para, mediante la palabra, reducir situaciones de violencia contra uno o contra otros”.

“Ninguna de las tres veces que me contuvieron avisaron a mis familiares antes, durante y después de las contenciones”

Para Carlos Aguilera “a no atar se aprende”. “En los últimos años está creciendo el interés por estudiar técnicas e intervenciones alternativas al uso de contenciones y es donde se está poniendo en evidencia la importancia del rol y la formación del cuidador. Pero, sin duda, el principal método para no atar a gente es no querer hacerlo”.

En opinión de la profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Lala Bono, “hay que trabajar por una atención menos coercitiva, que suponga una disminución significativa del uso de las contenciones mecánicas. Son necesarias medidas organizativas y de liderazgo en las que se cuide mucho el ambiente terapéutico orientado hacia la calma y el cuidado de la persona”.

Y todo este tipo de medidas alternativas son las que a ‘V’ (quien prefiere mantener su anonimato bajo esta sigla) y que es usuaria de los servicios de salud mental de la Comunidad de Madrid, le hubiera gustado que se utilizaran en alguna de las tres ocasiones en las que ha sido contenida.

“Durante la primera contención no se me aplicó protocolo alguno y estuve durante más de cinco horas sin recibir la asistencia sanitaria precisa. La segunda vez fue en la misma clínica por una simple caída al suelo. Tampoco se utilizó ningún protocolo médico ni de enfermería. La tercera vez en el Hospital Ramón y Cajal me contuvieron por protestar, con un protocolo sin perspectiva de género. Ninguna de las tres veces avisaron a mis familiares antes, durante ni después de las contenciones”, describe ‘V’.

Para ‘V’ “todo esto ha sido una experiencia profundamente traumática” de la que aún se está recuperando. “Ya hay evidencia científica de que las y los pacientes que reciben tratamientos coercitivos presentan un mayor número de ingresos hospitalarios y problemas de seguimiento en el tratamiento comunitario posterior al alta”.

El diálogo es fundamental“Las intervenciones coercitivas no sirven para establecer relaciones de confianza con profesionales”

Quien aplica este tipo de medidas también sufre. Carlos Aguilera relata que “ninguna de las personas que han participado” -junto a él- “en cada empleo de este tipo de intervención ha salido impune”. “A veces lo han exteriorizado en forma de palabras, otras, en llanto, otras no expresando nada, con silencios, diciendo más que mil palabras. El sufrimiento asociado a esta práctica es incalculable”.

Un ejemplo de búsqueda de alternativas a este tipo de intervenciones es el informe que el Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental de Andalucía ha publicado bajo el título ‘Reducción de las contenciones físicas en las unidades de hospitalización de Andalucía’ y que fue recogido en ‘El Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España 2016’ de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Lala Bono, una de las personas integrantes del equipo de redacción del informe, explica que se pusieron manos a la obra ya que tenían constancia de que “las intervenciones coercitivas no sirven para establecer relaciones de confianza con profesionales y servicios, que no ayudan a la recuperación de la persona, que causan trauma y sufrimiento y que incrementan el riesgo de provocar problemas adicionales a la persona”.

“Después de ese informe, en Andalucía se han dado más pasos. Se ha establecido una línea estable de trabajo llamada “Prevención del uso de las contenciones mecánicas”, por parte del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Nosotros colaboramos, fundamentalmente, apoyando la formación de profesionales y facilitando recursos sobre alternativas a las contenciones mecánicas existentes en el mundo, y también promoviendo lugares de encuentro entre responsables de las unidades de hospitalización para debatir sobre las dificultades para prevenir el uso de las contenciones mecánicas, para identificar necesidades, etc.” detalla Bono.

MANIFIESTO CARTAGENA 001Derecho a la salud, derechos humanos, prevención de la tortura y Manifiesto de Cartagena

En junio de 2017 el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Dainius Puras, emitía un informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental centrado, básicamente, en el derecho de toda persona a la salud mental.

En el mismo reconoce que se deberían ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario y abandonar la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” y facilitar así “la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento” que conlleve “un cambio de paradigma basado en la recuperación y la atención comunitaria”.  El pasado mes de julio, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó a la carta abierta de Mental Health Europe de apoyo al informe del Relator de Naciones Unidas.

Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ya ha denunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en varias ocasiones,  que la práctica de las inmovilizaciones no cuenta con justificación terapéutica y puede constituir tortura o malos tratos.

Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, las contenciones mecánicas “violan de modo abrumador los derechos humanos fundamentales, como el de la libertad personal, el de no recibir tratos inhumanos o degradantes y el de preservar la dignidad individual”.

“Se trata de una práctica aberrante que niega el contenido esencial de esos derechos. Ni ética, ni jurídica, ni social, ni médicamente pueden ser aceptados o tolerados”, afirma Pérez Bueno.

“Las medidas coercitivas suponen un sufrimiento psíquico traumático, que puede romper los vínculos terapéuticos”

La Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “es categórica con respecto a este asunto” explica Pérez Bueno. “La Convención da un no rotundo, ya que las contenciones entran en contradicción plena con sus principios, valores y mandatos, no existe resquicio para la duda. El Estado que ha hecho suya la Convención, como es el caso de España, ha de desterrar estas técnicas de su realidad legal y práctica”.

El año pasado, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA firmó, junto con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Federación en ‘Primera Persona’ y la Federació Veus, el denominado ‘Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción”, un documento que supone el comienzo de un proceso encaminado a terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud mental, ya que suponen “un sufrimiento psíquico traumático, que puede romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación”.

Para el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel A. González Zapico, la adhesión a este manifiesto “es de vital importancia, ya que contiene una filosofía que ante todo debe ser aplicada. Las medidas coercitivas no respetan en ningún caso los derechos humanos y por supuesto no son terapéuticas. Estamos en un punto en el que hay que poner el énfasis en la búsqueda de medidas alternativas para una atención adecuada, que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona”.

En la actualidad existen diversas plataformas que trabajan para lograr la extinción o al menos la correcta regulación, mediante el compromiso político, del uso de las contenciones mecánicas. Algunos ejemplos son ‘#0contenciones’, ‘Contenciones por la Libertad’ o la recién creada ‘Plataforma Nacional Sin Sujeciones’.

Reportaje publicado en el nº 2 de la Revista Encuentro de 2017.

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