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    [post_content] => La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra la resolución emitida por el Consejo de Europa, el pasado 25 de junio, en la que insta a los Estados miembros a "comenzar de inmediato la transición a la abolición de las prácticas coercitivas en entornos de salud mental".

El documento emitido de la Asamblea Parlamentaria Europea, apela a una reforma de los sistemas de salud mental en toda Europa "para adoptar un enfoque basado en los derechos humanos que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos de su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado".

En su discurso frente a la Asamblea, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, defendió una transición hacia medidas basadas en la comunidad y el respeto de los derechos humanos: "es nuestro deber - declaró- alentar y apoyar a nuestros estados miembros a embarcarse en una transición basada en los derechos humanos de sus sistemas de salud mental para reducir y poner fin a la coerción, que está muy atrasada".

Imagen de archivo del Pleno del Consejo de Europa
Imagen de archivo del Pleno del Consejo de Europa
Nel A. González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, ha aplaudido esta resolución, reconociendo la gran importancia que implica para la Confederación este paso en Europa, dado el intenso trabajo que la organización desarrolla desde hace años por conseguir el fin de las medidas coercitivas. “Creemos que es una magnífica y excelente noticia largamente esperada. Pero deseamos que esto no quede en declaraciones y se aborde realmente en la práctica clínica. Para ello, hay que hacer reformas estructurales en cuanto al abordaje de la salud mental, a la formación de los profesionales y a las dotaciones de los medios y recursos necesarios”. Asimismo, destacó que“el punto más importante de esta recomendación del Consejo de Europa está la defensa que hace para que el consentimiento libre e informado sea la base de la atención clínica, consiguiendo así el respeto de los derechos humanos y la voluntad de las personas con problemas de salud mental”. SALUD MENTAL ESPAÑA contra el 'Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo' El trabajo que la Confederación ha llevado a cabo durante dos años junto con otras entidades como la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) o Mental Health Europe a lo largo de los dos últimos años para frenar la aprobación del proyecto “ sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamiento involuntarios” ha sido intenso y clave para lograr esta resolución. Ya en el ‘Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2018’ que acaba de hacer público la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se recoge el trabajo hecho por esta entidad a lo largo de los últimos años para tumbar esta normativa que atenta directamente contra los Derechos Humanos. A continuación extraemos un extracto de dicho informe que resume la labor desarrollada:

"Punto único. Denuncia: Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo En 2013, el Comité de Bioética del Consejo de Europa tomó la decisión de redactar un Protocolo adicional al Convenio de Oviedo (‘Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto al ingreso y tratamiento involuntario’) con el fin de que los ingresos y tratamientos involuntarios estén incluidos y protocolizados, lo que supone un ataque directo a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con discapacidad psicosocial.

Por ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y SALUD MENTAL ESPAÑA han mostrado su preocupación por este Protocolo (todavía borrador) y así lo han reflejado en una misiva remitida al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y a la titular de la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

El Protocolo de Oviedo, tal y como se ha concebido, confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.

Se han celebrado consultas públicas desde 2015 y varias partes interesadas han pedido la retirada del proyecto de Protocolo Adicional, incluido el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y muchas organizaciones representativas de personas con discapacidad, entre otros. Ambas organizaciones explican que, pese a que el texto del Protocolo Adicional cita a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnera varios artículos de dicho tratado.

En concreto, vulnera explícitamente los artículos 14 (libertad y seguridad de la persona); 15 (prohibición de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes); 17 (protección de la integridad de la persona), y 25 (derecho a la salud)".

Se puede consultar traducción de la versión provisional de la resolución, publicada en la web del Consejo de Europa.

Enlace a la resolución original.

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SALUD MENTAL ESPAÑA aplaude la resolución del Consejo de Europa sobre el fin de las coerciones en salud mental

05/07/2019

La resolución insta a los Estados miembros a "comenzar de inmediato transición a la abolición de las prácticas coercitivas en entornos de salud mental". El documento apela a adoptar un "enfoque basado en el respeto de la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluido su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado".

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra la resolución emitida por el Consejo de Europa, el pasado 25 de junio, en la que insta a los Estados miembros a «comenzar de inmediato la transición a la abolición de las prácticas coercitivas en entornos de salud mental».

El documento emitido de la Asamblea Parlamentaria Europea, apela a una reforma de los sistemas de salud mental en toda Europa «para adoptar un enfoque basado en los derechos humanos que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos de su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado».

En su discurso frente a la Asamblea, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, defendió una transición hacia medidas basadas en la comunidad y el respeto de los derechos humanos: «es nuestro deber – declaró- alentar y apoyar a nuestros estados miembros a embarcarse en una transición basada en los derechos humanos de sus sistemas de salud mental para reducir y poner fin a la coerción, que está muy atrasada».

Imagen de archivo del Pleno del Consejo de Europa
Imagen de archivo del Pleno del Consejo de Europa

Nel A. González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, ha aplaudido esta resolución, reconociendo la gran importancia que implica para la Confederación este paso en Europa, dado el intenso trabajo que la organización desarrolla desde hace años por conseguir el fin de las medidas coercitivas. “Creemos que es una magnífica y excelente noticia largamente esperada. Pero deseamos que esto no quede en declaraciones y se aborde realmente en la práctica clínica. Para ello, hay que hacer reformas estructurales en cuanto al abordaje de la salud mental, a la formación de los profesionales y a las dotaciones de los medios y recursos necesarios”.

Asimismo, destacó que“el punto más importante de esta recomendación del Consejo de Europa está la defensa que hace para que el consentimiento libre e informado sea la base de la atención clínica, consiguiendo así el respeto de los derechos humanos y la voluntad de las personas con problemas de salud mental”.

SALUD MENTAL ESPAÑA contra el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo’

El trabajo que la Confederación ha llevado a cabo durante dos años junto con otras entidades como la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) o Mental Health Europe a lo largo de los dos últimos años para frenar la aprobación del proyecto “ sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamiento involuntarios” ha sido intenso y clave para lograr esta resolución.

Ya en el ‘Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2018’ que acaba de hacer público la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se recoge el trabajo hecho por esta entidad a lo largo de los últimos años para tumbar esta normativa que atenta directamente contra los Derechos Humanos. A continuación extraemos un extracto de dicho informe que resume la labor desarrollada:

«Punto único. Denuncia: Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo En 2013, el Comité de Bioética del Consejo de Europa tomó la decisión de redactar un Protocolo adicional al Convenio de Oviedo (‘Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto al ingreso y tratamiento involuntario’) con el fin de que los ingresos y tratamientos involuntarios estén incluidos y protocolizados, lo que supone un ataque directo a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con discapacidad psicosocial.

Por ello, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y SALUD MENTAL ESPAÑA han mostrado su preocupación por este Protocolo (todavía borrador) y así lo han reflejado en una misiva remitida al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y a la titular de la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

El Protocolo de Oviedo, tal y como se ha concebido, confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.

Se han celebrado consultas públicas desde 2015 y varias partes interesadas han pedido la retirada del proyecto de Protocolo Adicional, incluido el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y muchas organizaciones representativas de personas con discapacidad, entre otros. Ambas organizaciones explican que, pese a que el texto del Protocolo Adicional cita a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnera varios artículos de dicho tratado.

En concreto, vulnera explícitamente los artículos 14 (libertad y seguridad de la persona); 15 (prohibición de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes); 17 (protección de la integridad de la persona), y 25 (derecho a la salud)».

Se puede consultar traducción de la versión provisional de la resolución, publicada en la web del Consejo de Europa.

Enlace a la resolución original.