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16 may 2018

SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia ante la ONU la vulneración de derechos humanos en salud mental

El presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, y la asesora jurídica de la Confederación, Irene Muñoz Escandell, intervinieron en la consulta de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), para defender que la salud mental debe tratarse desde un enfoque preventivo y de género.

Alto Comisionado 2Los días 14 y 15 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los (OHCHR) celebró una consulta para debatir todas las cuestiones relevantes y los retos en torno al cumplimiento de la perspectiva de derechos humanos en la , permitir un intercambio de mejores prácticas, y facilitar la implementación de las directrices técnicas en esta materia.

La Confederación fue una de las entidades participantes en la reunión, que contó con la asistencia de Nel González Zapico, presidente de Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA. Al encuentro asistió también Jesús Martín Blanco, Delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI.

Irene Muñoz Escandell intervino en la consulta para poner de manifiesto la vulneración de derechos de las personas con problemas de salud mental. “Frente a la consideración de las preferencias de la persona, se continúa vulnerando su derecho al consentimiento informado y sometiéndola a ingresos involuntarios, tratamientos forzosos y medidas de coerción tan violentas como las contenciones mecánicas“, aseguró Muñoz. Frente a esto, la asesora jurídica de la Confederación explicó que es necesario implementar “medidas inclusivas como las voluntades anticipadas o instrucciones previas”.

La perspectiva de género, asignatura pendiente en salud mental

Alto Comisionado ONUDurante su intervención, Irene Muñoz aseguró que todas estas medidas deben “implementarse desde un enfoque de género” ya que, remitiéndose a palabras de la psiquiatra Cristina Polo, “las violaciones de derechos humanos tienen diferentes causas, consecuencias e impacto en relación con ser hombre y mujer y con las construcciones sociales asociadas a serlo”.

Por todo ello, la asesora jurídica defendió que es esencial reclamar la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas en materia de salud mental e ir incorporándolo en la práctica del personal, a fin de lograr una garantía efectiva de los derechos humanos.

Muñoz explicó que los principales retos en materia de género y salud mental que deberían tratarse son la prevención en materia de salud mental materna, la invisibilización de los efectos psicológicos de la violencia de género y la esterilización forzosa. “Uno de los ponentes de esta mañana indicó que la lobotomía se aplicaba de manera desproporcional a las mujeres. Podríamos decir que la esterilización forzosa es la lobotomía del siglo XXI. Por lo tanto esta práctica se tiene que abolir”, aseguró.

Oposición al Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo

Por su parte, el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González, hizo un llamamiento a los estados miembros de la Unión Europea para que “se opongan a la Resolución Adicional al Protocolo de Oviedo por ser totalmente opuesto a la , como acaba de pedir la relatora especial para los derechos humanos”. González denunció que se produce una “grave violación de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, de forma sistemática y estructural, en lo referente a las institucionalizaciones, tratamientos involuntarios y contenciones mecánicas. En España, las cárceles son en estos momentos verdaderos depósitos de personas con problemas de salud mental y a veces con discapacidad intelectual”.

El presidente de la Confederación quiso también denunciar “las insuficientes acciones para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, sobre todo en la infancia y los jóvenes, y en el ámbito educativo”. Según Nel González, “la adecuada atención no se va a lograr sin la participación plena de las personas que padecen un trastorno en primera persona. Para ello deben ser contemplados en las políticas públicas los recursos necesarios para la adecuada atención a las personas con trastorno mental”.

Jesús Martín Blanco, en su intervención, quiso “hacer un llamamiento para que el que arroje esta discusión sea de utilidad y posibilista, que ofrezca unas pautas claras a los Estados para garantizar la vida en comunidad de las personas con trastorno mental, que impulse una visión positiva libre de y que ubique a la persona en centro de las decisiones que atañen a su existencia. Hablemos de salud mental en primera persona para que la voz de estas mujeres y hombres no sea vea silenciada”.

Martín Blanco asegura que es necesario que las y los educadores tengan en cuenta la convención, “para que en la escuela se practique la igualdad transformadora del cambio sociocultural, esa igualdad que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad psicosocial, y que contribuirá a erradicar las formas sistemáticas y más ocultas de ”.

Preocupación ante la discriminación y el estigma

La necesidad de esta reunión se planteó el pasado mes de octubre de 2017, cuando el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Oficina del Alto Comisionado la celebración de una consulta de un día y medio de duración para tratar y debatir el cumplimiento de los derechos humanos en salud mental.

En una de las resoluciones adoptadas por el Consejo, este organismo reflejó su preocupación acerca de que las personas con problemas de salud mental de todo el mundo “puedan ser objeto, de manera generalizada, de discriminación, estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación, internamiento ilegal o arbitrario, medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y preferencias”.

Con las conclusiones de esta consulta, está previsto elaborar un informe en el que “se identifiquen estrategias para promover los derechos humanos en la salud mental y erradicar la discriminación, el estigma, la violencia, la coacción y los abusos en ese ámbito, también mediante la formación y la capacitación de todos los grupos de interesados”.

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