Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad es clave para luchar contra la violencia de género. Bajo este axioma la Fundación CERMI Mujeres y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid han organizado los días 14 y 15 de junio el Seminario 'Mujeres con discapacidad y violencia de género: acceso a la justicia’.
La ponencia marco de este seminario corrió a cargo de Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y recién elegida para integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
La mesa redonda ‘Principales obstáculos del acceso a la justicia para las personas con discapacidad’, contó con la participación de Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA; Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Marta Muñoz Sigüenza, asesora jurídica de la CNSE , y Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad de la ONU.
Según Muñoz Escandell, entre las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas con problemas de salud mental está el que las instituciones sanitarias no están diseñadas para ellas, la predominancia de modelos de atención restrictivos de la libertad, las enormes dificultades para acceder a un empleo; o la invisibilización de los efectos psicológicos de la violencia de género.
En su opinión, "el estigma es precisamente el que alza las barreras más altas a la hora de que las mujeres con discapacidad psicosocial traten de ejercer su derecho de acceso a la justicia", de tal manera que muchas de ellas "optan directamente por persuadirse de que no vale la pena ni tan siquiera intentarlo o, directamente, ya tienen internalizado que ese derecho no es para ellas".
La asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA comenzó su exposición con ejemplos reales de las situaciones a las que se enfrentan las mujeres con problemas de salud mental: "Todas estas historias tienen un nexo común: La etiqueta de 'loca', 'trastornada', 'enferma' había eclipsado todas sus otras condiciones personales, habían logrado que su condición humana se desvaneciera y con ella, sus derechos…"
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SALUD MENTAL ESPAÑA pone de manifiesto los principales obstáculos del acceso a la justicia para las personas con problemas de salud mental
18/06/2018
La asesora jurídica de la Confederación, Irene Muñoz Escandell, ha participado en el Seminario 'Mujeres con discapacidad y violencia de género: acceso a la justicia’, organizado por la Fundación CERMI Mujeres en la Universidad Carlos III de Madrid.
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad es clave para luchar contra la violencia de género. Bajo este axioma la Fundación CERMI Mujeres y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid han organizado los días 14 y 15 de junio el Seminario ‘Mujeres con discapacidad y violencia de género: acceso a la justicia’.
La ponencia marco de este seminario corrió a cargo de Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y recién elegida para integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
La mesa redonda ‘Principales obstáculos del acceso a la justicia para las personas con discapacidad’, contó con la participación de Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA; Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Marta Muñoz Sigüenza, asesora jurídica de la CNSE , y Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad de la ONU.
Según Muñoz Escandell, entre las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas con problemas de salud mental está el que las instituciones sanitarias no están diseñadas para ellas, la predominancia de modelos de atención restrictivos de la libertad, las enormes dificultades para acceder a un empleo; o la invisibilización de los efectos psicológicos de la violencia de género.
En su opinión, «el estigma es precisamente el que alza las barreras más altas a la hora de que las mujeres con discapacidad psicosocial traten de ejercer su derecho de acceso a la justicia«, de tal manera que muchas de ellas «optan directamente por persuadirse de que no vale la pena ni tan siquiera intentarlo o, directamente, ya tienen internalizado que ese derecho no es para ellas«.
La asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA comenzó su exposición con ejemplos reales de las situaciones a las que se enfrentan las mujeres con problemas de salud mental: «Todas estas historias tienen un nexo común: La etiqueta de ‘loca’, ‘trastornada’, ‘enferma’ había eclipsado todas sus otras condiciones personales, habían logrado que su condición humana se desvaneciera y con ella, sus derechos…»
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