En España hay 1 millón de personas con un trastorno mental grave sin diagnosticar, añade el comité, y si esto sigue adelante, el Estado se encontrará con todas estas personas expuestas al Código Penal y a un régimen penitencial que no podrá dar ninguna respuesta social ni sanitaria.
Los miembros de este grupo de trabajo aseguran que sólo existe riesgo si una persona con trastorno mental no está tratada correctamente por lo tanto, es imposible que un centro penitenciario tenga los medios suficientes para la rehabilitación y reinserción.
Según la reforma, un Juez y un Tribunal acordarán el internamiento en un centro psiquiátrico, si tras una evaluación exhaustiva de la persona ha sido declarada exenta de responsabilidad criminal, y existe base suficiente para concluir que, debido a su trastorno, es posible prever que cometa nuevos delitos de gravedad relevante.
El Comité propone que se establezca desde el propio Código quién, cómo, dónde y cuándo se va a efectuar la evaluación exhaustiva.
Sobre la libertad condicional, «la regulación deberá hacer referencia a los apoyos previstos, como personas con discapacidad que somos», apuntan, para garantizar la verdadera reinserción de acuerdo a nuestros derechos humanos de acceso a la justicia.