Los Defensores del Pueblo proponen medidas contra la estigmatización en los ingresos de urgencia

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    [post_content] => La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó ayer, junto con los defensores autonómicos -el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el Justicia de Aragón, Fernando García; el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el Adjunto General al Síndic de Greuges de Catalunya, Jordi Sànchez; el Síndic de Geuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi; el Valedor do Pobo de Galicia, José Julio Fernández; el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz y el Ararteko, Íñigo Lamarca- el informe "Las urgencias hospitalarias: derechos y garantías de los pacientes", en el que dan cuenta de la realidad de los servicios de urgencia y del impacto de su funcionamiento en los derechos de los ciudadanos.
En lo que compete a las personas con trastorno mental, los Defensores del Pueblo advierten que “la complejidad que plantea el abordaje de este tipo de situaciones, en las que pueden verse implicados múltiples agentes (familiares, dispositivos de emergencias y de atención a la salud mental, fuerzas de seguridad o instancias judiciales, etc.) puede poner en riesgo el respeto de los derechos de los pacientes” con problemas de salud mental. En este sentido, los Defensores recogen la denuncia de la Confederación FEAFES, que ha participado en las jornadas de trabajo preparatorias del estudio, en relación a la incidencia en la estigmatización derivada del traslado de estas personas por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con los medios de los que se valen en ocasiones (sirenas, uniformes, esposas, lazos de seguridad…). Reconocen, además, que este tipo de prácticas “perjudican su estado”.
El informe refleja asimismo la reclamación de FEAFES relativa a la sustitución de los agentes por personas especialmente formadas en la atención de la salud mental, “entrenadas en habilidades de negociación y contención, que faciliten la comunicación con el paciente y, en caso de que ésta no sea posible, con su médico de referencia”. Con esta figura de apoyo, se evitaría, o al menos se disminuiría sustancialmente, “la utilización de medidas de sujeción mecánica, cuya prolongación injustificada se denuncia igualmente” en el documento.
Por último, los Defensores del Pueblo señalan que “la formación de los profesionales en el conocimiento de la enfermedad mental y la atención a quienes la padecen, también favorecería su asistencia en los servicios de urgencias cuando acuden por causas ajenas a las relacionadas con esta afección”. Se evitarían, de este modo, diagnósticos precipitados “exclusivamente basados en su enfermedad mental, que pudieran soslayar otros problemas de salud”.
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    [post_excerpt] => En su informe “Las urgencias hospitalarias: derechos y garantías de los pacientes”, la Defensora del Pueblo y los Defensores Autonómicos abogan por evitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen a las personas con trastorno de salud mental en los ingresos de urgencia. Denuncian además la utilización innecesaria de medidas de sujeción mecánica. 
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