Esta investigación de la Defensoría del Pueblo, que debería extenderse también al resto de personas con discapacidad que sin ser reclusas están privadas de libertad por estar sometidas a una medida de seguridad, tendría por objeto determinar el grado de respeto de sus derechos humanos, y el nivel de apoyos y recursos que reciben en el medio penitenciario por razón de sus discapacidades, para que esta no suponga una intensificación de sus condenas.
A juicio del CERMI, esta encuesta de la Alta Institución encargada de velar por los derechos de todos los españoles en sus relaciones con los poderes públicos, habría de abarcar también el desarrollo del proceso penal, como fase previa a la prisión, para comprobar si está diseñado con las suficientes garantías para detectar preventivamente el grado de imputabilidad de las personas infractoras, a fin de evitar que personas con discapacidad inimputables según las leyes penales acaben en el medio penitenciario por un mal funcionamiento de sistema judicial.
El CERMI ya acometió por sí mismo en 2007 el primer estudio sociológico global sobre la situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario, por lo que es el momento, casi seis años después, de actualizar la investigación para constatar si se han producido avances y para plantear medidas de mejora.
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El CERMI pide a la Defensora del Pueblo que investigue la situación de los reclusos con discapacidad en las prisiones españolas
08/01/2013
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para pedirle que su Institución abra una investigación oficial sobre la situación de los reclusos con discapacidad en las prisiones españolas,
Esta investigación de la Defensoría del Pueblo, que debería extenderse también al resto de personas con discapacidad que sin ser reclusas están privadas de libertad por estar sometidas a una medida de seguridad, tendría por objeto determinar el grado de respeto de sus derechos humanos, y el nivel de apoyos y recursos que reciben en el medio penitenciario por razón de sus discapacidades, para que esta no suponga una intensificación de sus condenas.
A juicio del CERMI, esta encuesta de la Alta Institución encargada de velar por los derechos de todos los españoles en sus relaciones con los poderes públicos, habría de abarcar también el desarrollo del proceso penal, como fase previa a la prisión, para comprobar si está diseñado con las suficientes garantías para detectar preventivamente el grado de imputabilidad de las personas infractoras, a fin de evitar que personas con discapacidad inimputables según las leyes penales acaben en el medio penitenciario por un mal funcionamiento de sistema judicial.
El CERMI ya acometió por sí mismo en 2007 el primer estudio sociológico global sobre la situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario, por lo que es el momento, casi seis años después, de actualizar la investigación para constatar si se han producido avances y para plantear medidas de mejora.
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