La Federación de Asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana (Feafes CV), integrada por 26 asociaciones y con presencia en más de 248 municipios, ha denunciado la situación en la que se encuentran las entidades para seguir atendiendo a más de 4.000 familias.
Según explica Alfonso Rodríguez Hurtado, presidente de FEAFES Comunidad Valenciana, "la Generalitat Valenciana, cuando ya llevamos más de medio año transcurrido, todavía no ha hecho efectivo los pagos correspondientes al ejercicio 2012 que, sumado a lo pendiente de años anteriores, se convierte en más de 3 millones de euros".
"Queremos recordar que la atención a las personas con enfermedad mental recae en gran medida en las familias, a diferencia de otras patologías. A esta enorme carga terapéutica, que debería ser responsabilidad de la administración valenciana, hay que añadir que soportamos a su vez, como gestores de las asociaciones sin ánimo de lucro que somos, la amenaza y presión constante que supone el posible cierre y desaparición de las mismas, derivados de los incumplimientos de nuestras obligaciones fiscales motivados por los frecuentes retrasos en los pagos por parte de la Generalidad", ha advertido Alfonso Rodríguez.
Además, ha añadido que "siendo la Salud Mental el sector peor tratado (así es reconocido hasta por las administraciones públicas) en los últimos 30 años, no debe ser excusa la crisis económica para incumplir las obligaciones que tiene la Administración Valenciana con los más desfavorecidos de sus ciudadanos y en grave riesgo de exclusión social".
El presidente de la federación, a través de nota de prensa, ha recordado que se tienen que "poner en práctica políticas transversales en salud mental que recojan las necesidades que, como cualquier otro ciudadano, tienen las personas reconocidas en la Constitución y en el Convenio de Derechos de los Discapacitados de la ONU suscrito por España en el 2006, sobre todo en salud, derecho a la formación, educación y empleo, derecho a la vivienda y todos aquellos otros que supongan su plena integración social".
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FEAFES Comunidad Valenciana denuncia la situación económica en la que se encuentra
26/07/2012
Desde la entidad se reclama a la Administración el pago de 3 millones de euros, es decir, lo que les deben en lo que va de 2012 y todos los atrasos que han ido acumulando en años anteriores.
La Federación de Asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana (Feafes CV), integrada por 26 asociaciones y con presencia en más de 248 municipios, ha denunciado la situación en la que se encuentran las entidades para seguir atendiendo a más de 4.000 familias.
Según explica Alfonso Rodríguez Hurtado, presidente de FEAFES Comunidad Valenciana, «la Generalitat Valenciana, cuando ya llevamos más de medio año transcurrido, todavía no ha hecho efectivo los pagos correspondientes al ejercicio 2012 que, sumado a lo pendiente de años anteriores, se convierte en más de 3 millones de euros».
«Queremos recordar que la atención a las personas con enfermedad mental recae en gran medida en las familias, a diferencia de otras patologías. A esta enorme carga terapéutica, que debería ser responsabilidad de la administración valenciana, hay que añadir que soportamos a su vez, como gestores de las asociaciones sin ánimo de lucro que somos, la amenaza y presión constante que supone el posible cierre y desaparición de las mismas, derivados de los incumplimientos de nuestras obligaciones fiscales motivados por los frecuentes retrasos en los pagos por parte de la Generalidad», ha advertido Alfonso Rodríguez.
Además, ha añadido que «siendo la Salud Mental el sector peor tratado (así es reconocido hasta por las administraciones públicas) en los últimos 30 años, no debe ser excusa la crisis económica para incumplir las obligaciones que tiene la Administración Valenciana con los más desfavorecidos de sus ciudadanos y en grave riesgo de exclusión social».
El presidente de la federación, a través de nota de prensa, ha recordado que se tienen que «poner en práctica políticas transversales en salud mental que recojan las necesidades que, como cualquier otro ciudadano, tienen las personas reconocidas en la Constitución y en el Convenio de Derechos de los Discapacitados de la ONU suscrito por España en el 2006, sobre todo en salud, derecho a la formación, educación y empleo, derecho a la vivienda y todos aquellos otros que supongan su plena integración social».
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