Durante este encuentro, FEAFES planteó a la Fiscalía General del Estado su Propuesta de Intervención Terapéutica Alternativa al Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) y subrayó que cualquier modificación legislativa entorno a este tema intenta únicamente "solapar la escasez de recursos existentes en salud mental que están previstos legalmente para una atención comunitaria digna y suficiente".
Por otra parte, el CERMI y la Fiscalía General del Estado acordaron prestarse apoyo mutuo para impulsar las reformas y modificaciones legales precisas con las que dar cumplimiento a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial todo lo derivados del artículo 12, dedicado a la igual capacidad jurídica; del artículo 13, sobre acceso a la Justicia; del artículo 14, relativo a libertad y seguridad y del artículo 29, sobre participación política y en la vida pública, entre otros.
Asimismo, se informó a la Fiscalía General del Estado de la petición del CERMI al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la creación por éste de una Fiscalía especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores y Apoyo a la Toma de Decisiones.
Otro aspecto abordado fue la necesidad de intensificar la “línea caliente” entre la Fiscalía General del Estado y el CERMI para la alerta temprana sobre graves casos de violación de derechos humanos de personas con discapacidad, de modo que permita actuar con rapidez y contundencia en defensa de este tipo de víctimas.
También el CERMI pidió más medidas para mejorar la protección de derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas (residencias, hogares colectivos, etc.), así como personas con discapacidad en el medio penitenciario, por la extrema precariedad de su situación.
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FEAFES planteó la situación de la salud mental ante la Fiscalía General del Estado
30/04/2012
La Confederación FEAFES, a través de su gerente, José L. Gutiérrez, formó parte el paso 12 de abril de la delegación del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) que mantuvo una reunión con altos cargos de la Fiscalía General del Estado para abordar conjuntamente el estado de las relaciones entre ambas organizaciones y estudiar la forma de aplicar más activamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Durante este encuentro, FEAFES planteó a la Fiscalía General del Estado su Propuesta de Intervención Terapéutica Alternativa al Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) y subrayó que cualquier modificación legislativa entorno a este tema intenta únicamente «solapar la escasez de recursos existentes en salud mental que están previstos legalmente para una atención comunitaria digna y suficiente».
Por otra parte, el CERMI y la Fiscalía General del Estado acordaron prestarse apoyo mutuo para impulsar las reformas y modificaciones legales precisas con las que dar cumplimiento a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial todo lo derivados del artículo 12, dedicado a la igual capacidad jurídica; del artículo 13, sobre acceso a la Justicia; del artículo 14, relativo a libertad y seguridad y del artículo 29, sobre participación política y en la vida pública, entre otros.
Asimismo, se informó a la Fiscalía General del Estado de la petición del CERMI al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la creación por éste de una Fiscalía especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores y Apoyo a la Toma de Decisiones.
Otro aspecto abordado fue la necesidad de intensificar la “línea caliente” entre la Fiscalía General del Estado y el CERMI para la alerta temprana sobre graves casos de violación de derechos humanos de personas con discapacidad, de modo que permita actuar con rapidez y contundencia en defensa de este tipo de víctimas.
También el CERMI pidió más medidas para mejorar la protección de derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas (residencias, hogares colectivos, etc.), así como personas con discapacidad en el medio penitenciario, por la extrema precariedad de su situación.
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