En España existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales. Tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas. En el caso del ámbito de la salud mental, “en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo”, afirmó la asesora jurídica de FEAFES, Irene Muñoz Escandell, durante la presentación del informe “Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales” presentado el 27 de abril por Amnistía Internacional en Madrid.
FEAFES ha participado activamente en la elaboración de este informe desde que Amnistía Internacional así se lo propusiera en el verano de 2010. Desde entonces y hasta la propia presentación del documento, la Confederación FEAFES ha llevado a cabo una estrecha colaboración con la afamada organización defensora de los Derechos Humanos. La asesora jurídica de FEAFES ha realizado aportaciones entorno a la estigmatización e indefensión de las personas con enfermedad mental y sus familias ante la vulneración de sus derechos. Entre otras valoraciones, la Confederación ha explicado cómo el internamiento involuntario de las personas con enfermedad mental es una alternativa poco respetuosa con los derechos humanos y ha recordado que estas personas “son seres humanos valiosos en sí mismos por su diversidad” que requieren de “una estructura sociosanitaria adecuada, que atienda a sus necesidades, sea inclusiva y favorezca el desarrollo de su personalidad y cualidades como sujetos de derechos humanos”, según afirmó Muñoz Escandell durante su intervención en la rueda de prensa.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, destacó que “la situación de las personas con enfermedad mental no es ninguna prioridad para las autoridades españolas. Los recursos existentes para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces”.
Además de la vertiente jurídica, FEAFES ha aportado testimonios a través de entrevistas a personas como Elena Briongos, miembro del Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES y presidenta de la asociación FEAFES Aranda FESMA; a la psicóloga de esta entidad, Virginia Pecharromán, y al presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge. Estas aportaciones han quedado recogidas en el vídeo que Amnistía Internacional ya ha comenzado a difundir.
En este informe, dedicado también de forma especial al acceso a una vivienda digna, Amnistía Internacional inclye una agenda de diez puntos en la que recomienda al Gobierno central, los Gobiernos autonómicos, corporaciones locales, Cortes Generales, Parlamentos Autónomicos y Poder Judicial que adopten todas las medidas necesarias para garantizar en todo el territorio del Estado que las personas puedan exigir y hacer valer sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin discriminación.
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FEAFES y Amnistía Internacional recuerdan que el derecho a la salud es un derecho humano, no una prestación social
29/04/2011
FEAFES intervino el 27 de abril, como entidad invitada, en la rueda de prensa ofrecida por Amnistía Internacional para presentar su último informe “Derechos a la intemperie”. Este documento concluye que España no protege adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales y recuerda además la vulneración por parte de nuestro país del derecho humano a la salud al no reconocerlo como tal.
En España existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales. Tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas. En el caso del ámbito de la salud mental, “en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo”, afirmó la asesora jurídica de FEAFES, Irene Muñoz Escandell, durante la presentación del informe “Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales” presentado el 27 de abril por Amnistía Internacional en Madrid.
FEAFES ha participado activamente en la elaboración de este informe desde que Amnistía Internacional así se lo propusiera en el verano de 2010. Desde entonces y hasta la propia presentación del documento, la Confederación FEAFES ha llevado a cabo una estrecha colaboración con la afamada organización defensora de los Derechos Humanos. La asesora jurídica de FEAFES ha realizado aportaciones entorno a la estigmatización e indefensión de las personas con enfermedad mental y sus familias ante la vulneración de sus derechos. Entre otras valoraciones, la Confederación ha explicado cómo el internamiento involuntario de las personas con enfermedad mental es una alternativa poco respetuosa con los derechos humanos y ha recordado que estas personas “son seres humanos valiosos en sí mismos por su diversidad” que requieren de “una estructura sociosanitaria adecuada, que atienda a sus necesidades, sea inclusiva y favorezca el desarrollo de su personalidad y cualidades como sujetos de derechos humanos”, según afirmó Muñoz Escandell durante su intervención en la rueda de prensa.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, destacó que “la situación de las personas con enfermedad mental no es ninguna prioridad para las autoridades españolas. Los recursos existentes para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces”.
Además de la vertiente jurídica, FEAFES ha aportado testimonios a través de entrevistas a personas como Elena Briongos, miembro del Comité de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES y presidenta de la asociación FEAFES Aranda FESMA; a la psicóloga de esta entidad, Virginia Pecharromán, y al presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge. Estas aportaciones han quedado recogidas en el vídeo que Amnistía Internacional ya ha comenzado a difundir.
En este informe, dedicado también de forma especial al acceso a una vivienda digna, Amnistía Internacional inclye una agenda de diez puntos en la que recomienda al Gobierno central, los Gobiernos autonómicos, corporaciones locales, Cortes Generales, Parlamentos Autónomicos y Poder Judicial que adopten todas las medidas necesarias para garantizar en todo el territorio del Estado que las personas puedan exigir y hacer valer sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin discriminación.
De iqda. a dcha.: Asesora Jurídica de FEAFES, Irene Muñoz; director de Aministía Internacional España, Esteban Beltrán; y abogado de vecinos de Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio Gil
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