El debate destacó como una de las principales críticas a la reforma del Código Penal el hecho de asociar el concepto de peligrosidad al de trastorno mental, por lo que una persona diagnosticada puede recibir condenas más duras que el resto. En este sentido, el juez José Antonio Rodríguez, del juzgado penal 21 de Barcelona, criticó que los cambios que plantea el Ministerio de Justicia eliminan los límites que garantizan y protegen los derechos democráticos y permiten discriminar a las personas con problemas de salud mental, no porque hayan cometido delito sino por estar diagnosticados con algún trastorno.
Los participantes en la mesa coincidieron en señalar la falta de carácter democrático de la reforma con medidas como la de poder prorrogar por tiempo indefinido el internamiento de las personas con problemas de salud mental en los centros psiquiátricos e, incluso, penitenciarios. Hernán Sampietro, de la Asociación ActivaMent, habló en primera persona de cómo el nuevo Código Penal le discrimina a él por el hecho de tener un diagnóstico, y resaltó aspectos altamente represivos como el hecho de poder proponer la esterilización de las personas con problemas de salud mental por una resolución judicial.
El psiquiatra Enric Vicens, experto en temas legales, lamentó que asociar trastorno mental y peligrosidad es un ataque directo al trabajo de los profesionales en la recuperación de las personas con problemas de salud mental, y criticó que con estas medidas se consigue alimentar el estigma contra las personas con trastorno, ya que las presenta como sujetos peligrosos y una amenaza para la sociedad, sin ningún tipo de rigor ni prueba científica.
En el turno de palabra de las personas que asistieron al acto, la totalidad de intervenciones, de profesionales de salud mental, así como de personas vinculadas a las asociaciones de salud mental y de las personas y familares con problemas de salud mental, lamentaron que la reforma es un paso atrás en los derechos conseguidos en los últimos años, y criticaron que no se haya tenido en cuenta la opinión y participación de expertos y profesionales en salud mental a la hora de legislar la nueva normativa.
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Juristas, profesionales y usuarios de salud mental avisan del retroceso democrático de la reforma del Código Penal
13/06/2014
La Federación Salud Mental Cataluña organizó la mesa redonda "Derechos perdidos en salud mental. ¿Cómo nos afecta la reforma del Código Penal?" en la que se puso de manifiesto que la nueva ley que propone el Gobierno discrimina a las personas con problemas de salud mental y rebaja sus derechos en relación al resto de la población.
El debate destacó como una de las principales críticas a la reforma del Código Penal el hecho de asociar el concepto de peligrosidad al de trastorno mental, por lo que una persona diagnosticada puede recibir condenas más duras que el resto. En este sentido, el juez José Antonio Rodríguez, del juzgado penal 21 de Barcelona, criticó que los cambios que plantea el Ministerio de Justicia eliminan los límites que garantizan y protegen los derechos democráticos y permiten discriminar a las personas con problemas de salud mental, no porque hayan cometido delito sino por estar diagnosticados con algún trastorno.
Los participantes en la mesa coincidieron en señalar la falta de carácter democrático de la reforma con medidas como la de poder prorrogar por tiempo indefinido el internamiento de las personas con problemas de salud mental en los centros psiquiátricos e, incluso, penitenciarios. Hernán Sampietro, de la Asociación ActivaMent, habló en primera persona de cómo el nuevo Código Penal le discrimina a él por el hecho de tener un diagnóstico, y resaltó aspectos altamente represivos como el hecho de poder proponer la esterilización de las personas con problemas de salud mental por una resolución judicial.
El psiquiatra Enric Vicens, experto en temas legales, lamentó que asociar trastorno mental y peligrosidad es un ataque directo al trabajo de los profesionales en la recuperación de las personas con problemas de salud mental, y criticó que con estas medidas se consigue alimentar el estigma contra las personas con trastorno, ya que las presenta como sujetos peligrosos y una amenaza para la sociedad, sin ningún tipo de rigor ni prueba científica.
En el turno de palabra de las personas que asistieron al acto, la totalidad de intervenciones, de profesionales de salud mental, así como de personas vinculadas a las asociaciones de salud mental y de las personas y familares con problemas de salud mental, lamentaron que la reforma es un paso atrás en los derechos conseguidos en los últimos años, y criticaron que no se haya tenido en cuenta la opinión y participación de expertos y profesionales en salud mental a la hora de legislar la nueva normativa.
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