Noticias
Manifiesto de apoyo a la familia de Andrea Fernández
03/06/2019
Ante el posible archivo del caso de Andrea Fernández, que falleció en abril de 2017 debido a una meningitis tras haber sido diagnosticada erróneamente de un problema de salud mental, el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA manifiesta su apoyo a la familia y reclama que el proceso judicial sea llevado hasta el final.
El 24 de abril de 2017 Andrea Fernández falleció debido a una meningitis no diagnosticada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras un ingreso involuntario y después de 75 horas de contención mecánica, debido a un diagnóstico erróneo de un problema de salud mental.
Ante un posible archivo del caso, el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA quiere hacer público un manifiesto de apoyo a la familia que se reproduce íntegramente a continuación.
MANIFIESTO DE APOYO A LA FAMILIA DE ANDREA FERNÁNDEZ
Desde el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona queremos trasladar todo nuestro apoyo y nuestro afecto a la familia de Andrea en estos momentos difíciles.
Cabe preguntarse si las desgraciadas circunstancias que llevaron al fatal desenlace hubiesen ocurrido si la praxis de la medicina en salud mental estuviera regida por la ausencia de prejuicios y por el escrupuloso respeto a los derechos humanos.
Pedimos que se actúe con rigor y profesionalidad ante cualquier urgencia, sin tener en cuenta si ha habido un historial psiquiátrico u otros cuadros diferentes.
Consideramos así que el derecho a la vida, a la salud, y a la libertad, son incompatibles con la administración de medidas coercitivas, tales como las contenciones mecánicas, y con los tratamientos involuntarios, cuyo valor terapéutico está en entredicho, a la vista de los hechos.
Ha llegado el momento de que la dignidad de las personas usuarias de los servicios de salud mental sea el foco que dé luz a los procesos de recuperación. La dignidad de las personas es anterior a cualquier otra intención.
Consideramos, asimismo, que todos los actores que estamos involucrados en la conquista de los derechos humanos, inherentes a la persona, debemos evitar que la lucha de Andrea quede diluida en el olvido y sin que haya repercusión y responsabilidad por su muerte.
Al tiempo reclamamos que se implementen todas las medidas alternativas y necesarias conducentes a un nuevo modelo de atención, basado en la calidad, libre de coerciones, y donde el respeto a la voluntad del afectado sea condición irrenunciable.
Ahora corresponde a los profesionales de la salud mental hacer examen de conciencia y delimitar el marco ético de una nueva praxis, poniéndose en el lugar de las personas a las que atienden, y que se confían a su cuidado.
Ahora la familia de Andrea está en espera de que la justicia ofrezca consuelo a una pérdida irreparable, y en la seguridad de que otra mirada y otro destino eran posibles.
Ojalá que la justicia hacia Andrea selle el inicio de un nuevo tiempo, donde las personas con un problema de salud mental sean vistas como depositarios de derechos fundamentales, como depositarios del derecho a la salud, no como invasores de la seguridad de los demás.
Andrea nunca debió estar contenida en psiquiatría ya que sus fiebres eran un desajuste de un proceso infeccioso que finalmente le costó la vida, después de estar atada a una cama 75 horas.
Pedimos y reclamamos que se haga justicia y nos posicionamos a favor de que el caso de Andrea sea llevado hasta el final del proceso judicial, y se depuren responsabilidades a los y las actuantes en este caso.
Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA
SALUD MENTAL ESPAÑA firmó en 2016, junto con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Federación en ‘Primera Persona’ y la Federació Veus, el ‘Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción’, un documento orientado a terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud mental.
Para la Confederación, las contenciones mecánicas suponen una vulneración de derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU: el derecho a la vida (Art. 10), el derecho a la libertad y seguridad de la persona (Art. 14), el derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art. 15), el derecho a la igualdad y no discriminación (Art. 5), el derecho a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso (Art. 16), el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 12) y el derecho a la salud (Art. 25).
SALUD MENTAL ESPAÑA reclama la búsqueda de medidas alternativas para una atención adecuada, que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona, y elimine las contenciones mecánicas.