Manifiesto de la salud mental del grupo de empoderamiento de la asociación AFEM Getafe

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    [post_content] => Los miembros del grupo de Empoderamiento de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFEM) exponemos a continuación una serie de reivindicaciones que esperamos sean tenidas en consideración: 

Demandamos una mayor asistencia desde los dispositivos públicos de Salud Mental. Esto supondría poder tener citas con más frecuencia, de mayor calidad, en un horario flexible.
En el conjunto del Estado 1075 psiquiatras prestan su actividad asistencial en centros de salud mental de adultos, lo que representa un total de 3.4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Dado que la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) estima en un mínimo de 5 la dotación mínima de psiquiatras para centros de salud mental de adultos, ello implica que sólo está dotado el 66.6 % de los recursos necesarios y que, por tanto, sería necesaria la contratación de 539 nuevos psiquiatras para alcanzar los 1614 necesarios para cumplir el indicador de calidad.
La AEN estima en 4 psicólogos clínicos la dotación mínima para una prestación asistencial de calidad de los centros de salud mental de adultos. En el conjunto del Estado 564 psicólogos clínicos prestan su actividad asistencial en centros de salud mental de adultos, lo que representa un total de 2 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Dado que la AEN estima en un mínimo de 4 la dotación mínima de psicólogos clínicos para centros de salud mental de adultos, ello implica que sólo está dotado el 41.7 % de los recursos necesarios y que, por tanto, sería necesaria la contratación de 790 nuevos psicólogos clínicos para llegar a los 1355 necesarios para alcanzar este índice de calidad. La comunidad que más se acerca a éste es Castilla la Mancha, mientras que Galicia, Andalucía, País Vasco, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia, no alcanzan la media del Estado. Galicia, Andalucía, País Vasco, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Valencia, no tienen cubiertas ni siquiera el 50% de las necesidades de psicólogos en centros de salud mental para una mínima atención de calidad de su población asistencial.
Solicitamos una mayor dedicación a programas que apoyen la prevención y la actuación en las primeras crisis.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  nos habla de que los Estados “Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores”
Aunque conocemos la existencia del Programa SEPA (Servicio de Primer Apoyo) que se está realizando entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Manantial, consideramos fundamental que este tipo de programas puedan cubrirse en todos los municipios.
Exigimos el respeto y la no discriminación hacia el colectivo de personas con enfermedad mental en el entorno laboral. Esto conllevaría que las empresas tienen la obligación de entender las posibles bajas que puedan tener lugar a lo largo de nuestra vida laboral, respetar nuestras citas médicas, y adaptar el puesto de trabajo al perfil de la persona.
En el artículo 38.1 de la Ley de Integración Social de Minusválidos LISMI (Ley 13/1982 del 7 de abril)  se expone que  “Las empresas públicas y privadas que den ocupación a un número de trabajadores fijos que exceda de 50, estarán obligadas a colocar un número de trabajadores disminuidos no inferior al 2% de la plantilla”. Solicitamos el cumplimiento riguroso por parte de las empresas de dicha normativa vigente Y reivindicamos que ese porcentaje aumente permitiendo trabajar a más personas con discapacidad.
El Observatorio sobre Discapacidad  y mercado de trabajo informa de que “La participación en el mercado laboral de las personas con enfermedad mental  es del 27,1 %. El Observatorio añade que en el año 2012 “el paro afecta fundamentalmente a las personas con enfermedad mental  (con tasas de paro del 47,2 %). Los datos del informe ‘El Empleo de las Personas con Discapacidad 2015’ elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un tasa de empleo: de solo un 15,9% en 2015 –un descenso de 0,5 puntos con respecto a 2014.Por tanto, consideramos esencial aumentar las oportunidades de empleo para las personas con enfermedad mental. - Demandamos la mejora  salarial de las personas con Discapacidad. “El salario medio bruto de las personas con discapacidad es un 10 % inferior que el de las personas sin discapacidad, y la estratificación salarial del colectivo es mayor” (datos publicados por el Observatorio sobre Discapacidad y mercado de trabajo y recogidos del Instituto Nacional de Estadística). Atendiendo al tipo de discapacidad las remuneraciones más bajas corresponden a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental (un 31 % y un 14 % menor que la media).
Existe un incumplimiento generalizado por parte de las empresas de la cuota de reserva establecida por la normativa, mediante contratación directa de trabajadores con discapacidad.
Los datos sobre inserción laboral en los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL)  muestran que en Getafe ha sido de un 61,04%  en el año 2015. En total en la Comunidad de Madrid el porcentaje de usuarios integrados en empleo respecto al total de atendidos en 2015 es del  54,18 %. Datos extraídos de la publicación de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
Apoyándonos en el Artículo 47 de la Constitución Española “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Las personas con enfermedad mental, al igual que cualquier otro ciudadano, tiene derecho a una vivienda digna. El estado debe comprometerse a proteger y garantizar la disponibilidad de la vivienda para la persona con discapacidad. (Ley lismi) La Convención sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad expone que hay que “d) Asegurar el acceso de las personas
Los medios de comunicación y el mundo cultural (teatro, cine y tv) deben cuidar el lenguaje, las expresiones o afirmaciones respecto a este tema, debido al daño que pueden ocasionar sobre el colectivo.
Se estima que la población recibe el 90% de la información sobre salud mental a través de los medios de comunicación. Reflejar la realidad de la enfermedad mental contribuye a normalizarla y ponerla en su sitio en la sociedad: es común, cercana y en la mayoría de casos tiene curación (Fuente http://www.1decada4.es/)
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    [post_excerpt] => Declaración reivindicativa del grupo de empoderamiento de la asociación de Getafe en Madrid por el que se reclaman una serie de propuestas relacionadas con la salud mental, su atención, imagen social y cumplimiento de derechos.
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