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SALUD MENTAL ESPAÑA se une a CERMI para pedir que no se discrimine por discapacidad a personas con coronavirus

La Confederación apoya la reivindicación de CERMI, que ha exigido a las autoridades sanitarias que velen por que la discapacidad de una persona no sea motivo de discriminación en los protocolos clínicos de atención a personas con COVID-19.

A continuación, se reproduce el texto íntegro publicado por CERMI, al que se adhiere SALUD MENTAL ESPAÑA: 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a las autoridades sanitarias que aseguren que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el  coronavirus, pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona.

Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.

Los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no pueden aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad. Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España.

El CERMI reclama a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.