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[post_content] => [vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]El presidente de la Federación SALUD MENTAL ANDALUCÍA -antes FEAFES Andalucía-, Manuel Movilla, compareció el pasado martes 19 de abril ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía con motivo del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Movilla expuso ante la comisión que "aunque la reforma propuesta en la Ley afectaba principalmente a las barreras de la discapacidad física, las personas con problemas de salud mental también tienen barreras, aunque son invisibles, y la mayor barrera que encontramos para la recuperación y la inclusión social es el estigma".
Por ello, la federación andaluza ha presentado una serie de alegaciones y propuestas de mejora a la Ley entre las que se encuentra el incremento de hasta el 2% de la reserva de plazas de empleo público a personas afectadas por trastorno mental grave; la obligatoriedad de segregar datos de discapacidad por problemas derivados de salud mental y el impulso de turnos específicos de justicia gratuita especializados para personas con discapacidad en cualquier tipo de procedimientos.
Respecto a la primera propuesta, desde SALUD MENTAL ANDALUCÍA recuerdan que el acceso al empleo de calidad es una de las herramientas fundamentales para garantizar la autonomía, recuperar la autoestima y prevenir situaciones de exclusión.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="85305" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Así pues, indican que "la ley tiene que mejorar la regulación de la reserva de plazas para señalar específicamente que dicha reserva está prevista para personas afectadas por trastorno mental grave, y prever mecanismos específicos de apoyo que faciliten la ocupación efectiva de los puestos y el mantenimiento ya que según el INE 2020, la tasa de empleo es de 17,1%", algo que valoran como "una situación desoladora".
Para la federación, los colectivos de discapacidad necesitan atención especializada y acompañamiento en los procedimientos judiciales de cualquier tipo, por lo que "es necesario el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita en todo tipo de procedimientos (asistan como agredidos o como agresores)", alertan.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad obliga a los Estados a garantizar los apoyos necesarios en el acceso a la justicia, y, esto solo se puede realizar a través de profesionales con formación que puedan acompañarles en cada procedimiento, sea cual sea su naturaleza.
"El sistema judicial y penitenciario, es rígido y complejo y, en el caso de este colectivo se generan muchas dificultades para acceder a la información y desenvolverse de forma correcta", señalan desde SALUD MENTAL ANDALUCÍA.
Por ejemplo, en procedimientos por delitos leves y en los procesos de prestaciones de apoyos, que en este momento están configurados para asistir sin necesidad de abogado/a y procurador/a, sucede que, en muchas ocasiones, "asistir sin la defensa técnica ocasiona situaciones de tensión y vulnerabilidad en las que, además, el estigma asociado a la salud mental contribuye de forma muy negativa", denuncian desde la federación.
Otra de las demandas históricas es que se amplíe el catálogo de infracciones y sanciones reflejando infracciones por acciones que afecten a todo el colectivo, como lo fue el espectáculo circense o recogidas de firmas basadas en ideas erróneas o estigmatizantes.
Para la federación andaluza, "reflejar de forma específica la posibilidad de defender colectivamente la imagen que se transmite de las personas con problemas de salud mental, permitiría denunciar este tipo de situaciones, y contribuye a que estas personas no tengan que seguir sufriendo comentarios hirientes, o difusiones de videos, de mofa, o que se traslade una imagen degradante, negativa y distorsionada que atente de forma deliberada contra su dignidad y honor".
La Federación SALUD MENTAL ANDALUCÍA es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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SALUD MENTAL ANDALUCÍA solicita al Parlamento modificaciones a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
21/04/2022
El incremento de la reserva de plazas de empleo público, la obligatoriedad de segregar datos de discapacidad por problemas derivados de la salud mental y el impulso de turnos específicos de justicia gratuita especializados, son algunas de las modificaciones a la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía propuestas por la federación.
El presidente de la Federación SALUD MENTAL ANDALUCÍA -antes FEAFES Andalucía-, Manuel Movilla, compareció el pasado martes 19 de abril ante la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía con motivo del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Movilla expuso ante la comisión que «aunque la reforma propuesta en la Ley afectaba principalmente a las barreras de la discapacidad física, las personas con problemas de salud mental también tienen barreras, aunque son invisibles, y la mayor barrera que encontramos para la recuperación y la inclusión social es el estigma».
Por ello, la federación andaluza ha presentado una serie de alegaciones y propuestas de mejora a la Ley entre las que se encuentra el incremento de hasta el 2% de la reserva de plazas de empleo público a personas afectadas por trastorno mental grave; la obligatoriedad de segregar datos de discapacidad por problemas derivados de salud mental y el impulso de turnos específicos de justicia gratuita especializados para personas con discapacidad en cualquier tipo de procedimientos.
Respecto a la primera propuesta, desde SALUD MENTAL ANDALUCÍA recuerdan que el acceso al empleo de calidad es una de las herramientas fundamentales para garantizar la autonomía, recuperar la autoestima y prevenir situaciones de exclusión.
Así pues, indican que «la ley tiene que mejorar la regulación de la reserva de plazas para señalar específicamente que dicha reserva está prevista para personas afectadas por trastorno mental grave, y prever mecanismos específicos de apoyo que faciliten la ocupación efectiva de los puestos y el mantenimiento ya que según el INE 2020, la tasa de empleo es de 17,1%», algo que valoran como «una situación desoladora».
Para la federación, los colectivos de discapacidad necesitan atención especializada y acompañamiento en los procedimientos judiciales de cualquier tipo, por lo que «es necesario el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita en todo tipo de procedimientos (asistan como agredidos o como agresores)», alertan.
La Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad obliga a los Estados a garantizar los apoyos necesarios en el acceso a la justicia, y, esto solo se puede realizar a través de profesionales con formación que puedan acompañarles en cada procedimiento, sea cual sea su naturaleza.
«El sistema judicial y penitenciario, es rígido y complejo y, en el caso de este colectivo se generan muchas dificultades para acceder a la información y desenvolverse de forma correcta», señalan desde SALUD MENTAL ANDALUCÍA.
Por ejemplo, en procedimientos por delitos leves y en los procesos de prestaciones de apoyos, que en este momento están configurados para asistir sin necesidad de abogado/a y procurador/a, sucede que, en muchas ocasiones, «asistir sin la defensa técnica ocasiona situaciones de tensión y vulnerabilidad en las que, además, el estigma asociado a la salud mental contribuye de forma muy negativa», denuncian desde la federación.
Otra de las demandas históricas es que se amplíe el catálogo de infracciones y sanciones reflejando infracciones por acciones que afecten a todo el colectivo, como lo fue el espectáculo circense o recogidas de firmas basadas en ideas erróneas o estigmatizantes.
Para la federación andaluza, «reflejar de forma específica la posibilidad de defender colectivamente la imagen que se transmite de las personas con problemas de salud mental, permitiría denunciar este tipo de situaciones, y contribuye a que estas personas no tengan que seguir sufriendo comentarios hirientes, o difusiones de videos, de mofa, o que se traslade una imagen degradante, negativa y distorsionada que atente de forma deliberada contra su dignidad y honor».
La Federación SALUD MENTAL ANDALUCÍA es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental.
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