La salud mental, ¿una prioridad para el nuevo Gobierno?
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La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA recuerda que el trastorno mental es a día de hoy una de las principales causas de discapacidad en nuestro país y que, según la actual Estrategia de Salud Mental, entre el 2’5 y el 3% de la población adulta española tiene un trastorno mental grave (más de 1 millón de personas) porcentaje que se eleva al 9% si se suman las personas que tienen cualquier tipo de trastorno mental, ya sea grave o leve.
Consciente de la magnitud de estas cifras y de los derechos que amparan a las personas con trastorno mental y sus familiares, SALUD MENTAL ESPAÑA insta a los partidos políticos a que trabajen sobre políticas y estrategias para alcanzar los objetivos establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud que, en su Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 ha instado a los Estados Miembros a la elaboración y refuerzo de “políticas integrales sobre la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y la identificación temprana, atención, asistencia, tratamiento y recuperación de las personas con trastornos mentales”.
En su papel de interlocutor estatal como representante del movimiento asociativo formado por personas con trastorno mental y familiares, SALUD MENTAL ESPAÑA propone a la clase política la necesidad urgente de:
1. Promover la salud mental en positivo, y de apoyar políticas y actuaciones para lograr la visibilización y la plena inclusión social de las personas trastorno mental teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones incluidas en el Estudio“Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma”editado por SALUD MENTAL ESPAÑA (2015).
2. Abordar la salud mental a través de políticas con marcado carácter transversal que tengan en cuenta no sólo el ámbito sanitario, sino también el social, el laboral, el cultural y el educativo.
3. Garantizar, y velar por que así sea, que la atención a las personas con trastorno mental se realiza con un enfoque de derechos humanos según establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Enfocar la atención de los problemas de salud mental hacia la completa recuperación de la persona y situarla en el centro de la atención. Es imprescindible que se parta de planes individualizados de atención adaptados a las necesidades de cada persona en cada momento de su vida, ofrecer continuidad de cuidados y poner a disposición de las personas los recursos sociales y sanitarios que sean necesarios.
5. Apoyar a las familias con suficientes mecanismos y recursos de información, acompañamiento y psicoeducación.
6. Garantizar el acceso de las personas con trastorno mental a recursos efectivos de apoyo que promocionen su autonomía en el ámbito del empleo, la vivienda, el ocio, las actividades de la vida diaria o la participación social.
7. Hacer valer el derecho de las personas con trastorno mental a trabajar mediante medidas como la sensibilización al tejido empresarial y el desarrollo de los sistemas de apoyos, adaptaciones y acompañamiento que sean precisos.
8. Introducir en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud medidas terapéuticas para garantizar una atención enfocada a evitar recaídas así como tratamientos e ingresos no voluntarios.
9. Prestar especial atención a la salud mental de menores, personas en régimen penitenciario, personas con patología dual o personas sin hogar.
10. Introducir la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental.
SALUD MENTAL ESPAÑA, en representación de las más de 44.000 personas y casi 300 entidades que forman su base social, tiende así su mano al futuro Gobierno y se ofrece a trabajar conjuntamente por la salud mental.
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La salud mental, ¿una prioridad para el nuevo Gobierno?
18/12/2015
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA insta a los partidos políticos que concurren a las Elecciones Generales del próximo 20 de diciembre a que presten una especial atención a la salud mental durante la próxima legislatura.
SALUD MENTAL ESPAÑA exhorta al futuro Gobierno, independientemente de la formación política que lo conforme, a que cuente con la participación de las personas con trastorno mental, familiares y organizaciones sociales en el diseño y evaluación de las próximas políticas públicas de salud mental.
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA recuerda que el trastorno mental es a día de hoy una de las principales causas de discapacidad en nuestro país y que, según la actual Estrategia de Salud Mental, entre el 2’5 y el 3% de la población adulta española tiene un trastorno mental grave (más de 1 millón de personas) porcentaje que se eleva al 9% si se suman las personas que tienen cualquier tipo de trastorno mental, ya sea grave o leve.
Consciente de la magnitud de estas cifras y de los derechos que amparan a las personas con trastorno mental y sus familiares, SALUD MENTAL ESPAÑA insta a los partidos políticos a que trabajen sobre políticas y estrategias para alcanzar los objetivos establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud que, en su Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 ha instado a los Estados Miembros a la elaboración y refuerzo de “políticas integrales sobre la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y la identificación temprana, atención, asistencia, tratamiento y recuperación de las personas con trastornos mentales”.
En su papel de interlocutor estatal como representante del movimiento asociativo formado por personas con trastorno mental y familiares, SALUD MENTAL ESPAÑA propone a la clase política la necesidad urgente de:
1. Promover la salud mental en positivo, y de apoyar políticas y actuaciones para lograr la visibilización y la plena inclusión social de las personas trastorno mental teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones incluidas en el Estudio“Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma”editado por SALUD MENTAL ESPAÑA (2015).
2. Abordar la salud mental a través de políticas con marcado carácter transversal que tengan en cuenta no sólo el ámbito sanitario, sino también el social, el laboral, el cultural y el educativo.
3. Garantizar, y velar por que así sea, que la atención a las personas con trastorno mental se realiza con un enfoque de derechos humanos según establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Enfocar la atención de los problemas de salud mental hacia la completa recuperación de la persona y situarla en el centro de la atención. Es imprescindible que se parta de planes individualizados de atención adaptados a las necesidades de cada persona en cada momento de su vida, ofrecer continuidad de cuidados y poner a disposición de las personas los recursos sociales y sanitarios que sean necesarios.
5. Apoyar a las familias con suficientes mecanismos y recursos de información, acompañamiento y psicoeducación.
6. Garantizar el acceso de las personas con trastorno mental a recursos efectivos de apoyo que promocionen su autonomía en el ámbito del empleo, la vivienda, el ocio, las actividades de la vida diaria o la participación social.
7. Hacer valer el derecho de las personas con trastorno mental a trabajar mediante medidas como la sensibilización al tejido empresarial y el desarrollo de los sistemas de apoyos, adaptaciones y acompañamiento que sean precisos.
8. Introducir en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud medidas terapéuticas para garantizar una atención enfocada a evitar recaídas así como tratamientos e ingresos no voluntarios.
9. Prestar especial atención a la salud mental de menores, personas en régimen penitenciario, personas con patología dual o personas sin hogar.
10. Introducir la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental.
SALUD MENTAL ESPAÑA, en representación de las más de 44.000 personas y casi 300 entidades que forman su base social, tiende así su mano al futuro Gobierno y se ofrece a trabajar conjuntamente por la salud mental.
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