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Entre los aspectos negativos de la reforma, Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, destacó el aumento de la burocracia y los trámites administrativos, como la no aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago; la ausencia de plazo por parte de la Administración para el abono de la subvención; la anticipación del importe íntegro de la subvención por parte de la entidad; o la contemplación de cualquier compra a terceros como subcontratación.
Juan Jesús Donoso, director del Departamento Económico de Cruz Roja, realizó un análisis pormenorizado del anteproyecto y llamó la atención sobre los puntos esenciales recogidos en el texto que suponen graves perjuicios para el sector.
Así, se refirió a la obligación para las entidades de financiar con fondos propios o privados un 25% de cada proyecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad de las sanciones que llegan hasta la inhabilitación para la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públicos; el establecimiento del pago post justificación; y la práctica desaparición de las subvenciones directas.
10 millones de beneficiarios
En su opinión, uno de los puntos clave en la adecuación de la Ley al sector es la concepción de la entidad como beneficiaria de la subvención, ya que, insistió, se trata de una concepción que "se queda corta y pobre", dado que las entidades del sector "son una correa transmisora", que no obtiene retorno de sus acciones, por lo que se debería diferenciar la subvención de interés general de aquella que no lo es.

Por ello, dijo, es necesario que se permita que los programas de estas entidades puedan ser subvencionados hasta el 100% incluyendo los gastos indirectos; que la inhabilitación de la entidad solo se aplique si se demuestra que hay culpabilidad manifiesta; que el pago sea por anticipado aplicable a todos los entes de la Administración Pública y no solo la estatal, y que se sigan concediendo subvenciones directas.
Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) España, fue el encargado de transmitir las conclusiones de la Jornada y dejó claro que el Tercer Sector está intentando con la modificación del borrador "evitar que una ley no se convierta en un problema" y "que el trabajo de las entidades sociales se pueda seguir haciendo de una manera eficaz y con calidad".
Asimismo, reiteró que los beneficiarios de las acciones del Tercer Sector son más de 10 millones de personas y "no las entidades sociales que actúan como intermediarios de la sociedad civil en favor de las personas más vulnerables de la sociedad".
 
    [post_title] => El Tercer Sector reclama una Ley de Subvenciones que atienda su singularidad
    [post_excerpt] => Las entidades del Tercer Sector reclaman una reforma de la Ley de Subvenciones que contemple la naturaleza y las singularidades del sector. Entre otras reivindicaciones, han incidido en que no se identifique a las entidades como beneficiarias de las subvenciones que gestionan sino a los 10 millones de personas a los que se dirigen sus acciones.
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