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    [post_date] => 2021-05-07 14:05:53
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    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text]Atar a una cama a una persona que atraviesa por una crisis de salud mental es, por desgracia, el día a día de la atención hospitalaria en España. ¿Cómo es posible que siga siendo habitual el uso de contenciones mecánicas, una práctica que la ONU considera tortura? ¿Por qué no se aplica la legislación vigente que protege los derechos de las personas con problemas de salud mental? ¿Cuáles son las alternativas y qué hace falta para convertirlas en realidad? Sobre esta y otras cuestiones reflexiona José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA, en esta entrevista para la Revista Encuentro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="77632" img_size="full" add_caption="yes" alignment="center" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]¿A qué es debido que, en pleno siglo XXI, se sigan produciendo situaciones de violencia en las que las personas con problemas de salud mental son lamentablemente las víctimas? 

A la persistencia de los aspectos más oscuros de lo humano y al miedo ancestral por la locura o la enfermedad mental y, en general, por la diversidad y las intolerancias hacia las diferencias.

En el campo de la salud contribuye a ello la soberbia, la prepotencia y el poder absoluto con el que se desenvuelven muchas disciplinas con escaso o nulo cuidado hacia el ser y su dignidad.

¿Por qué se siguen produciendo las contenciones mecánicas y/o farmacológicas en los centros hospitalarios a las personas con problemas de salud mental?

Hay mucho escrito sobre ello: falta de voluntad política, insuficiente conciencia de lo aberrante de dichas prácticas, déficits de empatía y compasión para entender el sufrimiento que generan, desinterés por lo humano que hay en cada ser que sufre, predominio de la seguridad y el control sobre la libertad y la autonomía, miedos de los profesionales a que el alejamiento de ciertas prácticas pudiera ser tildado de abandono del paciente, falta de valentía para afrontar modos nuevos y menos dañinos, etc.

Estoy seguro de que pocos profesionales no siente repugnancia cuando acceden a dichas prácticas, pero un exceso de adaptación a la institución les lleva a, muy prontamente, aceptarlas cuando no a justificarlas. No otra cosa lleva a muchos a pensar que tales prácticas, “bien administradas”, son terapéuticas. No lo son y, si tuvieran efectos terapéuticos, sería al coste del sometimiento y la asimetría del poder entre expertos y usuarios. El fin no puede justificar los medios y menos cuando estos se acercan a lo cruel, si no es que caen en ello. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos.

¿Por qué no se termina de aplicar la legislación (en este caso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha firmado y ratificado el Estado español) para erradicar este tipo de actuaciones?

Yo no entiendo por qué se tarda tanto ni las resistencias que hay para un desarrollo atrevido e ilusionado de las propuestas de la Convención. Creo que sigue habiendo mucho miedo a la libertad y a la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia y el descontrol atribuidos a las personas con problemas de salud mental.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

"El fin no puede justificar los medios, y menos cuando estos se acercan a lo cruel. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos"

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"Sigue habiendo mucho miedo a la libertad y a la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia"

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José Leal: “La coerción no es terapéutica y hiere la dignidad”

07/05/2021

Hablando con... José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA. Entrevista publicada en el nº 3 de la Revista Encuentro, año 2020.

Atar a una cama a una persona que atraviesa por una crisis de salud mental es, por desgracia, el día a día de la atención hospitalaria en España. ¿Cómo es posible que siga siendo habitual el uso de contenciones mecánicas, una práctica que la ONU considera tortura? ¿Por qué no se aplica la legislación vigente que protege los derechos de las personas con problemas de salud mental? ¿Cuáles son las alternativas y qué hace falta para convertirlas en realidad? Sobre esta y otras cuestiones reflexiona José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA, en esta entrevista para la Revista Encuentro.

José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA
José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA

¿A qué es debido que, en pleno siglo XXI, se sigan produciendo situaciones de violencia en las que las personas con problemas de salud mental son lamentablemente las víctimas?

A la persistencia de los aspectos más oscuros de lo humano y al miedo ancestral por la locura o la enfermedad mental y, en general, por la diversidad y las intolerancias hacia las diferencias.

En el campo de la salud contribuye a ello la soberbia, la prepotencia y el poder absoluto con el que se desenvuelven muchas disciplinas con escaso o nulo cuidado hacia el ser y su dignidad.

¿Por qué se siguen produciendo las contenciones mecánicas y/o farmacológicas en los centros hospitalarios a las personas con problemas de salud mental?

Hay mucho escrito sobre ello: falta de voluntad política, insuficiente conciencia de lo aberrante de dichas prácticas, déficits de empatía y compasión para entender el sufrimiento que generan, desinterés por lo humano que hay en cada ser que sufre, predominio de la seguridad y el control sobre la libertad y la autonomía, miedos de los profesionales a que el alejamiento de ciertas prácticas pudiera ser tildado de abandono del paciente, falta de valentía para afrontar modos nuevos y menos dañinos, etc.

Estoy seguro de que pocos profesionales no siente repugnancia cuando acceden a dichas prácticas, pero un exceso de adaptación a la institución les lleva a, muy prontamente, aceptarlas cuando no a justificarlas. No otra cosa lleva a muchos a pensar que tales prácticas, “bien administradas”, son terapéuticas. No lo son y, si tuvieran efectos terapéuticos, sería al coste del sometimiento y la asimetría del poder entre expertos y usuarios. El fin no puede justificar los medios y menos cuando estos se acercan a lo cruel, si no es que caen en ello. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos.

¿Por qué no se termina de aplicar la legislación (en este caso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha firmado y ratificado el Estado español) para erradicar este tipo de actuaciones?

Yo no entiendo por qué se tarda tanto ni las resistencias que hay para un desarrollo atrevido e ilusionado de las propuestas de la Convención. Creo que sigue habiendo mucho miedo a la libertad y a la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia y el descontrol atribuidos a las personas con problemas de salud mental.

«El fin no puede justificar los medios, y menos cuando estos se acercan a lo cruel. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos»

¿Dónde piensas que se encuentra el “espacio de mejora” para terminar con estas situaciones?

El espacio de mejora está en las muy necesarias transformaciones de una práctica en salud mental que cuente con el sujeto; que tenga un mayor soporte político que se traduce en disposición de recursos de diverso signo; en un desarrollo comunitario que incluya a todos, a cada uno con su ritmo y su diversidad, pero con iguales derechos y dignidad; que esté sustentada en más valores y menos supuestas evidencias llamadas científicas que ya sabemos lo que muchas veces quieren decir, etc.

Si entendemos que el uso de las contenciones mecánicas y farmacológicas debería ser el último recurso… ¿sería posible la creación de alternativas en las unidades de atención psiquiátrica? ¿Cuáles serían esas alternativas?

Hay alternativas a las indeseadas prácticas coercitivas. Unas son más fáciles de llevar a cabo porque solo requieren un cambio de actitud ante el otro, un aumento de la empatía y la compasión como principio ético. Aunque no siempre es fácil el cambio de las actitudes, hay muchos profesionales que sufren con dichas prácticas y están predispuestos a un cambio si cuentan con los apoyos adecuados. Tales apoyos pueden ser ordenados del siguiente modo:

Primero, el cumplimiento de las normativas que contempla la ley y mejora de estas para que estén alineadas con los derechos de las personas y los principios éticos.

Segundo, el desarrollo de equipos comunitarios que atiendan las crisis, que son los momentos en los que muy frecuentemente se ponen en marcha las coerciones, evitando así el traslado a lugares donde la contención puede hacerse más complicada por las características organizativas y físicas del propio espacio.

Tercero, el incremento de recursos profesionales y modificación de los espacios para hacerlos menos hostiles y más contenedores.

Cuarto, implementar apoyos a los profesionales para ayudarles a crear un espacio relacional donde ellos mismos se sientan contenidos y estimulados a implicarse en nuevas prácticas alejadas de las relaciones de poder y actitudes innecesariamente defensivas.

Y quinto, reconocer el saber de las personas con experiencia propia y de sus familiares y cercanos para aportar a la planificación de servicios y facilitar su participación en los equipos que atienden a personas en situaciones de muy alta dificultad.

El resultado de todo será un modo de atención que construye unos vínculos sustentados en el buen trato y los efectos terapéuticos que de este se derivan.

«Sigue habiendo mucho miedo a la libertad y a la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia»

¿Qué impacto puede llegar a tener el empleo de este tipo de prácticas en la relación entre la persona que es atada y el o la profesional? ¿Qué consecuencia puede tener en la autoestima de la propia persona?

Las muy frecuentes prácticas coercitivas han tenido un alto silencio y un bajo registro oficial en las historias clínicas. En cambio, el registro emocional y biográfico en aquellos que las padecen es impactante. Lo sabemos por los dolorosos relatos de quienes las sufren. Afectan a la autoestima porque el registro emocional de quien las sufre es de desprecio y atentado a su dignidad. Fortalecen un modo de vínculo de sometimiento porque, con la rebeldía a las mismas, lo que puede devenir es un incremento del abuso y del maltrato o de aumento de la medicación o del control.

A esa situación en la que una persona que puede estar sufriendo violencia no tiene posibilidad de apelación ante un tercero que lo defienda, la llamo “encerrona trágica”, porque lo mejor para no incrementar la incomprensión y el daño es el silencio y la sumisión. El resultado es una terrible impotencia y quienes pueden salirse de esa situación y contarla se llaman a sí mismos, y con mucha razón, supervivientes.

Por supuesto que dañan el vínculo terapéutico y casi hace imposible su continuidad desde la posición de horizontalidad y autonomía; lo único que queda es el sometimiento al que a veces se llama adherencia al tratamiento, término tan rechazable como las prácticas planteadas como aumento de la conciencia de enfermedad. Porque la coerción no es terapéutica y hiere la dignidad. Terapéutico es el buen trato, la mirada atenta, el fomento de la autonomía, el cuidar con esmero y el permanente ejercicio de respeto a lo valioso que es todo ser y de cumplir el primer mandato ético de que lo primero de todo es no dañar.

Entrevista publicada en el nº 3 de la Revista Encuentro, 2020.