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08 feb 2017

Centenares de personas protestan ante el Tribunal Constitucional para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad

La concentración ha sido organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), DOWN ESPAÑA y Plena Inclusión. En representación del movimiento asociativo reunido en SALUD MENTAL ESPAÑA ha acudido el presidente de la Confederación, Nel González Zapico.

2017_02_08_No_55-foto+3El desencadenante de la protesta ha sido el fallo en contra del TC a un recurso de amparo presentado por la familia de Mara, una joven con discapacidad intelectual que lucha para poder ejercer el al voto.

El desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las ratificada por España en 2008.

Precisamente, durante la protesta, la madre de Mara y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual miembro de Plena Inclusión, han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto en el que se denuncia la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad al arrebatarles el . Al resto de la ciudadanía no se le realiza un examen para estudiar si alguien cuenta o no con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad.

Las personas asistentes han coreado lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas en las que podía leer “mi voto también cuenta”. Además, al acto han acudido personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha.

FRUSTRACIÓN Y DECEPCIÓN

Para el presidente del , Luis Cayo “la experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad”.

“Y en esta cuestión del derecho al voto, el Tribunal Constitucional mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”, ha señalado Cayo.

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