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31 may 2010

El CERMI emite un comunicado y difunde un documento en contra de los recortes sociales

El Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, del que FEAFES forma parte, en su reunión del día 27 de mayo de 2010, celebrada en el Senado de España, adoptó el siguiente acuerdo:

Reunión CERMI estatal

1º La organizada expresa su firme rechazo a las decisiones restrictivas de derechos y prestaciones sociales contenidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En especial, muestra su oposición a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas a favor de personas en situación de dependencia derivadas de la Ley 39/2006, ya que va a suponer una reducción en la protección económica de estas personas y de sus familias, mermando incluso situaciones consolidadas, que van a sufrir los efectos negativos de la pésima gestión de muchas Comunidades Autónomas. Ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad, con grandes necesidades de apoyo para su autonomía personal, van a pagar las consecuencias de la actuación de unas Administraciones territoriales que no han sido capaces de resolver las solicitudes de prestaciones en los plazos marcados por la propia Ley. Muchas que perciben pensiones de los distintos sistemas públicos de previsión social van también a verse perjudicados por las medidas en materia de congelación de este tipo de prestaciones.

2º La Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ésta crea, cuyo despliegue en sus poco más de tres años de andadura ha sido desigual e incompleto, frustrando muchas de las expectativas despertadas, no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta.

3º Los en el ámbito de la discapacidad no son por desgracia nuevos. En muchas por no decir todas las comunidades autónomas, han venido produciéndose en los últimos dos o tres años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de los hombres y mujeres con discapacidad y sus familias.

4º La superación de la actual crisis económica y de empleo, que sufren las personas con discapacidad y sus familias con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social, que en España son todavía débiles, inestables y discontinuos. Las necesarias medidas reordenación y racionalización del sector y de las cuentas públicas han de recaer con preferencia en aquellos ámbitos, entornos y estructuras que no sólo no generan valor, riqueza y cohesión sociales, sino que han estado y están en el origen de la actual situación de crisis, constituyendo un lastre para el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

5º El , como organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias, cuya misión consiste en incidir políticamente allí donde se toman las decisiones, actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusión y las protección sociales de los grupos ciudadanos más vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presión para la consecución de estos objetivos.

6º En estos momentos en los que un contexto económico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible.

7º El CERMI Estatal invita a los CERMIS Autonómicos ha pronunciarse pública y solemnemente contra los recortes sociales en sus respectivos territorios, para que la discapacidad organizada esté presente y haga oír su voz en todas los ámbitos de decisión, de relación y de convivencia.

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