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cermiAl haberse aprobado por vía de urgencia y sin consulta previa con los sectores sociales concernidos como el de las personas con discapacidad y sus familias, que presentan en la mayoría de las ocasiones necesidades de salud más intensas y específicas, la reforma ha modificado determinadas regulaciones de las prestaciones sanitarias que perjudican gravemente a este grupo de población.

La tramitación como proyecto de ley de la reforma sanitaria permitiría subsanar estos impactos negativos a través de la incorporación de cambios en el texto legal, que resituaran a las personas con discapacidad en un grado mínimo aceptable de atención sanitaria por parte del sistema nacional de salud. Como elementos de la reforma que deben ser revisados ineludiblemente, el CERMI señala la ampliación del concepto de asegurado a todas las personas con discapacidad, desde el 33% de grado de discapacidad, y no limitarlo a partir del 65% como establece el real decreto-ley.

Además, el CERMI reclama la reintroducción de la prestación ortoprotésica en la cartera común básica del sistema y que en ningún caso sea considerada, cuando se trate de personas con discapacidad, como prestación suplementaria, sometida a copago, dado que estos productos de apoyo son esenciales para una mínima autonomía personal.

Otra cuestión relevante es que se dote de una regulación específica de la prestación del transporte sanitario para que las personas con discapacidad que lo precisen para acudir a tratamientos, terapias y cuidados médicos relacionados con su discapacidad estén exentas de copago.

Asimismo, el CERMI pide que quede meridianamente claro en la normativa que las personas con enfermedades crónicas queden exoneradas de ningún tipo de aportación en relación con los medicamentos que se les prescriban como consecuencia de esa cronicidad.

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El CERMI pide al Congreso que la reforma sanitaria se tramite como proyecto de ley para corregir los aspectos contrarios a la discapacidad

07/05/2012

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que acuerden tramitar la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno mediante real decreto-ley como proyecto de ley, con el fin de poder introducir enmiendas que corrijan los aspectos negativos que afectan a las personas con discapacidad y sus familias, y que reducen el nivel de asistencia logrado en los últimos años.

cermiAl haberse aprobado por vía de urgencia y sin consulta previa con los sectores sociales concernidos como el de las personas con discapacidad y sus familias, que presentan en la mayoría de las ocasiones necesidades de salud más intensas y específicas, la reforma ha modificado determinadas regulaciones de las prestaciones sanitarias que perjudican gravemente a este grupo de población.

La tramitación como proyecto de ley de la reforma sanitaria permitiría subsanar estos impactos negativos a través de la incorporación de cambios en el texto legal, que resituaran a las personas con discapacidad en un grado mínimo aceptable de atención sanitaria por parte del sistema nacional de salud. Como elementos de la reforma que deben ser revisados ineludiblemente, el CERMI señala la ampliación del concepto de asegurado a todas las personas con discapacidad, desde el 33% de grado de discapacidad, y no limitarlo a partir del 65% como establece el real decreto-ley.

Además, el CERMI reclama la reintroducción de la prestación ortoprotésica en la cartera común básica del sistema y que en ningún caso sea considerada, cuando se trate de personas con discapacidad, como prestación suplementaria, sometida a copago, dado que estos productos de apoyo son esenciales para una mínima autonomía personal.

Otra cuestión relevante es que se dote de una regulación específica de la prestación del transporte sanitario para que las personas con discapacidad que lo precisen para acudir a tratamientos, terapias y cuidados médicos relacionados con su discapacidad estén exentas de copago.

Asimismo, el CERMI pide que quede meridianamente claro en la normativa que las personas con enfermedades crónicas queden exoneradas de ningún tipo de aportación en relación con los medicamentos que se les prescriban como consecuencia de esa cronicidad.