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    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text]La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra el inicio del trabajo, la pasada semana por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en una proposición de ley de modificación del Código Penal cuyo objetivo es terminar con las esterilizaciones de personas con discapacidad.

Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), "esta Comisión constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente".

Comienza así la tramitación de la iniciativa legislativa, inspirada por el movimiento Cermi Mujeres, y cuyo contenido forma parte de una reivindicación que desde hace años han puesto sobre la mesa las mujeres con discapacidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_single_image image="70308" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2019/"][/vc_column][vc_column width="3/4"][vc_column_text]En el caso de las mujeres con una discapacidad psicosocial, la situación empeora debido al estigma social que sufren atribuido a los problemas de salud mental. La Comisión de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA recoge cada año todos los casos de este tipo, a través de su Informe Anual sobre los Derechos Humanos en la Salud Mental en España, e igualmente, es una de las denuncias que ha puesto sobre la mesa la Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y responsable de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que “las mujeres con discapacidad psicosocial son presentadas bajo la sombra de mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la `buena madre´ y la `loca peligrosa´. Por ello, se sitúa como una especie de `subcategoría´ aparte, susceptible de sufrir prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo que, pese a ser contrarias a las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, en nuestro país a día de hoy siguen siendo legales".

Trayectoria y enmiendas

La proposición de ley se presentó hace unos meses en el Senado, de la mano del Grupo Ciudadanos, a demanda y a partir de un texto de la Fundación Cermi Mujeres. Fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad, a excepción de dos votos en contra por parte de Vox y una abstención de Teruel Existe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ya en la fase actual, el grupo socialista ha propuesto añadir una nueva disposición final para que "en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales -incluidos los tecnológicos- para la toma de decisiones, recibirán la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada".

Qué son las esterilizaciones forzadas

Las esterilizaciones forzadas son intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales: los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal. Tanto las esterilizaciones forzadas como los abortos coercitivos se basan en la creencia de la irresponsabilidad y de la incapacidad de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual de ser madres, por lo que de forma “preventiva” se les esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su embarazo.

El Convenio de Estambul prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como “inaceptable y con consecuencias de por vida” además de una “violación generalizada de los derechos humanos”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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SALUD MENTAL ESPAÑA celebra los avances sobre la proposición de ley, impulsada por Cermi Mujeres, para erradicar las esterilizaciones forzadas

14/09/2020

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha comenzado a trabajar en una proposición de ley de modificación del Código Penal, cuyo fin es terminar con las esterilizaciones de las mujeres con discapacidad. Estas intervenciones se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, y están expresamente prohibidas por el Convenio de Estambul.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA celebra el inicio del trabajo, la pasada semana por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en una proposición de ley de modificación del Código Penal cuyo objetivo es terminar con las esterilizaciones de personas con discapacidad.

Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “esta Comisión constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente”.

Comienza así la tramitación de la iniciativa legislativa, inspirada por el movimiento Cermi Mujeres, y cuyo contenido forma parte de una reivindicación que desde hace años han puesto sobre la mesa las mujeres con discapacidad.

Portada Informe DDHH 2019

En el caso de las mujeres con una discapacidad psicosocial, la situación empeora debido al estigma social que sufren atribuido a los problemas de salud mental. La Comisión de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA recoge cada año todos los casos de este tipo, a través de su Informe Anual sobre los Derechos Humanos en la Salud Mental en España, e igualmente, es una de las denuncias que ha puesto sobre la mesa la Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y responsable de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que “las mujeres con discapacidad psicosocial son presentadas bajo la sombra de mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la `buena madre´ y la `loca peligrosa´. Por ello, se sitúa como una especie de `subcategoría´ aparte, susceptible de sufrir prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo que, pese a ser contrarias a las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, en nuestro país a día de hoy siguen siendo legales“.

Trayectoria y enmiendas

La proposición de ley se presentó hace unos meses en el Senado, de la mano del Grupo Ciudadanos, a demanda y a partir de un texto de la Fundación Cermi Mujeres. Fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad, a excepción de dos votos en contra por parte de Vox y una abstención de Teruel Existe.

Ya en la fase actual, el grupo socialista ha propuesto añadir una nueva disposición final para que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales -incluidos los tecnológicos- para la toma de decisiones, recibirán la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada“.

Qué son las esterilizaciones forzadas

Las esterilizaciones forzadas son intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales: los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal. Tanto las esterilizaciones forzadas como los abortos coercitivos se basan en la creencia de la irresponsabilidad y de la incapacidad de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual de ser madres, por lo que de forma “preventiva” se les esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su embarazo.

El Convenio de Estambul prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como “inaceptable y con consecuencias de por vida” además de una “violación generalizada de los derechos humanos”.