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14 jun 2017

“No se atiende la necesidad de promoción y atención de una salud mental basada en los derechos”

Así lo revela el Informe emitido por el Relator Especial de la ONU, Dainius Pūras, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental centrado, básicamente, en el derecho de toda persona a la salud mental.

dainius-puras-relator-especial-de-las-naciones-unidas-Como parte de la agenda temática del Relator Especial de la ONU, que incluye la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, ha emitido el Informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental centrado, básicamente, en el derecho de toda persona a la salud mental, un documento en el que denuncia que la es un ámbito que se ha descuidado con frecuencia y en el que “cuando se le destinan recursos, prevalecen modelos, actitudes y desequilibrios ineficaces y perjudiciales”.

Este Informe, que es el resultado de amplias consultas realizadas a representantes de movimientos relacionados con la discapacidad, personas usuarias de los servicios de salud mental, profesionales de este ámbito o miembros de los mecanismos de de las Naciones Unidas, entre otros, pone negro sobre blanco “el hecho de que en el contexto actual no se aborden las violaciones de los derechos humanos producidos en los sistemas de atención a la salud mental”. 

Según apunta el documento las personas con problemas de salud mental encuentran, en el ejercicio de sus derechos, “barreras derivadas de una deficiencia real o supuesta y, por consiguiente, están extremadamente expuestas a las violaciones de los derechos humanos en los centros de salud mental”.

Además, el Relator estima que “a nivel mundial se destina a la salud mental menos del 7% de los presupuestos de salud” y que la mayor parte de esta inversión “se dedica a la atención de larga duración en instituciones y a los hospitales psiquiátricos, lo que se traduce directamente en ausencia casi total de políticas para la promoción integral de la salud mental”.

Y esta premisa lleva al Relator a apuntar que “durante decenios, los servicios de salud mental se han regido por un paradigma biomédico reduccionista que ha contribuido a la exclusión, el descuido, la coacción y el maltrato de las personas con discapacidad psicosocial”.

Por ello “se deberían ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario y abandonar la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” y facilitar así “la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento” que conlleve “un cambio de paradigma basado en la recuperación y la ”.

Por ello el Informe reconoce la importancia y el trabajo que han desarrollado a lo largo de los últimos años “las acciones organizadas de la sociedad civil, en especial los movimientos liderados por usuarios de servicios deSede ONU salud mental” las cuales han tenido “una importancia crucial para señalar las deficiencias de los servicios tradicionales de atención a la salud mental a la hora de responder a sus necesidades y garantizar sus derechos”.

Este trabajo ha sido avalado y respaldado por la comunidad europea con el desarrollo de legislación, como puede ser el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la inclusión en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la salud mental, cuyos objetivos hacen mención por primera vez  a la necesidad de promover la salud mental, en concreto el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Una de las metas para 2030 es “reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”.

Además de ello el pasado 29 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un proyecto de resolución en el que manifiesta su profunda preocupación por la discriminación y la exclusión de las personas con problemas de salud mental e insta a que todos los Estados “adopten medidas activas para integrar plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y sociales”.

Recomendaciones y próximos pasos

Una vez analizada la situación de la salud mental el Relator Especial hace un llamamiento al liderazgo para “responder a la carga mundial de obstáculos y para que la innovación basada en los derechos en materia de salud mental se incorpore en la política pública” y para que “los Estados adopten medidas inmediatas para establecer marcos participativos, inclusivos y significativos en la adopción de decisiones a este respecto”.

“Es necesario que se reajusten las prioridades de la investigación en la esfera de la salud mental a fin de promover una investigación en ciencias sociales” y que “los Estados y otras partes interesadas den prioridad a la promoción de la salud mental y la prevención en la política pública y aumenten las inversiones en todos los ministerios pertinentes”.

Por todo ello, el Relator Especial está tratando de elaborar, a través de un proceso participativo e inclusivo y un diálogo abierto, unas orientaciones en materia de derechos humanos y salud mental a fin de brindar apoyo a todas las partes interesadas en la aplicación de políticas de salud mental basadas en derechos.

Puedes descargar el documento completo: Informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental centrado, básicamente, en el derecho de toda persona a la salud mental.

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