El presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, compareció ayer ante la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental, en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención, González Zapico expuso algunas de las reivindicaciones de SALUD MENTAL ESPAÑA en distintos ámbitos, junto con medidas que puedan favorecer el bienestar emocional y una mejora de la salud mental de la población, en general, y de las personas con problemas de salud mental, en particular.
Casi a las puertas del Día Mundial de la Salud Mental, que este año está dedicado a la salud mental y el trabajo, el presidente de la Confederación quiso comenzar su intervención recordando la urgencia de tomar medidas para que se cuiden los entornos y las condiciones laborales. Recordó que el 47% de las personas ocupadas en nuestro país señalan encontrarse expuestas a factores de riesgo para su salud mental en su lugar de trabajo. «Bajos salarios, temporalidad, falta de conciliación, elevados ritmos o sobrecarga de trabajo, el acoso laboral, o la brecha salarial, son algunas de las formas que puede adoptar la precariedad laboral. Y todo ello impacta directamente en la salud mental», recriminó González Zapico.
A continuación, subrayó también la baja inserción laboral de las personas con problemas de salud mental como una de las principales barreras para su inclusión social, «debido en gran medida a los prejuicios que todavía tienen muchas empresas y administraciones públicas. El empleo forma parte de su evolución y permite ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, así como formar parte activa de la sociedad». Para la Confederación, las empresas habrían de implantar sistemas de apoyos, «igual que se adaptan los lugares de trabajo para otras discapacidades» y medidas de lucha contra el estigma, para asegurar una inclusión real y efectiva de las personas con problemas de salud mental en el ámbito laboral. En este sentido, González destacó que solo el 12,9% de las personas con un diagnóstico en salud mental se han atrevido a compartirlo en su entorno de trabajo, mientras que otros problemas de salud física se comparten con mayor normalidad. «Esto nos da una idea del miedo que tienen a compartir con su entorno laboral lo que les pasa», sentenció.
La problemática de las adicciones, así como la salud mental en la juventud, fueron otros dos temas que abordó Nel González en esta comisión. Para ilustrar su intervención, recogió datos de la FAD que alertan de la elevada tasa de jóvenes que han manifestado haber tenido algún problema de salud mental (casi el 60%), mientras que solo un 28% se pudo permitir pagar una terapia. De ahí, que «desde la Confederación reclamemos la implementación de una asignatura de educación emocional, adaptada a las necesidades de cada nivel educativo», pidió.
Igualmente preocupante es el incremento de las tasas de suicidio en la población, en general, y entre los y las jóvenes, en particular. «Para atender esta situación de emergencia, hemos de tener una sanidad pública fuerte y sólida», exigió González, quien calificó de «inadmisibles» las listas de espera que hay en la actualidad para ver a profesionales de la Psiquiatría, así como el tiempo del de consulta y la falta de profesionales de Psicología en la sanidad púbica.
En paralelo, aprovechó la oportunidad para resaltar que la atención a la salud mental debe hacerse de manera transversal, teniendo en cuenta las distintas esferas que afectan a la persona y «en cualquier caso, no solo atendiendo a lo sanitario, sino también a lo social».
El presidente de la Confederación, cerró su intervención recordando a las y los presentes que todas las cuestiones elevadas a este foro van en línea con las recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la OMS. Recordó, además, la existencia, desde 2022, del primer Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad; una iniciativa pionera, de la Confederación, cuya función principal es orientar de forma gratuita acerca de cómo actuar en caso de sufrir vulneraciones de derechos por causa de un problema de salud mental.
Aprovechó la oportunidad para denunciar, una vez más, las constantes vulneraciones de derechos que se siguen practicando a día de hoy en las unidades de Psiquiatría de muchos hospitales de este país. En este sentido, recordó que España está obligada a cumplir con los preceptos de la Convención de la ONU Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: «es de carácter vinculante, está en vigor desde 2008 y España es Estado firmante. Algunos de sus imperativos, en forma de reconocimiento de derechos, ya se han ido trasladando al ordenamiento jurídico español. Pero otros, están lejos de materializarse. Estamos obligados, como país, a adaptar nuestra práctica clínica a los estándares de Derechos Humanos. Ustedes tienen la clave para provocar un verdadero cambio que nos acerque a la normativa ya aprobada. Es una cuestión de dignidad de las personas».
En la sesión también participaron:
Magda Casamitjana i Aguilà, directora del Pacte Nacional de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya
Tomás López Corominas, presidente de Hierbabuena, Asociación para la salud mental.
Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
Celso Arango López, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
