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    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text]Llegó al ámbito del activismo, como él mismo explica, de manera “circunstancial”. Sin embargo, a partir de ese momento, Jesús Martín Blanco (Eljas, Cáceres) ha dedicado los últimos 20 años a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, “la causa de mi vida”, según afirma. Licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca, el que fuera delegado de Derechos Humanos y para la Convención ONU de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha cambiado el activismo por la responsabilidad política que ostenta tras su reciente nombramiento como Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.  “Dentro de las oportunidades que te da lo público, mi intención es seguir contribuyendo a que este país se transforme y no vayamos hacia atrás”.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="83625" img_size="full" add_caption="yes" alignment="center" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]¿Cómo afronta esta nueva etapa de responsabilidad política? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? 

He dado el paso del activismo al servicio público con el pleno convencimiento de que en lo público se genera y se contribuye a la equidad ciudadana. Esta nueva etapa la asumo con mucha responsabilidad, humildad, ilusión, ambición de cambiar y mejorar la vida de las personas con discapacidad… y con el firme deseo de que, cuando yo me vaya, esta sociedad sea un poco mejor.

Este periodo se va a marcar por tres cuestiones. La primera, poner a las personas en el centro: es el momento de la autodeterminación de las personas con discapacidad. Tenemos que liberarnos de cualquier tipo de tutela. También queremos afianzar el diálogo civil. Y trabajaremos en el marco de la Convención, ese paraguas que nos dice a las personas con discapacidad, sin ambages, que somos titulares de todos los derechos humanos.

Ahora que menciona la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿por qué diría que sigue sin cumplirse en su totalidad, y de qué forma pueden seguir dándose pasos para avanzar en este sentido?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

"Es el momento de la autodeterminación de las personas con discapacidad. Tenemos que liberarnos de cualquier tipo de tutela"

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En los últimos años hemos dado pasos decisivos: hemos sacado del limbo electoral a la ciudadanía con discapacidad, hemos acometido una reforma civil y procesal sin precedentes para que se respete la voluntad de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico, y hemos erradicado también una violencia machista, patriarcal y capacitista, como eran las esterilizaciones forzadas.

Tenemos una deuda muy importante con el tema de la accesibilidad universal, mejorar las tasas de empleabilidad y la educación inclusiva. Son tres ámbitos en los que esta dirección general tendrá un papel bisagra, porque nuestra realidad tiene muchas aristas.

En el caso concreto de las personas con problemas de salud mental, existen todavía a día de hoy numerosas vulneraciones de derechos. ¿Cómo valora la situación actual de este colectivo?

Necesita un abordaje exigente desde los derechos humanos, para que el diagnóstico deje de colonizar la existencia humana. Nuestra contribución a la Estrategia Española de Salud Mental, que será aprobada en los próximos meses, va a ser esta. Además, vamos a reforzar la Estrategia Española de Discapacidad, que incluirá medidas alternativas a prácticas que colisionan con los tratados internacionales ratificados por España, como los internamientos y las contenciones forzadas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

"En 2021 no podemos tener a personas viviendo al margen de la comunidad, no formando parte del progreso del país"

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vamos a esforzarnos mucho para emprender una estrategia española de desinstitucionalización. En 2021 no podemos tener a personas viviendo al margen de la comunidad, no formando parte del progreso del país. Tenemos que asegurar su bienestar y que su voz no solo se oiga, sino que se escuche y se respete.

En su opinión, ¿qué aspectos serían necesarios para que la atención comunitaria en salud mental fuese una realidad?

La pandemia ha revelado que este modelo está caduco: hay que renovarlo. Una tercera persona no puede decidir cuál va a ser la vida de otra en los últimos años de su vida, ni puede decir (por una esquizofrenia, un trastorno bipolar, o cualquier elemento que afecte a la salud mental) si tiene que vivir o no en su casa, con los apoyos correspondientes. Para mí es clave respetar a esas compatriotas para que tengan voz en todos los espacios de la democracia. Tenemos que hacerlo en la cotidianeidad de su vida, en cuestiones tan fáciles de entender para las personas que tienen cuerpos y mentes normativos, como decidir dónde quieren vivir, cuándo quieren tener relaciones sexuales, cuándo y qué quieren comer… si una persona sin discapacidad hace un ejercicio de empatía, serían impensables. Sin embargo, sí que están socialmente legitimadas para las personas con discapacidad.

En España, la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental (16,9%) es la más baja de todas las discapacidades. En su opinión, ¿tiene esto que ver con el estigma que todavía sufre este colectivo?

Tenemos una deuda con las personas con discapacidad psicosocial. El empleo es una manera importante de conciencia colectiva porque ahí pasamos muchas horas: tener un compañero o compañera con un problema de salud mental va a ser una herramienta muy potente de toma de conciencia. Queremos personas con discapacidad en todos los espacios: tomándose cañas, trabajando en un aeropuerto, en una consultora, en el Congreso de los Diputados… porque esa es la realidad social. De lo contrario, estaríamos fallando como Gobierno.

Tras la pandemia, numerosas asociaciones, entidades y organismos nacionales e internacionales, están alertando del enorme impacto que el COVID-19 está provocando en la salud mental de la población. ¿Qué medidas sería necesario tomar para paliar estos efectos?

Yo confío en que la Estrategia de Salud Mental lo aborde, para que la salud mental deje de ser esa hermana tutelada en el sistema de salud español, adquiera mayoría de edad y tenga entidad propia en el sistema nacional de salud. Esa es una de las cuestiones que la pandemia ha puesto encima de la mesa pero que era necesidad perentoria.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="83633" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

"Confío en que la salud mental deje de ser esa hermana tutelada en el sistema de salud español, adquiera mayoría de edad y tenga entidad propia"

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Sí la tengo. Creo que el Estado debe ser artífice del cambio. Debemos estar vigilantes para que, cuando vuelva esa normalidad, la salud mental esté donde tiene que estar, que es en el sistema público de salud, con recursos, con una mirada desde los derechos humanos y con la persona en el centro.

SALUD MENTAL ESPAÑA ha reivindicado, junto con CERMI, la paralización del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, que pretende protocolarizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios, lo que supone una vulneración de los derechos de las personas con trastorno mental. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Me sorprende para mal que una institución de derechos humanos como el Consejo de Europa haya dado luz verde a ese texto. Me preocupa que no atienda a lo que le pide la sociedad civil, el Relator de Discapacidad de Naciones Unidas o el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La postura del ministerio ha sido pedir a España, que todavía no ha tomado una posición, que sea contraria a la aprobación de este protocolo adicional. Este ministerio está emprendiendo una política firme, acompañada con presupuestos, de que el tránsito a la comunidad es una cuestión inaplazable. Los derechos humanos a veces son incómodos y generan resistencias porque democratizan el poder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Entrevista publicada en el nº 2 de la Revista Encuentro, 2021.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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4. Jesús Martín Blanco: “Los derechos…

Jesús Martín Blanco: “Los derechos humanos a veces son incómodos y generan resistencias porque democratizan el poder”

11/02/2022

Hablando con... Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entrevista publicada en el nº 2 de la Revista Encuentro, año 2021.

Llegó al ámbito del activismo, como él mismo explica, de manera “circunstancial”. Sin embargo, a partir de ese momento, Jesús Martín Blanco (Eljas, Cáceres) ha dedicado los últimos 20 años a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, “la causa de mi vida”, según afirma. Licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca, el que fuera delegado de Derechos Humanos y para la Convención ONU de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha cambiado el activismo por la responsabilidad política que ostenta tras su reciente nombramiento como Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.  “Dentro de las oportunidades que te da lo público, mi intención es seguir contribuyendo a que este país se transforme y no vayamos hacia atrás”.

 

¿Cómo afronta esta nueva etapa de responsabilidad política? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

He dado el paso del activismo al servicio público con el pleno convencimiento de que en lo público se genera y se contribuye a la equidad ciudadana. Esta nueva etapa la asumo con mucha responsabilidad, humildad, ilusión, ambición de cambiar y mejorar la vida de las personas con discapacidad… y con el firme deseo de que, cuando yo me vaya, esta sociedad sea un poco mejor.

Este periodo se va a marcar por tres cuestiones. La primera, poner a las personas en el centro: es el momento de la autodeterminación de las personas con discapacidad. Tenemos que liberarnos de cualquier tipo de tutela. También queremos afianzar el diálogo civil. Y trabajaremos en el marco de la Convención, ese paraguas que nos dice a las personas con discapacidad, sin ambages, que somos titulares de todos los derechos humanos.

Ahora que menciona la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿por qué diría que sigue sin cumplirse en su totalidad, y de qué forma pueden seguir dándose pasos para avanzar en este sentido?

«Es el momento de la autodeterminación de las personas con discapacidad. Tenemos que liberarnos de cualquier tipo de tutela»

En los últimos años hemos dado pasos decisivos: hemos sacado del limbo electoral a la ciudadanía con discapacidad, hemos acometido una reforma civil y procesal sin precedentes para que se respete la voluntad de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico, y hemos erradicado también una violencia machista, patriarcal y capacitista, como eran las esterilizaciones forzadas.

Tenemos una deuda muy importante con el tema de la accesibilidad universal, mejorar las tasas de empleabilidad y la educación inclusiva. Son tres ámbitos en los que esta dirección general tendrá un papel bisagra, porque nuestra realidad tiene muchas aristas.

En el caso concreto de las personas con problemas de salud mental, existen todavía a día de hoy numerosas vulneraciones de derechos. ¿Cómo valora la situación actual de este colectivo?

Necesita un abordaje exigente desde los derechos humanos, para que el diagnóstico deje de colonizar la existencia humana. Nuestra contribución a la Estrategia Española de Salud Mental, que será aprobada en los próximos meses, va a ser esta. Además, vamos a reforzar la Estrategia Española de Discapacidad, que incluirá medidas alternativas a prácticas que colisionan con los tratados internacionales ratificados por España, como los internamientos y las contenciones forzadas.

«En 2021 no podemos tener a personas viviendo al margen de la comunidad, no formando parte del progreso del país»

Vamos a esforzarnos mucho para emprender una estrategia española de desinstitucionalización. En 2021 no podemos tener a personas viviendo al margen de la comunidad, no formando parte del progreso del país. Tenemos que asegurar su bienestar y que su voz no solo se oiga, sino que se escuche y se respete.

En su opinión, ¿qué aspectos serían necesarios para que la atención comunitaria en salud mental fuese una realidad?

La pandemia ha revelado que este modelo está caduco: hay que renovarlo. Una tercera persona no puede decidir cuál va a ser la vida de otra en los últimos años de su vida, ni puede decir (por una esquizofrenia, un trastorno bipolar, o cualquier elemento que afecte a la salud mental) si tiene que vivir o no en su casa, con los apoyos correspondientes. Para mí es clave respetar a esas compatriotas para que tengan voz en todos los espacios de la democracia. Tenemos que hacerlo en la cotidianeidad de su vida, en cuestiones tan fáciles de entender para las personas que tienen cuerpos y mentes normativos, como decidir dónde quieren vivir, cuándo quieren tener relaciones sexuales, cuándo y qué quieren comer… si una persona sin discapacidad hace un ejercicio de empatía, serían impensables. Sin embargo, sí que están socialmente legitimadas para las personas con discapacidad.

En España, la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental (16,9%) es la más baja de todas las discapacidades. En su opinión, ¿tiene esto que ver con el estigma que todavía sufre este colectivo?

Tenemos una deuda con las personas con discapacidad psicosocial. El empleo es una manera importante de conciencia colectiva porque ahí pasamos muchas horas: tener un compañero o compañera con un problema de salud mental va a ser una herramienta muy potente de toma de conciencia. Queremos personas con discapacidad en todos los espacios: tomándose cañas, trabajando en un aeropuerto, en una consultora, en el Congreso de los Diputados… porque esa es la realidad social. De lo contrario, estaríamos fallando como Gobierno.

Tras la pandemia, numerosas asociaciones, entidades y organismos nacionales e internacionales, están alertando del enorme impacto que el COVID-19 está provocando en la salud mental de la población. ¿Qué medidas sería necesario tomar para paliar estos efectos?

Yo confío en que la Estrategia de Salud Mental lo aborde, para que la salud mental deje de ser esa hermana tutelada en el sistema de salud español, adquiera mayoría de edad y tenga entidad propia en el sistema nacional de salud. Esa es una de las cuestiones que la pandemia ha puesto encima de la mesa pero que era necesidad perentoria.

«Confío en que la salud mental deje de ser esa hermana tutelada en el sistema de salud español, adquiera mayoría de edad y tenga entidad propia»

No sé si tiene la sensación de que, a raíz de la pandemia, la población se ha empezado a concienciar de que todos tenemos salud mental y de que debemos cuidarla. ¿Es necesario empezar a priorizar la salud mental en la agenda política?

Sí la tengo. Creo que el Estado debe ser artífice del cambio. Debemos estar vigilantes para que, cuando vuelva esa normalidad, la salud mental esté donde tiene que estar, que es en el sistema público de salud, con recursos, con una mirada desde los derechos humanos y con la persona en el centro.

SALUD MENTAL ESPAÑA ha reivindicado, junto con CERMI, la paralización del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, que pretende protocolarizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios, lo que supone una vulneración de los derechos de las personas con trastorno mental. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Me sorprende para mal que una institución de derechos humanos como el Consejo de Europa haya dado luz verde a ese texto. Me preocupa que no atienda a lo que le pide la sociedad civil, el Relator de Discapacidad de Naciones Unidas o el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La postura del ministerio ha sido pedir a España, que todavía no ha tomado una posición, que sea contraria a la aprobación de este protocolo adicional. Este ministerio está emprendiendo una política firme, acompañada con presupuestos, de que el tránsito a la comunidad es una cuestión inaplazable. Los derechos humanos a veces son incómodos y generan resistencias porque democratizan el poder.

Entrevista publicada en el nº 2 de la Revista Encuentro, 2021.

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