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La jornada se centró en analizar las consecuencias de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El objetivo de esta reforma legislativa es la adaptación del ordenamiento jurídico español a lo dispuesto por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con su artículo 12, que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas de apoyo que puedan necesitar, estableciendo salvaguardias o mecanismos de garantía para impedir abusos.
En la cita, organizada en el Salón de Actos del Archivo Regional de Murcia, intervinieron representantes institucionales, así como de entidades sociales y de grupos profesionales necesarios para la aplicación de la ley. Fue Isabel Franco Sánchez, Vicepresidenta del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la encargada de inaugurar la sesión. Y, a continuación, María José Lozano Semitiel, Gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) presentó y contextualizó la jornada.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Poner en el centro a los derechos humanos
Como plato fuerte del día, se creó una mesa redonda para analizar las consecuencias jurídicas y asistenciales de la entrada en vigor de esta Ley 8/2021, moderada por Lucía Hernández Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, manifestó tener buenas perspectivas en relación con esta reforma, a pesar de que “todavía hay un camino por delante que hay que recorrer”. Tal y como expresó, “se trata de mirar a la persona como persona, como sujeto de derechos y no como objeto de atención”.
Frente al sistema actual en el que predominaba la sustitución de la toma de decisiones, la Ley 8/2021 pretende que prevalezca el respeto a los derechos, voluntad y preferencias de la persona. Con la nueva ley “si una persona necesita asistencia o ayuda para celebrar un negocio o actuar con trascendencia jurídica”, explicó González, “la decisión de la persona con discapacidad no se habrá de ver sustituida o condicionada por la representación legal designada en la correspondiente sentencia judicial, sino que se proveerá, cuando así lo necesite, un mecanismo de apoyo que la asista en su toma de decisiones y en la formalización del negocio jurídico que haya de llevar a cabo”.
La norma prevé la figura de la curatela representativa como medida excepcional y, en cualquier caso, la persona que ejerza el cargo habrá de actuar conforme a la ideología, creencias o preferencias de la persona a la que representa conforme a lo dispuesto en la correspondiente resolución judicial.
Por otra parte, el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA denunció cómo la carencia de un modelo comunitario de atención a la salud mental “ha estado en el origen de muchas de las denominadas ‘incapacitaciones’”. En este sentido, expresó sus temores acerca de la falta de recursos y de formación específica para aplicar las medidas, considerando necesaria la creación de “una red de figuras de apoyo lo suficientemente amplia como para posibilitar una intervención que gradúe su intensidad en función de las necesidades concretas de la persona en cada momento”.
Además, Nel González cuestionó la idoneidad de establecer la convivencia como criterio determinante para el ejercicio del cargo de curador o curadora. También mostró su preocupación por la “no inclusión de la intervención preceptiva de abogado/a y procurador/a en todos los casos” y apeló a la urgencia de formar, concienciar, sensibilizar y facilitar la especialización de los operadores jurídicos que intervienen en estos procesos.
“Hay que ir más allá del terreno de las buenas intenciones. Se requiere de una inversión económica, una previsión presupuestaria que permita operar esa transición con garantías”, apuntaba González para finalizar su intervención.
Junto a Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, en la mesa redonda también intervinieron: Pablo Martínez Falcón, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Huércal-Overa (Almería); Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias; Salvador Montesinos García, notario; Javier Pallarés Neila, abogado de la Fundación Manantial; Mariano Hernández Monsalve, psiquiatra, supervisor clínico y de equipos de salud mental comunitaria; y Guadalupe Morales Cano, periodista, Directora de la Fundación Mundo Bipolar y Vicepresidenta de la Red Europea de Usuarios y Ex usuarios.
Antes de la clausura del acto, de la mano de Concepción Ruiz Caballero, Directora General de Discapacidad, Instituto Murciano de Acción Social, se generó un espacio para compartir las aportaciones tanto de las personas que asistieron de manera presencial como las que lo hicieron a través de medios virtuales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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Una jornada aborda la nueva ley sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
21/12/2021
SALUD MENTAL ESPAÑA participa en una jornada para analizar la Ley 8/2021 que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA participó el pasado 16 de diciembre en la jornada “Salud Mental. Nuevos Escenarios”, organizada por la Federación de Salud Mental Región de Murcia y la Red de Salud Mental Región de Murcia junto a la Gerencia de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Murcia, Igualdad, LGTBI, Familias y Política social.
La jornada se centró en analizar las consecuencias de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El objetivo de esta reforma legislativa es la adaptación del ordenamiento jurídico español a lo dispuesto por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con su artículo 12, que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas de apoyo que puedan necesitar, estableciendo salvaguardias o mecanismos de garantía para impedir abusos.
En la cita, organizada en el Salón de Actos del Archivo Regional de Murcia, intervinieron representantes institucionales, así como de entidades sociales y de grupos profesionales necesarios para la aplicación de la ley. Fue Isabel Franco Sánchez, Vicepresidenta del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la encargada de inaugurar la sesión. Y, a continuación, María José Lozano Semitiel, Gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) presentó y contextualizó la jornada.
Poner en el centro a los derechos humanos
Como plato fuerte del día, se creó una mesa redonda para analizar las consecuencias jurídicas y asistenciales de la entrada en vigor de esta Ley 8/2021, moderada por Lucía Hernández Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, manifestó tener buenas perspectivas en relación con esta reforma, a pesar de que “todavía hay un camino por delante que hay que recorrer”. Tal y como expresó, “se trata de mirar a la persona como persona, como sujeto de derechos y no como objeto de atención”.
Frente al sistema actual en el que predominaba la sustitución de la toma de decisiones, la Ley 8/2021 pretende que prevalezca el respeto a los derechos, voluntad y preferencias de la persona. Con la nueva ley “si una persona necesita asistencia o ayuda para celebrar un negocio o actuar con trascendencia jurídica”, explicó González, “la decisión de la persona con discapacidad no se habrá de ver sustituida o condicionada por la representación legal designada en la correspondiente sentencia judicial, sino que se proveerá, cuando así lo necesite, un mecanismo de apoyo que la asista en su toma de decisiones y en la formalización del negocio jurídico que haya de llevar a cabo”.
La norma prevé la figura de la curatela representativa como medida excepcional y, en cualquier caso, la persona que ejerza el cargo habrá de actuar conforme a la ideología, creencias o preferencias de la persona a la que representa conforme a lo dispuesto en la correspondiente resolución judicial.
Por otra parte, el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA denunció cómo la carencia de un modelo comunitario de atención a la salud mental “ha estado en el origen de muchas de las denominadas ‘incapacitaciones’”. En este sentido, expresó sus temores acerca de la falta de recursos y de formación específica para aplicar las medidas, considerando necesaria la creación de “una red de figuras de apoyo lo suficientemente amplia como para posibilitar una intervención que gradúe su intensidad en función de las necesidades concretas de la persona en cada momento”.
Además, Nel González cuestionó la idoneidad de establecer la convivencia como criterio determinante para el ejercicio del cargo de curador o curadora. También mostró su preocupación por la “no inclusión de la intervención preceptiva de abogado/a y procurador/a en todos los casos” y apeló a la urgencia de formar, concienciar, sensibilizar y facilitar la especialización de los operadores jurídicos que intervienen en estos procesos.
“Hay que ir más allá del terreno de las buenas intenciones. Se requiere de una inversión económica, una previsión presupuestaria que permita operar esa transición con garantías”, apuntaba González para finalizar su intervención.
Junto a Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, en la mesa redonda también intervinieron: Pablo Martínez Falcón, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Huércal-Overa (Almería); Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias; Salvador Montesinos García, notario; Javier Pallarés Neila, abogado de la Fundación Manantial; Mariano Hernández Monsalve, psiquiatra, supervisor clínico y de equipos de salud mental comunitaria; y Guadalupe Morales Cano, periodista, Directora de la Fundación Mundo Bipolar y Vicepresidenta de la Red Europea de Usuarios y Ex usuarios.
Antes de la clausura del acto, de la mano de Concepción Ruiz Caballero, Directora General de Discapacidad, Instituto Murciano de Acción Social, se generó un espacio para compartir las aportaciones tanto de las personas que asistieron de manera presencial como las que lo hicieron a través de medios virtuales.
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