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    [post_date] => 2023-10-26 09:44:36
    [post_date_gmt] => 2023-10-26 07:44:36
    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text]La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha presentado el informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, que ha elaborado junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en una jornada que ha contado con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, y que se ha retransmitido por streaming.

Este documento parte de un análisis de la legislación vigente en España en materia de atención sociosanitaria a la salud mental, y a partir de ahí, constata que todavía se llevan a cabo algunas prácticas, como los ingresos y los tratamientos involuntarios, que están enfrentadas al enfoque de los derechos humanos y violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. España firmó en 2008 dicha convención, que tiene carácter vinculante para todos los estados firmantes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="98259" img_size="full" add_caption="yes"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]En palabras de Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, “los tratamientos y los ingresos involuntarios en salud mental atentan contra los derechos humanos y no deben tener cabida en el ordenamiento jurídico español salvo en las situaciones de urgencia vital que se definen en el estudio que publicamos hoy. En estos momentos, existe un desfase entre lo que marca la Ley y lo que sucede en los hospitales, áreas de Psiquiatría, urgencias hospitalarias y residencias”. 

Así, el objetivo primordial de este informe, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es promover que se eliminen los automatismos en cuanto al tratamiento y abordaje de la salud mental, de manera que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados, y que cuenten con los cauces oportunos para ello.

En esta línea, el informe plantea también una serie de medidas transitorias que se pueden poner en práctica hasta que España adapte por completo su ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El acto, presentado por el periodista de la Cadena Ser, José Luis Sastre, contó con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. En la apertura intervinieron el presidente de CERMI, Luis Cayo, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Luis Cayo calificó de “infamia colectiva” la realidad de los ingresos y tratamientos involuntarios. “No hay conciencia de la carga vulneratoria de los tratamientos y los ingresos involuntarios. Están tan interiorizados a nivel social y forman parte de tal manera del imaginario colectivo, que no existe escrúpulo de que se esté haciendo algo mal. Siempre se invocan acciones buenistas; que se hacen por el bien de la persona y eso ya nos evita otro tipo de preguntas claves sobre su voluntad, preferencias, dignidad”, denunció el presidente de CERMI. Para Cayo, con este informe “estamos asistiendo a un prolegómeno que será historia en unos años”.

A continuación, José Luis Martínez Donoso coincidió con Cayo en señalar la fecha de hoy “como un antes y un después para los ingresos involuntarios de la salud mental”. Reconoció que la discriminación, la marginación y la exclusión que sufren las personas con discapacidad “se intensifica en salud mental donde el estigma y la falta de comprensión pueden ser aún mayores”.

Por su parte, Jesús Martín Blanco advirtió que “los derechos humanos son incómodos y generan resistencias. Las tuvimos con el derecho al voto y las esterilizaciones forzosas”, por lo que hizo un llamamiento a “tener clara la meta que persigue nuestra inclusión y esta no admite aplazamientos ni debe permitir equidistancias”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Desgranando el informe

El primer espacio de la jornada se destinó al análisis del contenido del informe, desde una perspectiva jurista y especializada.

En él intervinieron algunas de las personas que han participado en la elaboración del informe: Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, y María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="98281" img_size="full" add_caption="yes" onclick="link_image"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Muñoz Escandell apeló a la necesidad de hacer “un cambio de estructuras y de mentalidad” y encuentra en este informe “una guía para que podamos transformar el mundo, cambiar nuestras gafas”. “No podemos asumir las contenciones como tratamientos” “y tenemos que creernos que el cambio es posible”, concluyó la abogada.

Rafael de Asís admitió que en España “se ha avanzado en derechos de personas con discapacidad, pero este tema de los ingresos y tratamientos involuntarios no se ha tocado nunca” y reconoció la “tensión” que puede darse entre el mundo de la salud y el de los derechos, a la hora de poner en marcha este tipo de prácticas, recogidas en los protocolos sanitarios. “Sin embargo, el punto de partida tiene que ser el de los derechos y que ese enfoque de derechos te obligue a poner a la persona en el centro”, interpeló el catedrático.

Según Asís, “ahora se prioriza la organización sanitaria y su buen funcionamiento. La necesidad de cambiar esa mirada y establecer procedimientos que no permitan la violación de los derechos es fundamental”.

Por último, María del Carmen Barranco, hizo visible la especial situación de la discapacidad psicosocial, “que se queda siempre rezagada en cuanto a consecución de derechos”. Barranco denunció la “lamentable, no solo en España sino en toda Europa”, acerca de la aplicación de medidas coercitivas, y que responde a una “ausencia de normativa”. Estamos ante situaciones en las que se usa la fuerza para doblegar la voluntad de las personas”, explicó la catedrática, quien recriminó que “las coerciones no buscan estabilizar o mejorar la salud”.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="98173" img_size="full" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-tratamientos-ingresos-involuntarios-salud-mental/"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Las prácticas coercitivas centran el debate

Tras una pausa, se visionó el documental ’Momo: el vuelo de la nube’, de la directora y guionista Tati Finchi; un corto de media hora en el que se narran las historias de vida, la convivencia con un trastorno mental y el paso por unidades psiquiátricas de Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, y Contxi García de Marina, socia de la Associació Salut Mental Pallars. Con estos testimonios, la obra también deja al descubierto las carencias de la atención sociosanitaria en salud mental.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="98261" img_size="full" add_caption="yes" onclick="link_image"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]El documental deja al descubierto el “trato vejatorio y salvaje” que se recibe en lugares a los que se supone que las personas van a que las cuiden y a curarse.

A continuación, Torrentallé y García de Marina, junto con Francisco Rubio Chuan, vocal de la Junta Directiva de la Federació Salut Mental Catalunya y representante del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de la Confederación, protagonizaron la tercera y última mesa de la jornada, en la que relataron su experiencia con la salud mental, y dejaron constancia de la atención sociosanitaria y las vulneraciones de derechos sufridas.

Para Mercè Torrentallé, hay que hacer un ejercicio de visibilización, pero también de sensibilización e información a la sociedad, porque “en el imaginario colectivo, la imagen de una persona atada es la de un hombre fuerte y violento; y eso no es verdad. Yo estaba volando y no quería bajar y me ataron por eso y me tuvieron dos días atada”.

Asimismo, explicó que la contención física va acompañada de la química, que tiene como consecuencia que “te laxan. Estás en la cama, con pañales, si eres mujer, muchas veces te viene la menstruación. No puedes pedir ayuda porque estás atada y no llegas al timbre”. Mercè aprovechó el foro para denunciar que también se practican contenciones a menores, “a niños de 12 o 13 años, y muchas veces no están acompañados por sus padres o madres”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Contxi García de Marina coincide con su compañera y relata cómo a ella le practicaron contenciones por “chorradas”. La primera vez, “estaba en la sala de fumadores, fumando y haciendo crucigramas. Me puse nerviosa porque no me salían y tiré la revista al suelo. Un enfermero llamó a otros tres, que me metieron en una habitación, me ataron y me tuvieron dos días atada”. 

Francisco Rubio calificó, en tono sarcástico, a este sistema terapéutico como “bello” y denunció que “no son incidencias, sino prácticas habituales en todo el territorio español, tanto en psiquiátricos como en geriátricos.  Por eso me hice activista, para denunciar esta situación”.

Para estas tres personas, la sobremedicación es otro de los abusos que sufren cuando están ingresadas, con el objetivo de “mantenernos como corderitos”, concluye Contxi.

Para terminar, González Zapico recordó que las contenciones mecánicas están consideradas como un acto de tortura por las Naciones Unidas. Es una deshumanización de la persona. Sin embargo, se siguen practicando. “Desde SALUD MENTAL ESPAÑA defendemos que ante la coerción siempre hay alternativa. Y que los tratamientos no deben convertirse en procesos de tortura, vejación o castigo a las personas con trastorno mental. Por ello, abogamos por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos clave: la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de grupos de pares, el Proyecto de Vida o Plan Personal de Futuro, el Plan de Asistencia Integrado, el Documento de Instrucciones Previas o la designación de personas de confianza.
Reclamamos más terapias que fomenten el diálogo y espacios seguros”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_info_banner button_text="Puedes ver algunos de los mejores momentos en esta galería de fotos." button_link="url:https%3A%2F%2Fconsaludmental.org%2Fmultimedia%2Fjornada-ingresos-involuntarios-salud-mental%2F|target:_blank" info_alignment="ib3-info-left" button_color="#e5e5e5" button_text_color="#ff6600" button_text_hover_color="#ff6600" ib3_background="#ffffff" button_font_style="font-weight:bold;"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Jornada retransmitida en directo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=H84WRORtaeM"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Resumen de la jornada[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=yDrZDzFHSWs"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad[/vc_column_text][vc_single_image image="91582" img_size="full" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://www.observatorioderechossaludmental.org"][vc_column_text]En diciembre de 2022, la Confederación puso en marcha el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Observatorio es un espacio pionero de denuncia, reflexión, información y defensa de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Si piensas que tus derechos no se están respetando por tener un problema de salud mental o si tienes preguntas al respecto, no lo dudes, cuéntanos tu caso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="93070" img_size="full" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/salud-mental-espana-cumple-4-decadas/"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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“Los tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental atentan contra los derechos humanos”

26/10/2023

SALUD MENTAL ESPAÑA ha presentado un informe, elaborado junto al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que cuestiona prácticas actuales en la atención sociosanitaria en salud mental. El documento apela al cambio de la legislación vigente, para que los procesos y protocolos de abordaje de la salud mental respeten los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental, y propone una serie de medidas que se adecuen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha presentado el informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, que ha elaborado junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en una jornada que ha contado con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, y que se ha retransmitido por streaming.

Este documento parte de un análisis de la legislación vigente en España en materia de atención sociosanitaria a la salud mental, y a partir de ahí, constata que todavía se llevan a cabo algunas prácticas, como los ingresos y los tratamientos involuntarios, que están enfrentadas al enfoque de los derechos humanos y violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. España firmó en 2008 dicha convención, que tiene carácter vinculante para todos los estados firmantes.

En palabras de Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, “los tratamientos y los ingresos involuntarios en salud mental atentan contra los derechos humanos y no deben tener cabida en el ordenamiento jurídico español salvo en las situaciones de urgencia vital que se definen en el estudio que publicamos hoy. En estos momentos, existe un desfase entre lo que marca la Ley y lo que sucede en los hospitales, áreas de Psiquiatría, urgencias hospitalarias y residencias”.

Así, el objetivo primordial de este informe, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es promover que se eliminen los automatismos en cuanto al tratamiento y abordaje de la salud mental, de manera que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados, y que cuenten con los cauces oportunos para ello.

En esta línea, el informe plantea también una serie de medidas transitorias que se pueden poner en práctica hasta que España adapte por completo su ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El acto, presentado por el periodista de la Cadena Ser, José Luis Sastre, contó con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. En la apertura intervinieron el presidente de CERMI, Luis Cayo, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

Luis Cayo calificó de “infamia colectiva” la realidad de los ingresos y tratamientos involuntarios. “No hay conciencia de la carga vulneratoria de los tratamientos y los ingresos involuntarios. Están tan interiorizados a nivel social y forman parte de tal manera del imaginario colectivo, que no existe escrúpulo de que se esté haciendo algo mal. Siempre se invocan acciones buenistas; que se hacen por el bien de la persona y eso ya nos evita otro tipo de preguntas claves sobre su voluntad, preferencias, dignidad”, denunció el presidente de CERMI. Para Cayo, con este informe “estamos asistiendo a un prolegómeno que será historia en unos años”.

A continuación, José Luis Martínez Donoso coincidió con Cayo en señalar la fecha de hoy “como un antes y un después para los ingresos involuntarios de la salud mental”. Reconoció que la discriminación, la marginación y la exclusión que sufren las personas con discapacidad “se intensifica en salud mental donde el estigma y la falta de comprensión pueden ser aún mayores”.

Por su parte, Jesús Martín Blanco advirtió que “los derechos humanos son incómodos y generan resistencias. Las tuvimos con el derecho al voto y las esterilizaciones forzosas”, por lo que hizo un llamamiento a “tener clara la meta que persigue nuestra inclusión y esta no admite aplazamientos ni debe permitir equidistancias”.

Desgranando el informe

El primer espacio de la jornada se destinó al análisis del contenido del informe, desde una perspectiva jurista y especializada.

En él intervinieron algunas de las personas que han participado en la elaboración del informe: Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, y María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Muñoz Escandell apeló a la necesidad de hacer “un cambio de estructuras y de mentalidad” y encuentra en este informe “una guía para que podamos transformar el mundo, cambiar nuestras gafas”. “No podemos asumir las contenciones como tratamientos” “y tenemos que creernos que el cambio es posible”, concluyó la abogada.

Rafael de Asís admitió que en España “se ha avanzado en derechos de personas con discapacidad, pero este tema de los ingresos y tratamientos involuntarios no se ha tocado nunca” y reconoció la “tensión” que puede darse entre el mundo de la salud y el de los derechos, a la hora de poner en marcha este tipo de prácticas, recogidas en los protocolos sanitarios. “Sin embargo, el punto de partida tiene que ser el de los derechos y que ese enfoque de derechos te obligue a poner a la persona en el centro”, interpeló el catedrático.

Según Asís, “ahora se prioriza la organización sanitaria y su buen funcionamiento. La necesidad de cambiar esa mirada y establecer procedimientos que no permitan la violación de los derechos es fundamental”.

Por último, María del Carmen Barranco, hizo visible la especial situación de la discapacidad psicosocial, “que se queda siempre rezagada en cuanto a consecución de derechos”. Barranco denunció la “lamentable, no solo en España sino en toda Europa”, acerca de la aplicación de medidas coercitivas, y que responde a una “ausencia de normativa”. Estamos ante situaciones en las que se usa la fuerza para doblegar la voluntad de las personas”, explicó la catedrática, quien recriminó que “las coerciones no buscan estabilizar o mejorar la salud”.

Las prácticas coercitivas centran el debate

Tras una pausa, se visionó el documental ’Momo: el vuelo de la nube’, de la directora y guionista Tati Finchi; un corto de media hora en el que se narran las historias de vida, la convivencia con un trastorno mental y el paso por unidades psiquiátricas de Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, y Contxi García de Marina, socia de la Associació Salut Mental Pallars. Con estos testimonios, la obra también deja al descubierto las carencias de la atención sociosanitaria en salud mental.

El documental deja al descubierto el “trato vejatorio y salvaje” que se recibe en lugares a los que se supone que las personas van a que las cuiden y a curarse.

A continuación, Torrentallé y García de Marina, junto con Francisco Rubio Chuan, vocal de la Junta Directiva de la Federació Salut Mental Catalunya y representante del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de la Confederación, protagonizaron la tercera y última mesa de la jornada, en la que relataron su experiencia con la salud mental, y dejaron constancia de la atención sociosanitaria y las vulneraciones de derechos sufridas.

Para Mercè Torrentallé, hay que hacer un ejercicio de visibilización, pero también de sensibilización e información a la sociedad, porque “en el imaginario colectivo, la imagen de una persona atada es la de un hombre fuerte y violento; y eso no es verdad. Yo estaba volando y no quería bajar y me ataron por eso y me tuvieron dos días atada”.

Asimismo, explicó que la contención física va acompañada de la química, que tiene como consecuencia que “te laxan. Estás en la cama, con pañales, si eres mujer, muchas veces te viene la menstruación. No puedes pedir ayuda porque estás atada y no llegas al timbre”. Mercè aprovechó el foro para denunciar que también se practican contenciones a menores, “a niños de 12 o 13 años, y muchas veces no están acompañados por sus padres o madres”.

Contxi García de Marina coincide con su compañera y relata cómo a ella le practicaron contenciones por “chorradas”. La primera vez, “estaba en la sala de fumadores, fumando y haciendo crucigramas. Me puse nerviosa porque no me salían y tiré la revista al suelo. Un enfermero llamó a otros tres, que me metieron en una habitación, me ataron y me tuvieron dos días atada”.

Francisco Rubio calificó, en tono sarcástico, a este sistema terapéutico como “bello” y denunció que “no son incidencias, sino prácticas habituales en todo el territorio español, tanto en psiquiátricos como en geriátricos.  Por eso me hice activista, para denunciar esta situación”.

Para estas tres personas, la sobremedicación es otro de los abusos que sufren cuando están ingresadas, con el objetivo de “mantenernos como corderitos”, concluye Contxi.

Para terminar, González Zapico recordó que las contenciones mecánicas están consideradas como un acto de tortura por las Naciones Unidas. Es una deshumanización de la persona. Sin embargo, se siguen practicando. “Desde SALUD MENTAL ESPAÑA defendemos que ante la coerción siempre hay alternativa. Y que los tratamientos no deben convertirse en procesos de tortura, vejación o castigo a las personas con trastorno mental. Por ello, abogamos por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos clave: la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de grupos de pares, el Proyecto de Vida o Plan Personal de Futuro, el Plan de Asistencia Integrado, el Documento de Instrucciones Previas o la designación de personas de confianza.
Reclamamos más terapias que fomenten el diálogo y espacios seguros”.

Puedes ver algunos de los mejores momentos en esta galería de fotos.

Jornada retransmitida en directo

Resumen de la jornada

Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad

En diciembre de 2022, la Confederación puso en marcha el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Observatorio es un espacio pionero de denuncia, reflexión, información y defensa de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Si piensas que tus derechos no se están respetando por tener un problema de salud mental o si tienes preguntas al respecto, no lo dudes, cuéntanos tu caso.

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