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El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se ha pronunciado respecto a este tema en su informe 'Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental'. En él, este organismo internacional ofrece una serie de recomendaciones a los Estados y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de promover el derecho a la salud mental, y dedica un espacio a las intervenciones forzosas.

Según recoge el Relator en este documento, las intervenciones forzosas en los sistemas de salud mental se han justificado aduciendo determinaciones de “peligrosidad” o “necesidad médica”. “Esas determinaciones son establecidas por alguien que no es la persona en cuestión. Debido a que son subjetivas, requieren un mayor escrutinio desde la perspectiva de los derechos humanos”, advierte la ONU.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En este sentido, el informe alerta de que las respuestas medicalizadas pueden reflejar prácticas coercitivas paralelas, detención, estigmatización y falta de consentimiento, y aplicarse de manera desproporcionada a personas que se enfrentan en realidad a la marginación en otros ámbitos, como el social, el económico o el racial. Por eso, reivindica que ninguna decisión puede tomarse a expensas de los derechos humanos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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SALUD MENTAL ESPAÑA se suma a la petición de Cermi para abolir los internamientos forzosos por problemas de salud mental

29/12/2020

El Informe del Relator Especial de la ONU de 2020 denuncia que “sigue habiendo una inacción mundial respecto del `statu quo´ para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en los sistemas de atención de la salud mental".

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se suma a la solicitud presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), al Congreso de los Diputados y al Gobierno, “para modificar la legislación y derogar los internamientos forzosos por razón de ‘trastorno psíquico’ dado que esta medida de privación de libertad es incompatible con los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Se trata de una reclamación histórica entre el colectivo de personas con problemas de salud mental, que ven vulnerados sus derechos fundamentales, no solo con estos internamientos, sino con otras prácticas añadidas de contenciones forzosas, y que este año han sido el eje central de reivindicación de SALUD MENTAL ESPAÑA, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre.

El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se ha pronunciado respecto a este tema en su informe ‘Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental’. En él, este organismo internacional ofrece una serie de recomendaciones a los Estados y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de promover el derecho a la salud mental, y dedica un espacio a las intervenciones forzosas.

Según recoge el Relator en este documento, las intervenciones forzosas en los sistemas de salud mental se han justificado aduciendo determinaciones de “peligrosidad” o “necesidad médica”. “Esas determinaciones son establecidas por alguien que no es la persona en cuestión. Debido a que son subjetivas, requieren un mayor escrutinio desde la perspectiva de los derechos humanos”, advierte la ONU.

En este sentido, el informe alerta de que las respuestas medicalizadas pueden reflejar prácticas coercitivas paralelas, detención, estigmatización y falta de consentimiento, y aplicarse de manera desproporcionada a personas que se enfrentan en realidad a la marginación en otros ámbitos, como el social, el económico o el racial. Por eso, reivindica que ninguna decisión puede tomarse a expensas de los derechos humanos.