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    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text]Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, un acuerdo que España firmó en 2008, comprometiéndose a preservar y defender los derechos de estas personas.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA quiere aprovechar la celebración de este día para apelar a las instituciones y Administraciones públicas a la protección y defensa, real y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en general, y con problemas de salud mental, en particular.

Las contenciones mecánicas o los ingresos y tratamientos involuntarios son algunas de las prácticas a las que se somete a las personas con problemas de salud mental en centros hospitalarios y contra las que la Confederación se posiciona abiertamente. Las contenciones mecánicas, por ejemplo, están consideradas como un método de tortura por la propia ONU.

Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, reitera el compromiso de la organización con el activismo y la defensa de los derechos humanos, un compromiso que ha mantenido en los cuarenta años de vida de la Confederación. En este sentido, González Zapico destaca a pesar de los importantes avances que se han logrado en los últimos años, "todavía estamos lejos de conseguir que la salud mental de las personas se atienda de la forma en que debería. Y esta es, ha sido y será la misión de la Confederación. Con esfuerzo, empeño e ilusión, y sin perder la esperanza, vamos a seguir trabajando como movimiento asociativo para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental y su entorno”.

El primer paso lo daremos en el próximo Día Mundial de la Salud Mental, alineándonos con el tema propuesto por la Federación Mundial de la Salud Mental, que pone el foco en la defensa de la salud mental como un derecho humano universal.

Cada año, la Confederación publica un Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, un documento que sirve de guía y orientación para desarrollar, a partir de datos fehacientes, propuestas de trabajo y reivindicaciones.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="91572" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Observatorio de Derechos, Salud Mental e Igualdad

Al Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, se suma desde hace unos meses el primer Observatorio Estatal de Derechos, Salud Mental e Igualdad, una herramienta de SALUD MENTAL ESPAÑA, en la que cualquier persona con problemas de salud mental o sus familiares pueden denunciar en caso de sufrir la vulneración de cualquier derecho fundamental. En palabras de González Zapico, esta herramienta conforma "uno de los proyectos más importantes de la Confederación, ya que es una de las acciones clave propuestas por nuestro movimiento asociativo”. Para González Zapico “es necesario contribuir a orientar a las personas que lo necesitan en estas situaciones, sea cual sea su edad, origen o clase social, y recoger estas vulneraciones de derechos para llevar a cabo acciones de incidencia política y social”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El Observatorio está abierto a cualquier persona, sea cual sea su edad, nacionalidad o clase social, y con independencia de su situación legal en España, que considere que no se están respetando sus derechos por el hecho de vivir con un problema de salud mental. Igualmente puede acudir a este Observatorio cualquier persona que tenga conocimiento de que se están vulnerando los derechos de una persona o personas con problemas de salud mental. El Observatorio, además de ser una plataforma a través de la cual denunciar, es también una herramienta de consulta de información sobre derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, de forma que la persona pueda identificar si está sufriendo algún tipo de vulneración debido a su problema de salud mental. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Apoyo al Manifiesto de Cermi

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se suma al manifiesto lanzado emitido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Fundación CERMI Mujeres, con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y que reproducimos a continuación:

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El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de ministros y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España. El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de conciencia, en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés, de la discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos La inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben construirse en conjunto y con las personas con discapacidad, tal como señala la Convención en su Artículo 29 y la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23. Por ello, este año electoral, tenemos que recordar, como hace la Convención, que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para su participación política en igualdad de condiciones. Para garantizar esa efectividad en la participación pública y política en igualdad de condiciones que establece el artículo 23 de la Constitución Española es necesaria la accesibilidad. Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender y utilizar. Se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona. El derecho al sufragio activo y pasivo, expresión y bien social de primera magnitud es y debe de ser el centro de una sociedad abierta, democrática y basada en el diálogo. Para ello, tiene que ser universalmente accesible en todos los niveles. El movimiento CERMI reitera, como ha hecho desde su fundación con su lema “nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”, la importancia de la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Es necesario reivindicar e incidir en la accesibilidad y en las barreras que aún perduran. Hoy, como siempre, reivindicamos y luchamos por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, porque los actos electorales y campañas estén hechas para todas y para todos. Que nadie se quede atrás en la participación política. Las organizaciones del tercer sector de la discapacidad han mostrado que el tejido asociativo organizado de las personas con discapacidad y sus familiares son actores tan centrales de la sociedad civil como para promover la transformación social. El cambio más notorio es la creación del primer tratado internacional de este siglo, pero la movilización de las personas con discapacidad no se ha quedado ahí. Ha llegado a poner sobre la mesa como posibilidad factible una reforma constitucional sobre el artículo 49, con todos los consensos que se precisan. Y ha participado activamente en un sinnúmero de propuestas y recomendaciones que distintos gobiernos, de distintas siglas y distintos niveles han aceptado. La capacidad organizativa de los movimientos de personas con discapacidad y sus familias ha demostrado cuánto tienen qué decir y cuánto tienen por aportar. Ha hecho evidente la centralidad de la gobernanza inclusiva y las potencialidades del diálogo civil, lo lejos que llega nuestra sociedad cuando participamos todas y todos sobre objetivos tan claros y necesidades tan robustas como la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el camino es largo y aún queda mucho por recorrer. Las personas con discapacidad siguen invisibilizadas en términos de participación política. Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por falta de recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con discapacidad. Una sociedad democrática no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario. Tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo. Una sociedad responsable y democrática ha de incluir, tratar de movilizar y entender a todas las personas y grupos sociales; para eliminar las barreras que impiden la inclusión plena y la participación activa de todos los grupos sociales en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que reflejen las necesidades y demandas de la población. Siendo fundamental que la sociedad tenga la capacidad de movilizar y entender las distintas perspectivas y necesidades de los diferentes grupos sociales, con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria. Las condiciones de exclusión a las cuales están sometidas las personas con discapacidad conducen a que sean discriminadas y colocadas forzosamente en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, donde son consideradas “ciudadanía de segunda” con menos derechos y libertades; en muchos casos, sin posibilidad de ejercer los derechos de participación general en la vida social y política convirtiéndoles en “ciudadanos invisibles”. La accesibilidad universal de la información y la comunicación de programas electorales es tan central como la accesibilidad de los espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía. Las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la intersección entre diferentes factores de exclusión, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa. Por ello, este año electoral, desde el movimiento CERMI reiteramos nuestra demanda a las formaciones políticas de garantía de la accesibilidad universal de los programas y campañas; con medidas específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad, y un compromiso firme para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas. El semestre de presidencia española de la Unión Europea es un momento propicio para impulsar el reconocimiento al derecho de sufragio activo y pasivo de todas las personas con discapacidad, recordando que en muchos países de la Unión Europea no se cumple el mandato de la Convención. Este 3 de mayo firmamos nuestro manifiesto insistiendo en la segunda parte de nuestro lema: “nada sin las personas con discapacidad”. 

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Noticias

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SALUD MENTAL ESPAÑA urge mayor protección y defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental

03/05/2023

Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, la Confederación recuerda que a pesar del compromiso de España, en este país se siguen vulnerando los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, un acuerdo que España firmó en 2008, comprometiéndose a preservar y defender los derechos de estas personas.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA quiere aprovechar la celebración de este día para apelar a las instituciones y Administraciones públicas a la protección y defensa, real y efectiva, de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en general, y con problemas de salud mental, en particular.

Las contenciones mecánicas o los ingresos y tratamientos involuntarios son algunas de las prácticas a las que se somete a las personas con problemas de salud mental en centros hospitalarios y contra las que la Confederación se posiciona abiertamente. Las contenciones mecánicas, por ejemplo, están consideradas como un método de tortura por la propia ONU.

Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, reitera el compromiso de la organización con el activismo y la defensa de los derechos humanos, un compromiso que ha mantenido en los cuarenta años de vida de la Confederación. En este sentido, González Zapico destaca a pesar de los importantes avances que se han logrado en los últimos años, «todavía estamos lejos de conseguir que la salud mental de las personas se atienda de la forma en que debería. Y esta es, ha sido y será la misión de la Confederación. Con esfuerzo, empeño e ilusión, y sin perder la esperanza, vamos a seguir trabajando como movimiento asociativo para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental y su entorno”.

El primer paso lo daremos en el próximo Día Mundial de la Salud Mental, alineándonos con el tema propuesto por la Federación Mundial de la Salud Mental, que pone el foco en la defensa de la salud mental como un derecho humano universal.

Cada año, la Confederación publica un Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, un documento que sirve de guía y orientación para desarrollar, a partir de datos fehacientes, propuestas de trabajo y reivindicaciones.

Home Observatorio derechos salud mental

Observatorio de Derechos, Salud Mental e Igualdad

Al Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, se suma desde hace unos meses el primer Observatorio Estatal de Derechos, Salud Mental e Igualdad, una herramienta de SALUD MENTAL ESPAÑA, en la que cualquier persona con problemas de salud mental o sus familiares pueden denunciar en caso de sufrir la vulneración de cualquier derecho fundamental.

En palabras de González Zapico, esta herramienta conforma «uno de los proyectos más importantes de la Confederación, ya que es una de las acciones clave propuestas por nuestro movimiento asociativo”. Para González Zapico “es necesario contribuir a orientar a las personas que lo necesitan en estas situaciones, sea cual sea su edad, origen o clase social, y recoger estas vulneraciones de derechos para llevar a cabo acciones de incidencia política y social”.

El Observatorio está abierto a cualquier persona, sea cual sea su edad, nacionalidad o clase social, y con independencia de su situación legal en España, que considere que no se están respetando sus derechos por el hecho de vivir con un problema de salud mental. Igualmente puede acudir a este Observatorio cualquier persona que tenga conocimiento de que se están vulnerando los derechos de una persona o personas con problemas de salud mental.

El Observatorio, además de ser una plataforma a través de la cual denunciar, es también una herramienta de consulta de información sobre derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, de forma que la persona pueda identificar si está sufriendo algún tipo de vulneración debido a su problema de salud mental. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Apoyo al Manifiesto de Cermi

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se suma al manifiesto lanzado emitido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Fundación CERMI Mujeres, con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y que reproducimos a continuación:

El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de ministros y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España.
El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de conciencia, en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés, de la discapacidad como una parte, digna y valiosa, de la diversidad humana, que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos La inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben construirse en conjunto y con las personas con discapacidad, tal como señala la Convención en su Artículo 29 y la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23. Por ello, este año electoral, tenemos que recordar, como hace la Convención, que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para su participación política en igualdad de condiciones.
Para garantizar esa efectividad en la participación pública y política en igualdad de condiciones que establece el artículo 23 de la Constitución Española es necesaria la accesibilidad. Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender y utilizar. Se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona.
El derecho al sufragio activo y pasivo, expresión y bien social de primera magnitud es y debe de ser el centro de una sociedad abierta, democrática y basada en el diálogo. Para ello, tiene que ser universalmente accesible en todos los niveles. El movimiento CERMI reitera, como ha hecho desde su fundación con su lema “nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”, la importancia de la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Es necesario reivindicar e incidir en la accesibilidad y en las barreras que aún perduran.
Hoy, como siempre, reivindicamos y luchamos por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, porque los actos electorales y campañas estén hechas para todas y para todos. Que nadie se quede atrás en la participación política.
Las organizaciones del tercer sector de la discapacidad han mostrado que el tejido asociativo organizado de las personas con discapacidad y sus familiares son actores tan centrales de la sociedad civil como para promover la transformación social. El cambio más notorio es la creación del primer tratado internacional de este siglo, pero la movilización de las personas con discapacidad no se ha quedado ahí. Ha llegado a poner sobre la mesa como posibilidad factible una reforma constitucional sobre el artículo 49, con todos los consensos que se precisan. Y ha participado activamente en un sinnúmero de propuestas y recomendaciones que distintos gobiernos, de distintas siglas y distintos niveles han aceptado.
La capacidad organizativa de los movimientos de personas con discapacidad y sus familias ha demostrado cuánto tienen qué decir y cuánto tienen por aportar. Ha hecho evidente la centralidad de la gobernanza inclusiva y las potencialidades del diálogo civil, lo lejos que llega nuestra sociedad cuando participamos todas y todos sobre objetivos tan claros y necesidades tan robustas como la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el camino es largo y aún queda mucho por recorrer. Las personas con discapacidad siguen invisibilizadas en términos de participación política. Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por falta de recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con discapacidad.
Una sociedad democrática no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario. Tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo. Una sociedad responsable y democrática ha de incluir, tratar de movilizar y entender a todas las personas y grupos sociales; para eliminar las barreras que impiden la inclusión plena y la participación activa de todos los grupos sociales en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que reflejen las necesidades y demandas de la población.
Siendo fundamental que la sociedad tenga la capacidad de movilizar y entender las distintas perspectivas y necesidades de los diferentes grupos sociales, con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Las condiciones de exclusión a las cuales están sometidas las personas con discapacidad conducen a que sean discriminadas y colocadas forzosamente en una situación de vulnerabilidad y desigualdad, donde son consideradas “ciudadanía de segunda” con menos derechos y libertades; en muchos casos, sin posibilidad de ejercer los derechos de participación general en la vida social y política convirtiéndoles en “ciudadanos invisibles”. La accesibilidad universal de la información y la comunicación de programas electorales es tan central como la accesibilidad de los espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía.
Las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la intersección entre diferentes factores de exclusión, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa.
Por ello, este año electoral, desde el movimiento CERMI reiteramos nuestra demanda a las formaciones políticas de garantía de la accesibilidad universal de los programas y campañas; con medidas específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad, y un compromiso firme para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.
El semestre de presidencia española de la Unión Europea es un momento propicio para impulsar el reconocimiento al derecho de sufragio activo y pasivo de todas las personas con discapacidad, recordando que en muchos países de la Unión Europea no se cumple el mandato de la Convención.
Este 3 de mayo firmamos nuestro manifiesto insistiendo en la segunda parte de nuestro lema: “nada sin las personas con discapacidad”.