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07 feb 2018

SALUD MENTAL ESPAÑA se posiciona contra la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad

La Confederación se ha sumado a la denuncia pública de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), que califica de “injustificable” esta práctica que a día de hoy continúa realizándose en nuestro país. En España cada año se resuelven judicialmente una media de cien casos sobre esterilización de personas con discapacidad, la mayoría mujeres, que son sometidas a este proceso sin su consentimiento, conocimiento o autorización.

Acto denuncia CERMI esterilizaciones forzosas Nel Aunque la acompañada de una incapacitación jurídica es legal en España, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) considera que viola normas internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La entidad ha organizado un acto de denuncia pública, al que se ha sumado SALUD MENTAL ESPAÑApara que se ponga fin a este procedimiento.

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, afirma que “la esterilización forzosa de niñas y con en España es una práctica que se debe abolir”. Por su parte Isabel Caballero, coordinadora de la entidad, asegura que “es una forma de intervenir sobre el cuerpo de las personas, y sobre todo en el cuerpo de las mujeres, porque las esterilizaciones tienen un claro sesgo de ”.

Las personas con problemas de también pueden verse afectadas por esta realidad. Nel González Zapico, presidente de ESPAÑA, ha expresado el posicionamiento de la Confederación a este respecto, uniéndose a la denuncia pública de en la que también han participado entidades como Confederación Autismo España o Plena Inclusión. “Desde la Confederación  SALUD MENTAL ESPAÑA, queremos sumarnos a la denuncia de la situación desfavorable para niñas y mujeres con problemas de salud mental de nuestro sector por las prácticas de esterilización, aborto y anticoncepción forzadas. Reclamamos que las mujeres con problemas de salud mental puedan ejercer su derecho a elegir y controlar sus cuerpos, como respuesta a un principio de los derechos humanos inherente a todas las personas”.  Nel González concluyó exigiendo “que se erradiquen todas las actuaciones que generan discriminación por una cuestión de género”.

Una media de cien casos de esterilización resueltos judicialmente cada año

La falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impide conocer en detalle la situación de esta problemática en nuestro país. Según el CGPJ, el número total de casos resueltos ascendió a 140 en 2016, pero no se especifica la resolución final de cada procedimiento, ni el sexo o edad de las personas víctimas de esta práctica, ya que los datos no aparecen desagregados. Según CERMI, tampoco hay datos de 2014 y 2015.

A pesar de ello, Isabel Caballero detalló que en 2005 se resolvieron 85 procesos; en 2006, 109; en 2007, 75; en 2008, 96; en 2009, 112; en 2010, 127; en 2011, 102; en 2012, 80, y en 2013, 79 casos. En suma, más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año.

Acto denuncia CERMI esterilizaciones forzosas Nel 2Importantes consecuencias para la salud 

La esterilización forzosa puede tener múltiples consecuencias en la vida de las personas. Ana Peláez detalló que, en cuestión de salud, a la eliminación de la capacidad reproductiva se suman alteraciones del desarrollo menstrual, hormonal y de crecimiento, supresión del deseo sexual. Puede también tener consecuencias en la salud mental de las personas, como depresión o ansiedad.  Peláez también defendió que esta práctica conlleva una merma de los derechos civiles, políticos y económicos.

El acto contó con el testimonio de mujeres con discapacidad intelectual y física que ofrecieron su relato acerca de su experiencia como madres. Ana Peláez defiende que la esterilización está basada en mitos de la sociedad respecto a la supuesta incapacidad de las mujeres con discapacidad para tener hijos, o a que la práctica se lleva a cabo por el bienestar de la propia comunidad o de la familia, o incluso por el propio bienestar de las personas afectadas ante el abuso, violencia o embarazos.

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