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La baja tasa de empleo de las personas con trastorno mental pone en riesgo su autonomía y el respeto a sus derechos fundamentales
27/05/2020
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia en su ‘Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en salud mental, 2019’, la vulneración sistemática de derechos fundamentales y las graves carencias en materia de atención a la salud mental en distintos sectores de la población.
Las personas con problemas de salud mental conforman uno de los grupos de población más fuertemente golpeados por los déficits de recursos del actual estado del bienestar y del sistema sanitario español, lo que provoca una constante discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales.
Así lo viene denunciando el movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA, a través de un informe que publica cada año, desde hace cinco, y en el que se recogen las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. En 2019, se atendieron 120 demandas, un 64%, efectuadas por mujeres, y un 36%, por hombres.
El ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2019’, que ha contado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, desvela, entre otras muchas cuestiones, cómo la escasez de recursos y medidas para una vida autónoma dirigidas a las personas con trastorno mental, por ejemplo, el acceso a un empleo, favorece la vulneración de otros derechos fundamentales, situaciones de marginalidad y, lejos de una recuperación, un empeoramiento de su salud mental.
Los artículos 19 y 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad regulan el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente e incluidas en la comunidad, y con un nivel de vida adecuado, protección social y acceso a servicios básicos
Así, el informe aborda la situación actual de incumplimiento de estos y otros preceptos, contemplados por la Convención, en relación con el derecho al trabajo, la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y no discriminación, la libertad y seguridad de las personas, la igualdad ante la ley y acceso a la justicia, los derechos de las mujeres y de la infancia, y aporta recomendaciones para mejorar dicha situación. Cabe recordar que la Convención es vinculante para todos los estados firmantes, entre los que se encuentra España.
Derecho al empleo, eje central para una vida autónoma e independiente
El trabajo es para cualquier persona una fuente de identidad que ofrece sentimientos de utilidad y motivación y, además, para las personas con discapacidad psicosocial tiene una función terapéutica, desplazando el rol de “enfermo/a” por el rol de “trabajador/a”.
Sin embargo, según los últimos datos del INE, la tasa de empleo de las personas con trastorno mental es la más baja entre todos los tipos de discapacidad. En 2018 fue del 17,6%, 0,4 puntos menos que en 2017.
Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que “en el camino hacia su recuperación, las personas con problemas de salud mental encuentran numerosas barreras, basadas en prejuicios y falsos mitos. Un problema de salud no nos define como persona, es solo una circunstancia más en nuestra vida y las personas con problemas de salud mental, igual que cualquier otra persona, tienen habilidades, capacidades y destrezas. Muchas veces lo único que les falta es la oportunidad para poder demostrarlas”.
Por ello, el informe reivindica que se impulsen políticas que favorezcan la transición del empleo protegido al empleo ordinario, que se cumplan las cuotas de reserva de empleo, apela a invertir en planes de formación y capacitación y a sensibilizar al tejido empresarial en materia de inserción laboral y de creación de entornos de trabajo saludables y positivos.
Salud materna, bajo la alfombra de la salud mental
En línea con años anteriores, el documento denuncia la especial vulnerabilidad de las mujeres con problemas de salud mental, a la vez que expone situaciones, hasta ahora invisibilizadas y que son causantes habituales de trastornos mentales en las mujeres.
El informe abunda en factores como la salud materna o el ‘sinhogarismo’, como factores determinantes en la salud mental de la mujer, de los que no se habla ni se presta la atención necesaria.
En relación con la salud mental materna, el documento denuncia la ausencia de datos en España y, con ello, la inexistencia de recursos que promuevan la prevención y su adecuado tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión posparto es la patología materna más frecuente, afecta a 1 de cada 10 madres en países industrializados, el doble en países en desarrollo. Algunos estudios elevan el porcentaje hasta el 35%.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, recuerda que “como alertan diversos estudios, hay momentos en la vida de las mujeres, tales como el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de crianza, en los que su salud mental es más vulnerable. Son momentos de gran compromiso físico y emocional, en los que se invierte mucha energía. Sin embargo, cualquier distorsión en la vivencia de esos momentos se pasa en solitario, para no chocar con el perfil social sobre lo que ha de ser una buena madre y el estigma que afecta a las mujeres que no responden a ese perfil. Esta ocultación continuada en el tiempo puede llegar a conducir, en los casos más extremos, al suicidio”.
A todo esto, Muñoz añade que “según la documentación a la que hemos tenido acceso para elaborar este informe, muchas mujeres que tienen problemas de salud mental y precisan un ingreso hospitalario por esta razón, se ven separadas de sus hijos e hijas, lo que supone un sufrimiento adicional de enormes dimensiones, cuyo impacto no se ha medido como merece a fin de habilitar los recursos necesarios para prevenirlo”. En este sentido, el informe propone abrir recursos sanitarios que permitan la convivencia de madres y bebés y eviten estas separaciones, que empeoran la salud mental de la mujer.
El documento dedica también un apartado a la delicada situación de las mujeres sin hogar con problemas de salud mental, que quedan en el limbo de la violencia de género y sin posibilidad de acceder a los recursos de apoyo. «Vivimos en un mundo de roles predeterminados y si no se cumple con el que se tiene asignado, de alguna manera, se deja de existir a los ojos de la sociedad. Así, por ejemplo, en materia de violencia de género, los recursos todavía no llegan a esas mujeres que, además de tener problemas de salud mental, se encuentran en situación de calle y sufren este tipo de maltrato. Simplemente, no se ven. Esto no es solo devastador para la persona afectada, sino también para el conjunto social, porque socava los valores sobre los que se sustenta y eso tiene su repercusión en el desarrollo de otros aspectos esenciales para la convivencia”, reflexiona Irene Muñoz.
Trastornos alimentarios, olvidados a pesar de su incidencia
Según datos de la Fundación Fita y de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en España, en torno a 400.000 personas sufren algún trastorno de la conducta alimentaria, de las que 300.000 son jóvenes entre 12 y 24 años. Los trastornos alimentarios afectan en un 90% de los casos a mujeres y, a pesar de su elevada incidencia y de las consecuencias que tienen, es otro de los aspectos olvidados a la hora de hablar de salud mental.
Estos trastornos se presentan asociados a otros problemas de salud mental como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad o abusos de drogas, entre otros, y “conlleva un alto índice de mortalidad por las complicaciones físicas que provoca y por los casos de suicidio”, alerta este informe, en el que se reivindica una reorientación del tratamiento y la prevención, prestando atención al desarrollo de la autoestima, la gestión de emociones y la construcción de una escala de valores que se aparte de los estereotipos.
Salud mental y población migrante
Por último, el informe dedica un apartado a denunciar las carencias en la atención a la salud mental de las personas migrantes, en un sistema que olvida que forman parte de la población y que su salud también contribuye a la de la sociedad.
Entre las recomendaciones y propuestas recogidas, el documento destaca la necesidad de coordinar y optimizar los recursos existentes, antes de invertir en nuevos. Según las y los expertos consultados, es preciso introducir una formación en Psicología específica y con una mirada intercultural, ya que la consideración de la cultura en los casos de salud mental es clave para hacer los diagnósticos.