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[post_date] => 2024-11-28 15:39:36
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[post_content] => [vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="131373" img_size="full" add_caption="yes" style="vc_box_shadow_border" onclick="link_image" css=""][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css=""]Sin lugar para eufemismos, la última Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, realizada el pasado lunes 25 de noviembre, ha contado con caras, nombres e historias reales sobre lo que ocurre cuando el texto de una ley se vuelve política pública. Así, la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados ha sido sede del primer encuentro entrerepresentantes de dicha Comisión y la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, conformada por organizaciones clave del tercer sector. Personas directamente afectadas por la Ley 8/2021, de 2 de junio y miembros de la Cámara han protagonizado un valioso intercambio, en el que se han conocido perspectivas e interrogantes mutuos.
La Ley 8/2021, también conocida como ‘Ley de Apoyos’, debe su origen a la necesidad de reintegrar la capacidad jurídica de aquellas personas con un problema de salud mental, que tienen un proceso de tutela abierto. De esta manera, haquedado sustituido el procedimiento de incapacitación, por el de apoyos a la persona, en función de la salud y tareas desempeñadas. Esto ha ubicado a España un casillero más cerca de normativas marco de previa adhesión, adaptando su ordenamiento jurídico a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que, en todos los aspectos de su vida, ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto del total de la sociedad.
Durante el acto en el Congreso de los Diputados, representantes de la Alianza, personas con discapacidad y miembros de la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad han reflexionado sobre avances y desafíos pendientes en la implementación de la Ley 8/2021. Qué pasaba antes de la normativa, qué propone su texto y qué hace falta para que, en efecto, la intención sea inclusión.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]La primera meta se logró: que quienes tienen capacidad para influir escucharan lo que había para decir, en concreto, atender el desafío que supone para una persona recuperar su propia vida. Comprender que, al problema en sí -sea la discapacidad que fuere-, se le suma el estigma; muchas veces, acompañado por el ‘autoestigma’, potenciado por la engañosa costumbre de pensar que no es posible ejercer la propia voluntad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""]La apertura del encuentro en el Congreso contó con la palabra de Mercedes Fernández, presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, quien subrayó la importancia de otorgar seguridad jurídica que impulse la autonomía y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Y advirtió que es el Estado donde la solidaridad debe tener un “papel categórico”.
A continuación, Luis Gonzaga, portavoz de la Alianza Apoyo y Autonomía, se refirió en su intervención a un cambio de paradigma que ha supuesto la Ley 8/2021, al pasar "de la sustitución en la toma de decisiones al respeto por la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad". El representante de la Alianza -creada en 2022 con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de dicha Ley-, identificó al encuentro como un “hito”. Destacó la necesaria promoción de “igualdad y respeto, e impulso del cambio social y cultural para superar barreras y prejuicios que aún existen”. Sobre todo, analizó la importancia de una interpretación coherente de las medidas de apoyo, para hacer realidad los principios objetivos de la normativa.
La Ley 8/2021, en primera persona
El punto central del encuentro consistió en una ronda de testimonios en primera persona, de quienes están directamente afectadas y afectados por la Ley. La dinámica contó con la moderación de Alfredo Chaparro Brioso, portavoz de la Asociación Liber, acompañado por una persona referente de la Fundación TAU.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="131377" img_size="full" add_caption="yes" style="vc_box_shadow_border" onclick="link_image" css=""][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="131386" img_size="full" add_caption="yes" style="vc_box_shadow_border" onclick="link_image" css=""][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""]Conformaron dicha mesa Celeste Álvarez Segovia, de Plena inclusión España; Aleix Vicente Solsona y Juan Antonio Vicente Prades, de Autismo España; Rubén Pedraza Villaseñor, de la Federación Española de Daño Cerebral; Carlos González Fraga, en representación de Down España; Kenjy Daniel Alcas Álvarez, de Confederación ASPACE; y Rosa María Álvarez Redondo, de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Cada participante compartió su historia y proceso personal, destacando avances y señalando pendientes de la normativa, de cara a una inclusión plenamente materializada.
Por parte de SALUD MENTAL ESPAÑA, Álvarez Redondo, miembro del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, se refirió a un caso real, contemplado en el documento ‘Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2022’, de CERMI Estatal. En concreto, compartió la historia de un hombre con problemas de salud mental, que pasó años institucionalizado, y, teniendo la posibilidad de recibir apoyos, muere. Historia de un hombre para quien la sanción de la Ley 8/2021 llegó tarde.
Y es que, para todas las personas, lo específico del contexto puede ser lo determinante. Porque, como expresó Álvarez Redondo, “hay lugares donde no llegan las leyes, con paredes más altas que los muros de una institución: son espacios libres de conciencia, un sistema hostil”. Porque es allí, “en la base de la pirámide de una institución”, donde “hace mucho frío” y, se sabe, “es una norma no escrita más firme y aplicada que las que se aprueban en el Parlamento, que es mejor no decir nada, mejor consumirse y pasar los años, cada vez más sobremedicado, más rendido, hasta aparecer muerto una mañana”.
La referente del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación hizo hincapié en que “todas las personas somos capaces con apoyos”. Y reflejó: “Transitamos durante nuestras vidas por momentos críticos en los que una crisis puede situarnos en estados de extrema vulnerabilidad”. Es allí cuando “los apoyos son imprescindibles para una recuperación… momentos puntuales que aportan mucho sufrimiento y que, con los apoyos adecuados y suficientes”, pueden propiciar para la persona un “resurgir”. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]El bloque avanzó hacia un espacio de diálogo entre la mesa y miembros de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad presentes en la sala, entre quienes se encontraban la mencionada Mercedes Fernández y Violante Tomás (PP); Olvido de la Rosa (PSOE); y un representante de la Asamblea de Madrid, Diego Figuera (Más Madrid), permitiendo intercambiar ideas y necesidades a atender para mejorar la implementación de esta ley.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css=""]El cierre del acto estuvo a cargo del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, quien recordó que dicha ley no solo es un avance jurídico, sino un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva. No obstante, Martín instó a fomentar una formación que permita que “la norma aterrice en nuestras vidas”, en busca de que “se dé a conocer” una ley tan transformadora como compleja.
Conocer para entender. Entender para reivindicar. Fue parte de la reflexión del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, “para que todas las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España”.
La jornada estuvo organizada por la Alianza Apoyo y Autonomía, integrada por entidades como CERMI Estatal, Fundación ONCE, Fundación Aequitas, Plena inclusión España, Asociación LIBER, Down España, Confederación Autismo España, Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, Federación Española de Daño Cerebral y Confederación ASPACE (Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral). Y contó con el respaldo del Congreso de los Diputados.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=WKGAxDitoXc" css=""][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="131395" img_size="full" add_caption="yes" style="vc_box_shadow_border" onclick="link_image" css=""][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]
La visión de SALUD MENTAL ESPAÑA
El cuidado de la salud mental contempla una particularidad: lo circunstancial. La persona que tiene un problema de salud mental no está permanentemente en crisis, sino que la transita en un momento determinado. Este componente de transitoriedad es esencial a la razón de ser del ‘apoyo’, y tiene total impacto en la autonomía de las personas.
Desde la Confederación se advierte que la reforma de la legislación civil y procesal que contiene la Ley 8/2021 se presenta como una herramienta diseñada para mover lo que antes se percibía inamovible, respetándose la voluntad y las preferencias de la persona. Si bien aún no se cuenta con una fotografía integral de lo que está ocurriendo, en esta materia, con quienes tienen un problema de salud mental, lo recorrido en los más de dos años de vigencia de la Ley 8/2021 revela aspectos a considerar.
Tal como analiza Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, el terreno en el que la norma aterriza cuenta. Es decir, importa el contexto real donde la ley se implementa. Más allá de lo que dice el texto, se continúa legitimando que los derechos de las personas con un problema de salud mental queden en suspenso, ‘por su propio bien, y el de las y los demás’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""]Se detectan automatismos, haciendo imposible la constitución de ninguna otra figura de apoyo que no sea la guarda de hecho; una excesiva burocratización, un peregrinaje judicial para obtener autorizaciones por parte de las figuras de guarda; una réplica de anteriores esquemas, advirtiéndose también automatismos en el pase de la tutela a la curatela representativa; creación de “limbos”, mientras las personas permanecen sin ningún tipo de salvaguarda de sus derechos; el planteo de que “cada quien se cuide a sí mismo/a”, como respuesta trasladada a las personas, afectadas y familiares, por parte de quienes deberían proveer los apoyos; una no universalización de las voluntades anticipadas y, en la misma línea, la no implantación de la figura de facilitador/a en todos los territorios por igual; abusos referidos a ingresos y tratamientos involuntarios, y la no humanización de quien tiene el problema, confundiéndose “libertad de tiempos” con inacción por parte de los poderes públicos, y sin asignarse los recursos que la persona específicamente necesita.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][ultimate_ctation ctaction_background="#ea993c" ctaction_background_hover="#ed8a34"]
El terreno en el que la
norma aterriza cuenta.
Es decir, importa el
contexto real donde
la ley se implementa.
[/ultimate_ctation][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]En esta instancia, SALUD MENTAL ESPAÑA propone:
Fomentar la formación referida a la Ley, con mirada humanista, de operadores/as jurídicos/as.
Crear un sistema de apoyo flexible y proporcional a las necesidades de cada persona, que contemple la metodología de apoyo entre pares y la asistencia personal en salud mental.
Contemplar la naturaleza asistencial de la curatela y, solo de manera excepcional, la función representativa.
Definir lo que implica ‘cuidado’, un valor esencial orientado al bienestar de la persona, conforme a sus necesidades concretas, lejos de paternalismos. Un ámbito aún asignado fundamentalmente a mujeres, con tareas, muchas veces, no remuneradas y en condiciones muy precarias.
Crear un protocolo de acceso a la justicia, que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Establecer, de manera reglamentaria, la figura de la persona facilitadora.
Comprender que el concepto de accesibilidad también concierne a las personas con problemas de salud mental.
Definir el papel de las entidades del tercer sector como colaboradoras de la Administración de Justicia.
Crear, en todos los colegios de Abogacía, un turno de oficio, capacitado y especializado, para personas con discapacidad.
Abrir la reforma a la creación de medidas que eviten los ingresos y tratamientos involuntarios.
Revisar el papel de las entidades tutelares.
Promover las voluntades anticipadas en salud mental.
Incentivar la inversión económica para que nuevos recursos sociales respondan a los requerimientos de la Ley.
Que el propio destino, en materia de capacitación o incapacitación, se sostenga en lo aleatorio del ‘cuidado que toque’ es incongruente. Depender de la ‘suerte’ es, en el sentido más literal, ‘in-justo’, una ‘no-justicia’; es el resguardo jurídico siendo desplazado por lo arbitrario de un contexto específico. En definitiva, es la ausencia de garantías y el vaciamiento del derecho; la vulneración de la persona por sobre su dignidad. Definitivamente, todas las personas somos capaces con apoyos. Y eso se pone de manifiesto en la Ley 8/2021. Desde la Confederación se reivindica que la autonomía es, sin duda, el mejor tratamiento para la recuperación de una persona que atraviesa una dificultad.
Esta Ley es un paso más hacia ser protagonistas de la propia vida; sin embargo, despojarse del peso del estigma y recuperar la confianza en la propia capacidad de hacer y decidir es un cambio aún en proceso. Y es que el avance legislativo requiere también de otros cambios. Sigue siendo fundamental que la sociedad crezca en respeto y empatía; que los procesos judiciales se adapten y que quienes operan jurídicamente reciban formación. Se debe entender que, en definitiva, la inclusión real consta no solo de leyes positivas, sino del compromiso de quienes las ejecutan. La Ley ya está del lado de quienes lo necesitan, ahora toca cambiar mentalidades.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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[post_excerpt] => La Ley 8/2021 pone al día pendientes improrrogables en materia jurídica. Si bien el texto es un avance en muchos sentidos, el rodaje desde su sanción, en 2021, expone cabos sueltos. La normativa, también conocida como ‘Ley de Apoyos’, es elogiada, con justicia. Sin embargo, en la práctica, resultados que aún no se materializan invitan a la reflexión. Esto quedó evidenciado en Comisión legislativa, en un encuentro en el que participó ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, y que, por parte de SALUD MENTAL ESPAÑA, contó con el testimonio en primera persona de Rosa María Álvarez, miembro del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.
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La Ley 8/2021 pone al día pendientes improrrogables en materia jurídica. Si bien el texto es un avance en muchos sentidos, el rodaje desde su sanción, en 2021, expone cabos sueltos. La normativa, también conocida como ‘Ley de Apoyos’, es elogiada, con justicia. Sin embargo, en la práctica, resultados que aún no se materializan invitan a la reflexión. Esto quedó evidenciado en Comisión legislativa, en un encuentro en el que participó ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, y que, por parte de SALUD MENTAL ESPAÑA, contó con el testimonio en primera persona de Rosa María Álvarez, miembro del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.
Se contó con la palabra de quienes están directamente afectadas y afectados por la Ley. Participaron en dicha mesa referentes de Plena inclusión España; Autismo España; Federación Española de Daño Cerebral; Down España; Confederación ASPACE, y Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
Sin lugar para eufemismos, la última Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, realizada el pasado lunes 25 de noviembre, ha contado con caras, nombres e historias reales sobre lo que ocurre cuando el texto de una ley se vuelve política pública. Así, la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados ha sido sede del primer encuentro entrerepresentantes de dicha Comisión y la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, conformada por organizaciones clave del tercer sector. Personas directamente afectadas por la Ley 8/2021, de 2 de junio y miembros de la Cámara han protagonizado un valioso intercambio, en el que se han conocido perspectivas e interrogantes mutuos.
La Ley 8/2021, también conocida como ‘Ley de Apoyos’, debe su origen a la necesidad de reintegrar la capacidad jurídica de aquellas personas con un problema de salud mental, que tienen un proceso de tutela abierto. De esta manera, haquedado sustituido el procedimiento de incapacitación, por el de apoyos a la persona, en función de la salud y tareas desempeñadas. Esto ha ubicado a España un casillero más cerca de normativas marco de previa adhesión, adaptando su ordenamiento jurídico a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que, en todos los aspectos de su vida, ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto del total de la sociedad.
Durante el acto en el Congreso de los Diputados, representantes de la Alianza, personas con discapacidad y miembros de la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad han reflexionado sobre avances y desafíos pendientes en la implementación de la Ley 8/2021. Qué pasaba antes de la normativa, qué propone su texto y qué hace falta para que, en efecto, la intención sea inclusión.
La primera meta se logró: que quienes tienen capacidad para influir escucharan lo que había para decir, en concreto, atender el desafío que supone para una persona recuperar su propia vida. Comprender que, al problema en sí -sea la discapacidad que fuere-, se le suma el estigma; muchas veces, acompañado por el ‘autoestigma’, potenciado por la engañosa costumbre de pensar que no es posible ejercer la propia voluntad.
La apertura del encuentro en el Congreso contó con la palabra de Mercedes Fernández, presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, quien subrayó la importancia de otorgar seguridad jurídica que impulse la autonomía y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Y advirtió que es el Estado donde la solidaridad debe tener un “papel categórico”.
A continuación, Luis Gonzaga, portavoz de la Alianza Apoyo y Autonomía, se refirió en su intervención a un cambio de paradigma que ha supuesto la Ley 8/2021, al pasar «de la sustitución en la toma de decisiones al respeto por la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad». El representante de la Alianza -creada en 2022 con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de dicha Ley-, identificó al encuentro como un “hito”. Destacó la necesaria promoción de “igualdad y respeto, e impulso del cambio social y cultural para superar barreras y prejuicios que aún existen”. Sobre todo, analizó la importancia de una interpretación coherente de las medidas de apoyo, para hacer realidad los principios objetivos de la normativa.
La Ley 8/2021, en primera persona
El punto central del encuentro consistió en una ronda de testimonios en primera persona, de quienes están directamente afectadas y afectados por la Ley. La dinámica contó con la moderación de Alfredo Chaparro Brioso, portavoz de la Asociación Liber, acompañado por una persona referente de la Fundación TAU.
Participaron en el encuentro Mercedes Fernández y Violante Tomás (PP); Olvido de la Rosa (PSOE); y un representante de la Asamblea de Madrid, Diego Figuera (Más Madrid), miembros de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
“Todas las personas somos capaces con apoyos”, reflejó Álvarez Redondo, durante su intervención.
Conformaron dicha mesa Celeste Álvarez Segovia, de Plena inclusión España; Aleix Vicente Solsona y Juan Antonio Vicente Prades, de Autismo España; Rubén Pedraza Villaseñor, de la Federación Española de Daño Cerebral; Carlos González Fraga, en representación de Down España; Kenjy Daniel Alcas Álvarez, de Confederación ASPACE; y Rosa María Álvarez Redondo, de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Cada participante compartió su historia y proceso personal, destacando avances y señalando pendientes de la normativa, de cara a una inclusión plenamente materializada.
Y es que, para todas las personas, lo específico del contexto puede ser lo determinante. Porque, como expresó Álvarez Redondo, “hay lugares donde no llegan las leyes, con paredes más altas que los muros de una institución: son espacios libres de conciencia, un sistema hostil”. Porque es allí, “en la base de la pirámide de una institución”, donde “hace mucho frío” y, se sabe, “es una norma no escrita más firme y aplicada que las que se aprueban en el Parlamento, que es mejor no decir nada, mejor consumirse y pasar los años, cada vez más sobremedicado, más rendido, hasta aparecer muerto una mañana”.
La referente del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación hizo hincapié en que “todas las personas somos capaces con apoyos”. Y reflejó: “Transitamos durante nuestras vidas por momentos críticos en los que una crisis puede situarnos en estados de extrema vulnerabilidad”. Es allí cuando “los apoyos son imprescindibles para una recuperación… momentos puntuales que aportan mucho sufrimiento y que, con los apoyos adecuados y suficientes”, pueden propiciar para la persona un “resurgir”.
El bloque avanzó hacia un espacio de diálogo entre la mesa y miembros de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad presentes en la sala, entre quienes se encontraban la mencionada Mercedes Fernández y Violante Tomás (PP); Olvido de la Rosa (PSOE); y un representante de la Asamblea de Madrid, Diego Figuera (Más Madrid), permitiendo intercambiar ideas y necesidades a atender para mejorar la implementación de esta ley.
El cierre del acto estuvo a cargo del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, quien recordó que dicha ley no solo es un avance jurídico, sino un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva. No obstante, Martín instó a fomentar una formación que permita que “la norma aterrice en nuestras vidas”, en busca de que “se dé a conocer” una ley tan transformadora como compleja.
Conocer para entender. Entender para reivindicar. Fue parte de la reflexión del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, “para que todas las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España”.
La Sala Constitucional del Congreso de los Diputados ha sido sede del primer encuentro entre representantes de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, conformada por organizaciones clave del tercer sector.
La visión de SALUD MENTAL ESPAÑA
El cuidado de la salud mental contempla una particularidad: lo circunstancial. La persona que tiene un problema de salud mental no está permanentemente en crisis, sino que la transita en un momento determinado. Este componente de transitoriedad es esencial a la razón de ser del ‘apoyo’, y tiene total impacto en la autonomía de las personas.
Desde la Confederación se advierte que la reforma de la legislación civil y procesal que contiene la Ley 8/2021 se presenta como una herramienta diseñada para mover lo que antes se percibía inamovible, respetándose la voluntad y las preferencias de la persona. Si bien aún no se cuenta con una fotografía integral de lo que está ocurriendo, en esta materia, con quienes tienen un problema de salud mental, lo recorrido en los más de dos años de vigencia de la Ley 8/2021 revela aspectos a considerar.
Tal como analiza Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, el terreno en el que la norma aterriza cuenta. Es decir, importa el contexto real donde la ley se implementa. Más allá de lo que dice el texto, se continúa legitimando que los derechos de las personas con un problema de salud mental queden en suspenso, ‘por su propio bien, y el de las y los demás’.
Se detectan automatismos, haciendo imposible la constitución de ninguna otra figura de apoyo que no sea la guarda de hecho; una excesiva burocratización, un peregrinaje judicial para obtener autorizaciones por parte de las figuras de guarda; una réplica de anteriores esquemas, advirtiéndose también automatismos en el pase de la tutela a la curatela representativa; creación de “limbos”, mientras las personas permanecen sin ningún tipo de salvaguarda de sus derechos; el planteo de que “cada quien se cuide a sí mismo/a”, como respuesta trasladada a las personas, afectadas y familiares, por parte de quienes deberían proveer los apoyos; una no universalización de las voluntades anticipadas y, en la misma línea, la no implantación de la figura de facilitador/a en todos los territorios por igual; abusos referidos a ingresos y tratamientos involuntarios, y la no humanización de quien tiene el problema, confundiéndose “libertad de tiempos” con inacción por parte de los poderes públicos, y sin asignarse los recursos que la persona específicamente necesita.
El terreno en el que la
norma aterriza cuenta.
Es decir, importa el
contexto real donde
la ley se implementa.
En esta instancia, SALUD MENTAL ESPAÑA propone:
Fomentar la formación referida a la Ley, con mirada humanista, de operadores/as jurídicos/as.
Crear un sistema de apoyo flexible y proporcional a las necesidades de cada persona, que contemple la metodología de apoyo entre pares y la asistencia personal en salud mental.
Contemplar la naturaleza asistencial de la curatela y, solo de manera excepcional, la función representativa.
Definir lo que implica ‘cuidado’, un valor esencial orientado al bienestar de la persona, conforme a sus necesidades concretas, lejos de paternalismos. Un ámbito aún asignado fundamentalmente a mujeres, con tareas, muchas veces, no remuneradas y en condiciones muy precarias.
Crear un protocolo de acceso a la justicia, que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Establecer, de manera reglamentaria, la figura de la persona facilitadora.
Comprender que el concepto de accesibilidad también concierne a las personas con problemas de salud mental.
Definir el papel de las entidades del tercer sector como colaboradoras de la Administración de Justicia.
Crear, en todos los colegios de Abogacía, un turno de oficio, capacitado y especializado, para personas con discapacidad.
Abrir la reforma a la creación de medidas que eviten los ingresos y tratamientos involuntarios.
Revisar el papel de las entidades tutelares.
Promover las voluntades anticipadas en salud mental.
Incentivar la inversión económica para que nuevos recursos sociales respondan a los requerimientos de la Ley.
Que el propio destino, en materia de capacitación o incapacitación, se sostenga en lo aleatorio del ‘cuidado que toque’ es incongruente. Depender de la ‘suerte’ es, en el sentido más literal, ‘in-justo’, una ‘no-justicia’; es el resguardo jurídico siendo desplazado por lo arbitrario de un contexto específico. En definitiva, es la ausencia de garantías y el vaciamiento del derecho; la vulneración de la persona por sobre su dignidad. Definitivamente, todas las personas somos capaces con apoyos. Y eso se pone de manifiesto en la Ley 8/2021. Desde la Confederación se reivindica que la autonomía es, sin duda, el mejor tratamiento para la recuperación de una persona que atraviesa una dificultad.
Esta Ley es un paso más hacia ser protagonistas de la propia vida; sin embargo, despojarse del peso del estigma y recuperar la confianza en la propia capacidad de hacer y decidir es un cambio aún en proceso. Y es que el avance legislativo requiere también de otros cambios. Sigue siendo fundamental que la sociedad crezca en respeto y empatía; que los procesos judiciales se adapten y que quienes operan jurídicamente reciban formación. Se debe entender que, en definitiva, la inclusión real consta no solo de leyes positivas, sino del compromiso de quienes las ejecutan. La Ley ya está del lado de quienes lo necesitan, ahora toca cambiar mentalidades.
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