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08 ago 2019

La violencia irreparable de las esterilizaciones forzosas

A pesar de que son contrarias a normas internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU las considera tortura, las esterilizaciones forzosas siguen siendo legales en nuestro país y se realizan un centenar cada año.

Esterilizaciones forzosasEn relación con los de mujeres y niñas con , según la Fundación CERMI Mujeres existe una práctica de abordaje urgente debido a sus “graves e irreparables consecuencias”: las .

Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales: los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal.

El Convenio de Estambul prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como “inaceptable y con consecuencias de por vida” además de una “violación generalizada de los derechos humanos”.

Sin su consentimiento o por la fuerza, se trata de una violación de los derechos humanos. Sin embargo, en el Estado español se realizan un centenar de esterilizaciones forzosas al año: solo en 2016 se practicaron 140 procedimientos de este tipo a personas con problemas de o con discapacidad intelectual, casi en su totalidad, mujeres.

“Se dice que las esterilizaciones forzosas […] se realizan por el bien de las propias mujeres, cuando la realidad es que suponen una vulneración de los derechos humanos”

Tanto las esterilizaciones forzosas como los se basan en la creencia de la irresponsabilidad y de la incapacidad de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual de ser madres, por lo que de forma “preventiva” se les esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su embarazo.

“Se dice que las esterilizaciones forzosas o los abortos coercitivos se realizan por el bien de las propias mujeres, cuando la realidad es que suponen una vulneración de los derechos humanos”, explica el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel A. González Zapico. Según él, “desde la Confederación defendemos lo estipulado por el Convenio de Estambul y la ONU. Todas las mujeres, y por supuesto aquellas que tienen algún problema de salud mental, deben poder ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin que nadie lo haga por ellas”, añade.

Más de 1000 casos en los últimos 10 años

Según Mujeres, de 2005 a 2015 se resolvieron en los juzgados un total de 1017 expedientes de procedimientos relacionados con la esterilización. Un centenar cada año. Sin embargo, pueden ser muchos más: la falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impide conocer en detalle la situación de esta problemática en nuestro país, ya que no se especifica cuál es la resolución final de cada procedimiento, ni se desagregan los datos por sexo o edad.

En España, estas vulneraciones de derechos son legales según el artículo 156 del Código Penal y se pueden producir tras una incapacitación judicial:

“No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado,
todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil” (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

Para las afectadas, según sus propios testimonios, las esterilizaciones forzosas son “un atentado contra su propia integridad personal como mujeres” y muchas, al verse sometidas a estos procedimientos no consentidos, “sienten que le han robado su identidad femenina”, relata para la , vicepresidenta ejecutiva de la .

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008 en nuestro país, “los Estados Parte tomarán medidas efectivas a fin de asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”.

“Lo que pedimos es que las familias sean valientes y que las mujeres lo sean más, para que lo denuncien públicamente”

En el caso de las mujeres con problemas de salud mental, si bien las esterilizaciones se producen en el ámbito de las incapacidades judiciales, “también se da que, cuando quieren acceder a instituciones como hospitales de salud mental, residenciales, etc…, a la familia de la mujer (generalmente ya viene incapacitada legalmente) se le pide directamente una esterilización para acceder”, denuncia Peláez. Esto se solicita de manera informal porque “no forma parte de ningún protocolo ni requisito público”.

Pero para acabar con esta práctica, primero debe visibilizarse. “Evidentemente son prácticas fuera de la ley que implicarían una denuncia. Lo que pedimos es que las familias sean valientes y que las mujeres lo sean más, para que lo denuncien públicamente, porque si no es muy difícil cambiar una realidad de años”.
Nuestra salud, nuestros derechos

El pasado mes de marzo, con motivo del , SALUD MENTAL ESPAÑA puso en marcha la campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos con el objetivo de denunciar la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que suponen prácticas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo.

Nuestra Salud Nuestros Derechos

Estas intervenciones están muy vinculadas al estereotipo de que las mujeres con discapacidad no tienen capacidad para ser madres. “El eterno debate desde las esferas públicas en torno al aborto, supone un ejercicio de control sobre el cuerpo de las mujeres al poner en cuestión permanentemente derechos ya conquistados. Este control patriarcal adquiere unas connotaciones específicas cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con problemas de salud mental”, afirma Remedios Perogil Sabán, experta en género de SALUD MENTAL ESPAÑA y técnica del Área de Proyectos y Estudios.

Perogil explica que “cuando la condición de ser mujer se ve atravesada por otras circunstancias como tener un problema de salud mental, los mandatos de género sobre la se ven desactivados. Todos estos procesos de estigmatización donde entran en juego el género y la salud mental, originan que el control sobre sus cuerpos esté orientado hacia la negación o invisibilización de su salud sexual y capacidad reproductiva”.

En el caso de las mujeres con problemas de salud mental surgen “mitos contrapuestos muy arraigados en el ideario colectivo como son la `buena madre´ y la `loca peligrosa´” explica Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Para Muñoz, “falta concienciación, políticas, servicios y recursos adecuados para que se respete de manera efectiva el disfrute por las personas con discapacidad de sus derechos a la maternidad, paternidad y salud sexual y reproductiva”. Solo así “se propiciaría un cambio de mentalidad y se podrían diseñar y desarrollar alternativas a medidas como la esterilización forzosa o el aborto coercitivo que, todavía hoy, se presentan como respuesta a ‘necesidades terapéuticas’”.

Esterelizaciones forzosas 2
En 2018, la Confederación se sumó a la denuncia pública de la Fundación CERMI
Mujeres contra esta práctica

Un objetivo: la prohibición de las esterilizaciones forzosas
La Fundación CERMI Mujeres lleva años denunciando públicamente esta práctica. En 2017 publicó junto al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) el informe ‘Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad’, donde se aclara que este procedimiento “forma parte de un patrón más amplio de denegación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad”.

Además, el CERMI ha elaborado en mayo de este mismo año un informe alternativo ante el examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al que se someterá España este año para evaluar la situación de los derechos humanos en el Estado y en el que exige erradicar las esterilizaciones, internamientos, tratamientos y abortos forzosos por razón de discapacidad.

El Congreso de los Diputados ya instó en 2018 al Gobierno a que prohibiera esta praxis a través de una iniciativa aprobada en marzo de ese año en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Y según publicaba eldiario.es el pasado 12 de febrero, gracias a la presión del movimiento asociativo, el Gobierno ha empezado a estudiar una posible reforma del Código Penal con la vista puesta en la prohibición de las esterilizaciones sin consentimiento de las mujeres con discapacidad.

¿Será 2019 el año en que se prohíban las esterilizaciones forzosas?

Más información:  www.fundacioncermimujeres.es.

Reportaje publicado en el nº 1 de la Revista Encuentro, 2019.

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