El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y Fundación CERMI Mujeres denuncian la situación de exclusión a las que las mujeres con discapacidad se ven sometidas de manera sistemática como ciudadanas.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre, ambas entidades celebraron el pasado miércoles la Jornada ‘Derechos humanos y salud mental. Agenda política pendiente’, que ha reunido a personas expertas en salud mental para debatir sobre este tema.
La Confederación apoya las reivindicaciones planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada año el 3 de diciembre. En esta ocasión, la entidad se centra en la reforma de la Constitución Española para la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la Carta Magna.
Encuentro virtual organizado por el Comité Española de Representates de la Discapacidad (CERMI) y Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
Su majestad la Reina ha presidido este encuentro en el que también han participado otras entidades como la FAD, CERMI, Real Patronato de la Discapacidad, UNICEF, FEDER, Cruz Roja y AECC, con el objetivo de compartir conocimiento y ampliar sinergias entre entidades que favorezcan actuaciones transversales para mejorar la salud mental de la población.
Encuentro on line organizado por CERMI.
Pautas para una mejor atención y promoción.
Jornada organizada por la Fundación ONCE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que le ha trasladado su satisfacción por el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Esta modificación actualiza la terminología, desterrando la palabra `disminuidos´, y establece un nuevo artículo más amplio e integral que contempla una visión de derechos humanos.
El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, que está elaborando el Comité de Bioética del Consejo de Europa, pretende protocolarizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios, lo que supone un ataque directo a la dignidad de las personas con problemas de salud mental. Las dos entidades estatales se han puesto en contacto con distintos miembros del Gobierno de España para reclamar de forma conjunta que se opongan a este texto, que confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona, y no promueve la creación de recursos alternativos que respeten la voluntad de la persona.